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Bolaños abre une negociación para reformar las leyes de Asistencia Jurídica y de Derecho a la Defensa

El ministro de Justicia se ha reunido con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, para valorar estas dos normativas

Félix Bolaños y Victoria Ortega de acuerdo en actualizar la reforma d la Justicia Gratuita y en aprobar la Ley Orgánica de Derecho de Defensa (Imagen: E&J)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 5 min

Publicado




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Bolaños abre une negociación para reformar las leyes de Asistencia Jurídica y de Derecho a la Defensa

El ministro de Justicia se ha reunido con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, para valorar estas dos normativas

Félix Bolaños y Victoria Ortega de acuerdo en actualizar la reforma d la Justicia Gratuita y en aprobar la Ley Orgánica de Derecho de Defensa (Imagen: E&J)



“Es el momento de actualizar la Ley de Justicia Gratuita, que data de 1996 y se ha quedado obsoleta, y trabajar en una nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensas que garantice el trabajo de la abogacía y proteja la tutela judicial efectiva”. Estas fueron las primeras declaraciones de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con la presidencia del CGAE, Victoria Ortega.

En este encuentro, de algo más de una hora de duración, el nuevo titular de Justicia ha subrayado que tras las fiestas navideñas se abrirá una mesa de negociación para actualizar los baremos del Turno de Oficio, que desde hace cinco años no se mejoran.



Durante su intervención, el ministro también se ha referido a que su principal objetivo para esta legislatura es dar un gran impulso reformista a la Justicia en nuestro país y que, para llevarlo a cabo, se valdrá «del diálogo, la cooperación, la escucha y la entrega para llegar a acuerdos».

A este respecto, a pregunta de Economist & Jurist, la presidenta del CGAE se ha mostrado esperanzada de esta primera reunión y ha apuntado que la mejora debería ser notable teniendo en cuenta el IPC de los últimos años, “y que aquella propuesta de la anterior ministra Pilar Llop de una subida del 5% es bastante escasa”.



Para Ortega, es una buena disposición del Ministerio de Justicia mantener esta reunión de trabajo que ya anunció el propio Bolaños cuando compareció recientemente en la Comisión de Justicia del Congreso. “Es un momento difícil para la abogacía y urge que se aprueben los proyectos procesales que decayeron, tanto a nivel organizativo como procesal, donde aquí se habla del desarrollo de los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC) como elemento de predictibilidad antes de cualquier demanda civil”.



El ministro Bolaños también se ha mostrado satisfecho con el Real Decreto Ley aprobado recientemente, donde se desarrolla la Ley de eficiencia digital, pese a las críticas de algunos operadores jurídicos sobre su redacción global, y ha avanzado que la aplicación Horus, implantada en todo el territorio del Ministerio —Baleares, Castilla la Mancha, Castilla y León, Ceuta, Extremadura, Melilla y Región de Murcia— así como en algunas Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de justicia —como Asturias, La Rioja, Madrid— será de gran ayuda para la abogacía en su actividad diaria.

De hecho, ha comentado que dicho visor de expedientes permite al usuario conocer el estado del procedimiento en tiempo real, así como consultar los documentos y/o vistas judiciales que forman parte del procedimiento consultado. «Hace algo más de un mes se aprobaron las nuevas versiones del Visor de Expedientes Horus, LexNET y el Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). Su objetivo es mejorar la eficiencia de sus procesos internos y ofrecer un servicio más ágil y eficiente», ha destacado.

El nuevo titular de Justicia es consciente que los baremos del turno de Oficio en territorio Ministerio llevan cinco años sin actualizar. (Imagen: E&J)

Otra ley de Justicia gratuita

Sobre la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la unanimidad es total tanto en la abogacía institucional como en las principales asociaciones del turno de oficio que reclaman un marco normativo que defina un estatuto con derechos y deberes del abogado que presta este servicio público, como se indicó en el último Congreso de la Abogacía celebrado en Tarragona el pasado mes de mayo.

Según ha explicado a este medio Ángel Méndez, decano del Colegio de Abogados de Cartagena y consejero del CGAE, “urge que se llegue a un acuerdo de mejora de los baremos porque los abogados y abogadas que se dedican al turno de oficio están perdiendo mucho dinero y financiando muchos gastos. Los baremos del territorio Ministerio son muy bajos y deberían equipararse a otras CCAA”.

Desde su punto de vista, lo lógico es que «al menos se subiera ahora un 18%, se incluyeran actividades que los abogados no cobran como la defensa de las personas jurídicas y se estableciera un mecanismo de revisión actualización automática de dichos baremos».

Tal y como avanzó Economist & Jurist, la mejora del Turno de Oficio es uno de los puntos programáticos del acuerdo de investidura de PSOE y Unidas Podemos que rubricaron en aquel momento los líderes de esas formaciones políticas como son Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Sin embargo, la propuesta que planteó Pilar Llop, ministra de Justicia anterior al CGAE y asociaciones en una negociación anterior, fue solo del 5%, inasumible para todos.

Por lo que este medio ha podido saber, ahora se abre una nueva negociación para encontrar un acuerdo sobre ambas leyes. Eso puede hacer que las relaciones habituales que mantienen en los últimos dos años CGAE y Ministerio de Justicia se focalicen sobre la Justicia Gratuita y el Derecho a la Defensa a fin de encontrar los marcos legales adecuados para mejorar ese servicio público de Justicia y la propia actividad del abogado en su ejercicio que redundará en la tutela judicial efectiva del justiciable.

En cuanto a la futura Ley Orgánica de Derecho a la Defensa, hay que recordar que esta iniciativa decayó con las elecciones del pasado 23 de julio. Con anterioridad, el Consejo de Ministros celebrado el día 4 de abril de 2023 aprobaba el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Esta nueva norma busca desarrollar el derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución Española y sobre la tutela judicial efectiva.

Esta norma, una de las reivindicaciones históricas de la abogacía desde hace muchos años, en definitiva, recoge, en relación con el derecho de defensa, el catálogo de derechos que asisten a toda persona, las garantías y deberes de la asistencia jurídica prestada por los profesionales de la abogacía y las garantías institucionales para el ejercicio de la abogacía, a través de las correspondientes instituciones colegiales.

A este respecto, tanto Félix Bolaños como Victoria Ortega señalaron la necesidad de que esta normativa se apruebe a lo largo de este año. «Queremos que sea una ley pionera en su género que garantice el trabajo de los más de 250.000 abogados que hay en ejercicio y al mismo tiempo proteja al justiciable en sus derechos», apuntó Bolaños.

 

Victoria Ortega pide un esfuerzo para aprobar las leyes de eficiencia pendientes, organizativa y procesal y subraya que los baremos del turno deberían mejorarse por encima del 16%. (Imagen: E&J)

Junts y el CGPJ

A preguntas de los periodistas, Bolaños ha aprovechado para responder algunas cuestiones de actualidad. «Ha habido un mal entendido porque no ha habido ningún cambio con el real decreto. Lo que se ha hecho es recoger la jurisprudencia pacífica tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como del Supremo sobre la tramitación de las cuestiones prejudiciales que elevan jueces españoles a la justicia europea», ha explicado el ministro.En este sentido, Bolaños ha explicado que lo recogido en el decreto de eficiencia digital y procesal en este sentido «ya estaba regulado en el estatuto del TJUE y formaba parte de las recomendaciones del tribunal».

También ha señalado que se incorpora porque es un compromiso para poder recibir «los 10.000 millones de euros de fondos europeos» solicitados. «No ha habido ninguna novedad en la regulación de cuestiones prejudiciales y solo se ha adaptado la jurisprudencia española a los requisitos europeos», añadió.

En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha vuelto a insistir en que el PSOE lleva «cinco años demostrando estar dispuesto a valorar cualquier iniciativa, incluso con un verificador internacional».

«No tenemos problema porque el trabajo del Gobierno de España de colaboración con la Unión Europea se hace día a día. Lo que toca es sentarnos cuanto antes y acabar con un bloqueo que dura más de cinco años y que lo único que supone es un estropicio incalculable que estamos pagando todos», ha asegurado a modo de conclusión.

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