José Luis Ortiz: «El chiringuito financiero Herrero Brigantina incumplía los contratos de productos desviando el dinero a otros fines»

«El chiringuito financiero Herrero Brigantina incumplía los contratos de productos desviando el dinero a otros fines». Así lo afirma a Economist & Jurist el abogado José Luis Ortiz Miranda, socio-director de Bufete Ortiz, de Cádiz, quien ha presentado hoy una macroquerella ante la Audiencia Nacional (AN) contra el Grupo Herrero Brigantina, «su cerebro», Juan González Herrero, y su núcleo duro -seis personas del Consejo de Administración de las diferentes sociedades que conforman el conglomerado de Herrero Brigantina- por presunta estafa piramidal masiva, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, alzamiento de bienes y evasión de capitales.

Ortiz detalla en este diario los puntos claves de su querella, de 29 páginas.

Según explica, «se decía a los inversores que su dinero se iba a invertir en contratos de renta vitalicia United Linked de AXA, pero la aseguradora se ha desmarcado en un comunicado diciendo que ese producto nunca lo ha tenido».

Además, indica que el personal al frente de Herrero Brigantina no tenía preparación financiera. «Hemos descubierto que la vicepresidenta y directora general de producción era anteriormente recepcionista de hotel, y que la que fuera presidenta del Consejo de Administración de Pembroke and Grovesnor, perteneciente a este Grupo y que es la esposa del fundador, Juan González Herrero, era camarera en un restaurante, y su hermana, que es la directora general de operaciones, camarera de pub», indica.

También apunta que «la directora general de España del Grupo Herrero Brigantina, antes de ejercer este cargo, era vendedora de tarjetas Citibank ‘a puerta fría’, de las que van casa por casa y te abordan en la calle».

«Todos estos son los máximos responsables, ¿qué cualificación y preparación profesional tenían en materia financiera? Cero patatero», señala Ortiz, y destaca que «Juan González Herrero se buscó un círculo de tontos útiles, personas que firman lo que les pongan delante a cambio de dinero, y encima son insolventes». «Esta es la estrategia que se emplea habitualmente cuando se quiere cometer una estafa piramidal para manejar a tu núcleo duro a tu antojo y que nadie te haya preguntas incómodas», agrega.

Este abogado subraya que es «absolutamente llamativo» que «pese al volumen de la presunta estafa, pese a que desde abril de 2022 no cobra ningún inversor y pese al elevadísimo número de afectados todavía, a día de hoy, no haya una querella admitida en la Audiencia Nacional».

«¿Y cómo han conseguido este hito los presuntos delincuentes? Con mentiras, falsedades y largas cambiadas a los inversores. Les decían que la empresa estaba atravesando un momento puntual de dificultad económica y que estaban pendientes de que un fondo de inversión se asociara con ellos. Y así, con todo este tipo de artimañas dilatorias, han logrado aplazamientos voluntarios de la devolución y el reintegro de la inversión de entre 16 y 18 meses», detalla el socio-director de Bufete Ortiz.

«¿Cuándo colapsa el esquema de Ponzi? Cuando dejan de pagar a la red comercial, a principios de 2022», añade Ortiz. Según explica, «los comerciales, mientras cobraron estuvieron callados y silenciaban a sus clientes lo que estaba pasando, y cuando dejaron de beneficiarse, y no antes, fue cuando alertaron a los inversores y les recomendaron rescatar la inversión». «Desgraciadamente, para entonces y para miles de familias y pequeños ahorradores, ya era demasiado tarde», apunta Ortiz.

También asegura que «para más inri», tiene «constancia de que el grueso del dinero se ha desviado a la sociedad patrimonial colombiana Grimaldi Real States SAS, la cual posee actualmente 19 inmuebles en Medellín, Río Negro, y Antioquía, y en los cuales, según el Registro Mercantil de Colombia, aparecen Juan González Herrero y su mujer como accionistas principales».

A raíz de la decisión del magistrado Santiago Pedraz, la semana pasada, de rechazar la inhibición del Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca para que fuera la AN la encargada de investigar una denuncia sobre la comercialización de un producto financiero de inversión de Herrero Brigantina, la querella «centinela» presentada por Ortiz sobre este caso se archivó porque se había acumulado a la de Salamanca.

Este abogado pide «encarecidamente» al fiscal y al juez instructor al que le caiga este asunto que «tomen conciencia de la envergadura y magnitud del problema, y de la indefensión en la que se encuentran tantísimos ciudadanos. Y que tomen el máximo interés en la instrucción de la causa».

«Confiamos plenamente en que esta vez, al juez instructor que le toque el caso -de entre los diferentes juzgados de instrucción de la AN-, con el visto bueno de la Fiscalía, admita, sin más demora, a trámite esta querella y cite a declarar como investigado a Juan González Herrero y el resto de los miembros de los consejos de administración del conglomerado de sociedades satélites del grupo, para llegar hasta el fondo de dónde han desviado tantísimo dinero, ya que el monto total aproximado del desfalco a miles de inversores supera, según la UDEF, los 40 millones de euros. Y ese dinero no se ha volatilizado de un día para otro», concluye.

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