Connect with us
Actualidad

Fernando Portillo (FJI): «Los jueces no somos un obstáculo para la convivencia, sino quienes la garantizamos»

El presidente de Foro Judicial Independiente analiza en 'Economist & Jurist' el estado de la Justicia en España

Advierte que la Administración de Justicia va camino del colapso total y señala las medidas que, a su juicio, deberían llevarse a cabo. (Imagen: Archivo)

Rosalina Moreno

Redactora jefa




Tiempo de lectura: 8 min

Publicado




Actualidad

Fernando Portillo (FJI): «Los jueces no somos un obstáculo para la convivencia, sino quienes la garantizamos»

El presidente de Foro Judicial Independiente analiza en 'Economist & Jurist' el estado de la Justicia en España

Advierte que la Administración de Justicia va camino del colapso total y señala las medidas que, a su juicio, deberían llevarse a cabo. (Imagen: Archivo)



Fernando Portillo Rodrigo es magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla, donde sirve desde 2010, y decano de los jueces de dicha ciudad desde 2016. Cogió las riendas del Foro Judicial Independiente (FJI) hace dos años, y el pasado mes de noviembre fue reelegido en el Congreso celebrado en Santander. 

Es el juez tuitero «Judge the Zipper», y autor del libro Destripando el Derecho (La Espera de los Libros), «sobre Derecho y jueces para quienes no saben de Derecho ni de jueces», cuyos beneficios irán donados a la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (Fundela). 



Foro Judicial Independiente fue creada en octubre de 2002, cuando el asociacionismo llevaba ya 22 años funcionando. Sus pilares son «la defensa de los derechos profesionales y la desvinculación política para realizar una efectiva defensa de la independencia del Poder Judicial».

¿Qué le pide al 2024?

Lo primero, que se rebaje el nivel de tensión y presión política sobre el poder judicial. Eso es fundamental. Hemos acabado el año con unos niveles de tensión y presión como no se había visto nunca antes en democracia. 



Se está trasladando la idea de que la única legitimidad le corresponde a los partidos políticos, que pueden hacer y deshacer a su antojo y que la labor de los jueces, de alguna forma, estaría obstaculizando la convivencia de la que ellos son depositarios. Parece que los únicos democráticos son los partidos políticos, que controlan los poderes ejecutivo y legislativo, y que el poder judicial es un estorbo.

Los jueces no somos un obstáculo para la convivencia, sino quienes la garantizamos. Ya está bien de que se nos venda como lo contrario. Desarrollamos una función que es esencial en democracia para que podamos constituirnos como un Estado de Derecho. 

Mi principal deseo es que el poder político nos deje trabajar en paz y en tranquilidad, y respete al poder judicial discrepando de forma crítica y natural con las resoluciones con las que no estén conformes, pero siempre desde el respeto y de la crítica constructiva. 

«Es fundamental que en este 2024 se rebaje la tensión y presión del poder político sobre el poder judicial»

¿Le preocupa que los ciudadanos pierdan el respeto a los tribunales porque el poder político sea el primero que no los respeta?

Por supuesto. El desprestigio al que se nos somete por parte del resto de autoridades de los poderes públicos socava la confianza de los ciudadanos en el poder judicial y, por tanto, abre la vía a discursos populistas y a que llegue la ley de la selva, del más fuerte.

Los juzgados y tribunales lo que hacemos precisamente es garantizar el cumplimiento de la ley, que emana del Parlamento, y que es garantía de igualdad de todos los españoles.

El magistrado José Luis Requero afirma que el poder político «pretende que la disciplina jurídico penal se sustituya por la interpretación ideológica de las normas». ¿Qué opina de que el discurso del Rey haya levantado ampollas en algunos sectores políticos?

No doy crédito, ¿qué hay de malo en defender la Constitución, en la separación debida de poderes y el respeto que cada uno nos debemos? 

¿Cuáles son los principales retos y desafíos en materia de Justicia?

La despolitización del Consejo General del Poder Judicial sigue siendo un reto desde hace muchísimos años.

El sistema actual es contrario a la separación de poderes, a la independencia judicial y a la lucha contra la corrupción, como nos viene indicando Europa.

La postura de FJI es clara: cambiar el sistema y después renovar. ¿Qué opina de que la Comisión Europea inste a renovar y a que inmediatamente después se proceda a cambiar el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial -12 de un total de 20- para que sean los jueces directamente quienes les nombren? 

Es un error. No entendemos que Europa diga que es un sistema muy malo, pero que renovemos conforme al mismo. Además, este sistema demuestra que es inservible, como en estos cinco años ha quedado patente, puesto que lleva en sí mismo la semilla del bloqueo al depender enteramente la renovación de una negociación política. Sería como un tiro en el pie.

«El sistema actual del CGPJ es contrario a la separación de poderes, a la independencia judicial y a la lucha contra la corrupción; hay que cambiarlo y después renovar»

Si se renovara conforme a este sistema, se estaría dando una patada al problema hacia adelante y dentro de cinco años se podrá volver a repetir.

¿Cuánto tiempo podría llevar el cambio del sistema?

Dos o tres meses. Ha habido tiempo de sobra para ello y lo sigue habiendo. De hecho, es más fácil cambiar la ley que renovar, desde el punto de vista numérico y de apoyo. Las mayorías parlamentarias exigidas para cambiar la ley son menores que para renovar el Consejo. Mientras que se necesitan los dos tercios de las Cámaras para renovar, sólo con mayoría absoluta es posible cambiar la ley. No nos dejemos arrastrar por supuestas prisas, son excusas.

En caso de que se procediera a la renovación sin haber modificado previamente el sistema de elección «para despolitizar el órgano», FJI ejercerá las acciones legales que procedan, por entender que el órgano resultante, de acuerdo con la STC 108/86 y los estándares europeos de lucha contra la corrupción, separación de poderes e independencia judicial, no tendría legitimidad democrática. (Imagen: CGPJ)

¿Esta imagen del Consejo también afecta a la imagen de la carrera judicial?

Sí. Esta imagen de Consejo caducado, bloqueado, dependiente de los juegos políticos arroja una mancha de desprestigio sobre el total del poder judicial. Algunos ciudadanos creen que la anormalidad del CGPJ se traslada a todos los jueces y magistrados de este país, cuando no es así. 

Constantemente me encuentro en redes sociales con gente que cuando se habla de resoluciones judiciales sacan a relucir la falta de renovación del Consejo como si eso fuera el origen del mal, cuando no tiene nada que ver una cosa con otra. 

La falta de renovación está deslegitimando, aunque no debiera ser así si la gente supiera qué es cada cosa, pero como la gente confunde, lo primero que hace es arrojar una sombra de deslegitimación general sobre el poder judicial. 

¿Y qué opina de los calificativos de «conservadores» o «progresistas» que se ponen a los jueces? Incluso se llaman así entre los propios vocales del Consejo?

Dentro del CGPJ existen bloques ideológicos y políticos. Ellos sí pueden permitirse esas etiquetas ideológicas, que son ciertas, porque nuestro sistema de elección del Consejo está politizado. Todos sabemos cuáles son los vocales que propone el PP y cuáles el PSOE.

Estos vocales ya nacen en su ejercicio de vocales con esa etiqueta política. El problema es que se traslada después a los nombramientos que hace el Consejo, que tiene que designar, entre otros, a los magistrados del Tribunal Supremo. Y al final, el magistrado que resulta elegido queda manchado en su nombramiento por esa adscripción ideológica. Por desgracia, eso hace que sus resoluciones sean leídas en clave política a quien le interese, como ocurrió con la sentencia del ‘procés’.

Portillo, en su despacho del Juzgado. (Imagen: Archivo)

Los independentistas catalanes dicen que fue un juicio político, auspiciado por el PP. El problema es que la forma de designación de los magistrados del TS avala ese discurso victimista de independentismo catalán conforme al cual se trató de un juicio político, porque los magistrados del Supremo habían sido puestos ahí, en su mayoría, a propuesta de los vocales, que a su vez habían sido designados por el PP. 

Eso hace que las resoluciones de los jueces, esta y cualquier otra, puedan ser leídas por intereses en clave partidista. Y por muy técnicos y muy buenos juristas que hayan sido en sus resoluciones, que puedan ser intachables desde el punto de vista de la lógica técnica, pueden ser desacreditadas atendiendo a las personas que los han designado, diciendo que es un juicio político o una sentencia política.

Eso hace muchísimo daño a la confianza de los ciudadanos en el poder judicial, en sus decisiones, y en la legitimidad a un poder judicial que parece, como decía antes, que es un obstáculo para la convivencia, cuando es todo lo contrario. 

¿Qué reivindicaciones hace desde el punto de vista profesional?

Faltan jueces. Es necesario aumentar decididamente la plantilla. En España tenemos una de las más altas litigiosidades de todo nuestro entorno europeo y muy pocos jueces, estamos por debajo de la media europea. 

Y el tener muchos pleitos y pocos jueces para resolverlos produce sobrecarga en los tribunales, que lleva al retraso en la justicia y afecta a la salud de los propios operadores jurídicos, a los jueces en primer lugar, y también a la calidad de las resoluciones. Desde hace muchos años venimos advirtiendo de que la justicia está sobrecargada.

«En España tenemos una de las más altas litigiosidades de todo nuestro entorno europeo y muy pocos jueces, por debajo de la media europea»

Tenemos pocos jueces y se están produciendo muchas jubilaciones, algunas voluntarias. ¿Hay algún plan previsto?

No. Nos estamos jubilando masivamente y debido a las condiciones profesionales, cada vez más penosas, se están produciendo muchas jubilaciones voluntarias. Pero frente a este problema, que va a seguir produciéndose los siguientes años, no hay previsto ningún plan serio para atajarlo. El problema es que ya llegamos tarde incluso para diseñar el plan.

En Foro Judicial Independiente hemos calculado que dentro de tres años se pueden jubilarán cerca de mil jueces. Y dado que es necesario no sólo ya reponer los jueces, sino crear más de los que ya hay, la solución que pinta es dantesca. 

Uno de los retos es sentarse ya y llegar a un pacto que permita solventar este problema. Es sólo cuestión de voluntad. Y parece que no existe voluntad para identificar el problema y tratar de atajarlo. 

Fernando Portillo, en una reciente presentación de su libro en Sevilla junto a su compañero y amigo Francisco Hazas. Entretenimiento, conocimiento y ayuda al prójimo con «Destripando el Derecho», un libro escrito de forma llana para saber de Derecho y de jueces de forma amena y sencilla. (Imagen: Archivo)

Por cierto, ¿podría indicar los pros y contras de los juicios telemáticos, que serán la norma?

Cualquier tecnología que se ponga al servicio de la Administración de Justicia es positiva en cuanto a herramientas que podamos utilizar y que viene bien en ocasiones poder utilizar. Sin embargo, es un error convertir en regla general la presencia telemática en los juicios.

«Es un error convertir en regla general la presencia telemática en los juicios»

En las vistas funcionan una serie de principios que están en la propia Constitución Española, como es el de inmediación, esencial para que el juez pueda valorar correctamente la prueba, y el de publicidad, por el cual todos los juicios en España son públicos.

El abuso de lo telemático puede ser perjudicial para la correcta aplicación de estos principios. Desde ese punto de vista, tengo mis reservas en cuanto a la utilización masiva de lo telemático.

¿La inteligencia artificial la ve con buenos ojos? ¿Contribuirá a mejorar el trabajo de la Justicia?

Lo mismo que decía antes puede predicarse respecto a la inteligencia artificial. Sin duda, va a ser una herramienta esencial para todos los operadores jurídicos y seguramente también para los jueces, pero, como ocurre con toda tecnología, debe ser correctamente utilizada y en los momentos que proceda, y no hacer un uso abusivo de la misma, porque a la larga nos va a perjudicar.

¿Qué mejoras reclama FJI desde el punto de vista corporativo?

Que el Ministerio de Justicia dé cumplimiento a los pactos que se acordaron en mayo del año pasado con las asociaciones de jueces y fiscales, en su mayoría, que suponían poder seguir sentándonos para negociar la mejoras de nuestras condiciones profesionales, lo que motivó que desconvocáramos la huelga. 

Se alcanzó un incremento salarial, pero esto sólo era una de las mejoras que proponemos. Esperamos y deseamos que este Gobierno nuevo y recién constituido dé cumplimiento a aquello que se acordó.

«Por las condiciones profesionales, cada vez más penosas, se están produciendo muchas jubilaciones voluntarias»

¿Podría recordar brevemente las mejoras que reivindican?

Creación de plazas judiciales; actualizar los grupos de población, que están totalmente desfasados y descoordinados con la estadística de poblaciones del país; mejorar las condiciones de nuestras retribuciones variables y nuestros trienios, ya que somos los únicos miembros de la Función Pública a los que se calculan con nuestra categoría de cuando aprobamos y no se actualizan. Así, aunque sea magistrado, sigo cobrando el trienio correspondiente a juez de cuando saqué la oposición. 

Además, las guardias de jueces y magistrados están escasamente retribuidas y compensadas con descansos. 

Todas estas cuestiones quedaron pendientes de negociar y hubo el compromiso serio de seguir hablando y negociando sobre ellas. A ver si efectivamente se cumplen. 

Click para comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *