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Reportajes

Las empresas de innovación y desarrollo tecnológico tendrán que profesionalizar sus servicios jurídicos ante los retos regulatorios que se avecinan

Los despachos de abogados encuentran un nicho de mercado al asesorar a estas firmas y comprender su marco regulatorio

(Foto: E&J)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 7 min

Publicado




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Las empresas de innovación y desarrollo tecnológico tendrán que profesionalizar sus servicios jurídicos ante los retos regulatorios que se avecinan

Los despachos de abogados encuentran un nicho de mercado al asesorar a estas firmas y comprender su marco regulatorio

(Foto: E&J)



El término FinTech procedente de las palabras en inglés Finance and Technology, y hace referencia a todas aquellas actividades que impliquen el empleo de la innovación y los desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta y prestación de productos y servicios financieros. En los últimos años, pese al poco impacto de la Ley de Startups, que cumple el primer año en nuestro país, el desarrollo de empresas FinTech convierte a España en el tercero de Europa en número de entidades, detrás de Francia y Reino Unido; y quintos en inversión si se añade Alemania e Italia.

Son datos que ofrece Jaime Bofill, socio que dirige el departamento de Seguros, Reaseguros e Innovación de CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Este abogado está especializado en materia de seguros y reaseguros, así como en instituciones financieras, banca minorista, servicios de pago y en las áreas emergentes de FinTech e Insurtech.



En España el sector FinTech cuenta con más de 490 startups, donde más del 70% son origen español. Según la plataforma Ecosistema Startup, de la publicación digital El Referente, en España han nacido más de 100 fintechs nuevas en los tres últimos años (2020-2022).

Además es el sector en el que se cierran más rondas de inversión; se levantaron 454 millones de euros en 2021 en un total de 38 rondas, mientras que en 2022 se han levantado, hasta la fecha, 210 millones de euros en un total de 31 operaciones públicas.

Desde el punto de vista de Bofill “este 2024 es un año importante. A nivel legal y de cambios normativos será relevante. A final de año entra en vigor el reglamento MiCa para el universo criptoactivos y las empresas del sector financiero se preparan para el Reglamento Dora sobre la mejora de los procesos en materia de ciberseguridad”.



El jurista asegura que la aplicación de estas normas va a generar mucho trabajo a nivel de empresas y estas compañías “deberán reforzar sus equipos jurídicos para responder a este entorno normativo. También tendremos la versión definitiva de PSD3, tercera directiva en cuanto a medios de pagos, que será una revolución auténtica. Junto a ello hay que tener en cuenta la nueva directiva de crédito al consumo que en España supondrá la necesidad de licenciarse y el propio Reglamento de Ia que tendrá su versión final en el 2024”.

Para Bofill “es una aluvión auténtica de regulación que lo va a cambiar todo. Creo que este entorno normativo tiene más elementos positivos que negativos. Toda esta regulación viene de la Unión Europea. Esto debería provocar que la inversión en el sector FinTech creciera de forma notable”.

Desde su punto de vista “cuando se habla de inversión hay que diferenciar la inversión pública de la privada. A nivel público hay que criticar abiertamente a nuestras autoridades, ni el Ministerio de Economía, ni las Comunidades Autónomas, ni el Gobierno en general dan ningún tipo de ayuda a las empresas FinTech como se hace en Francia, donde Macron, primer ministro galo, está haciendo un esfuerzo por desarrollar el sector FinTech en el país vecino mejorando el acceso a la financiación pública”.

En España recuerda que no hay ayudas pese al incremento regulatorio que se avecina, sobre la Ley de Startups cree que “por desgracia no ha funcionado mucho. No hay resoluciones y el acceso a la financiación es muy complicado.  Hay que impulsarla y desburocratizarla porque realmente no está funcionando para lo que se creó. Falta agilidad para que funcione realmente como se espera”.

Respecto a la inversión privada “se espera que este año bajen los tipos de interés y que el venture capital empiece a invertir en este sector en España como lo hace en otros países europeos, como ya se hace en la Europa continental, Francia y Alemania. A priori parece que en el último trimestre del 2023 se iba a desarrollar en este año entidades que hace negocio ‘b2b’, sobre todo de soporte tecnológico a las grandes compañías”.

Jaime Bofill, en el centro de la imagen, con parte de su equipo de CMS Albiñana Suarez de Lezo expertos en seguro y en regulación FinTech (Imagen: CMS Albiñana)

Puente con Latam

En su opinión “las FinTech que van a explotar este año se van a dedicar a dar soporte a esas empresas, con programas, tecnología e inversión en ciberseguridad en este tipo de actuaciones. Con la bajada de tipos y el desarrollo de este tipo de empresas, el capital privado, a través de distintos fondos inviertan en este sector de actividad económica”.

Desde su punto de vista, “España tiene una ventaja más porque si ha conseguido en la segunda mitad del 2023 posicionarse en el sector FinTech como nexo de unión entre Europa y América Latina. Están viniendo muchas empresas latinoamericanas a Madrid para utilizar como base y expandirse en el mercado europeo”.

Este jurista fija que “en mercados como el de México, Colombia y Chile se está creando un sector FinTech muy fuerte que quiere entrar en Europa por la vía española, esperamos que en el 2024 se genere ese crecimiento importante que inversores y empresas FinTech esperan realmente”.

Desde esta perspectiva, “el mercado FinTech busca profesionales en el sector legal para crear sus propios equipos jurídicos de manera interna y apoyarse con firmas como CMS Albiñana Suárez de Lezo; Cuatrecasas, Roca Junyent o Hogan Lovells entre otros que ya cuentan con sus equipos de juristas volcados al campo tecnológico en el entorno FinTech. Es el momento clave de tener buenos equipos jurídicos”.

Bofill apunta que “entre otras cuestiones, nuestro trabajo se centra en ayudarles a gestionar su licencia para poder operar y conoce a toda la normativa que está a punto de llegar y que va a obligar a las empresas del sector a realizar un esfuerzo regulatorio importante”.

En este contexto Bofill, uno de los impulsores de la Asociación Española de Fintech (AEFI), patronal del sector, reconoce el papel de esta asociación como dinamizador de una actividad emergente.

Este jurista experto en el sector focaliza su trabajo a nivel FinTech en tres cuestiones concretas: “Hacemos servicios de pago y toda el área de retail bancario, innovación en el servicio de pago; al mismo tiempo crédito al consumo para todas las entidades que hacen lending; y por último estamos entrando en el mundo cripto, porque si se desarrolla bien MiCA será una fuente de trabajo para firmas legales como la nuestra. En Alemania ya hay despachos que tienen áreas de activos digitales exclusivamente”.

De izquierda a derecha: Jaime Bofill, socio de CMS Albiñana Suárez de Lezo; Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN; Salvador Estevan Martínez, director general de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA; y Arturo González Mac Dowell, presidente de AEFI. (Imagen: AEFI)

AEFI, papel de catalizador

Para el nuevo presidente de AEFI, Arturo González, “desde la AEFI siempre hemos apoyado la necesidad de regulación y supervisión que protejan y empoderen al sector y la creación de marcos de actuación que ocasionen nuevas oportunidades a la innovación en general y al ecosistema FinTech e Insurtech en particular”.

Así recuerda que, por ejemplo, la AEFI ha sido el actor más activo en la puesta en marcha del Sandbox Regulatorio Español, de la correcta implantación de la PSD2 o de la llegada de las Leyes Crea y Crece y la de Fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como Ley de Startups. “Así como hemos abordado temas de rabiosa actualidad, como las criptomonedas y su relación con los supervisores nacionales y supranacionales”.

Con este objetivo de llegada a los legisladores, reguladores y supervisores, la asociación ha materializado las necesidades, barreras y reivindicaciones a lo largo de 8 Libros Blancos que han sido presentados y puestos a disposición del público contribuyendo a la divulgación de nuestro ecosistema. Estos documentos analizan y muestran las realidades de los sectores de nuestro ecosistema para incidir en las capas más altas de las administraciones públicas.

Sobre la directiva de crédito al consumo, Bofill señala que “su importancia radica en que va cambiar el control de estas entidades. Hasta ahora no era necesario ni registrarse, ni licenciarse, solo cumplir con las normas de información de consumidores, con lo cual se puede comprar una SL que se dedica a dar crédito al consumo, sin estar en la supervisión del Banco de España”.

Sin embargo, “con este nuevo marco normativo cambia todo de forma notable. A partir de su entrada en vigor, entre otras cuestiones, hace falta ser supervisado, hará falta una licencia y todas las empresas que se dediquen tendrán que adaptarse a este entorno. Eso hará que se generé más control en las empresas que comercializan revolving. Junto a la posibilidad de ir a los juzgados, ahora habrá la supervisión del regulador”.

El Sanbox regulatorio fue impulsado la que fuera vicepresidenta ministra de Economía, Nadia Calviño, ahora presidenta del Banco Europeo de Inversiones (Imagen: UE)

La irrupción de la IA

Respecto a la evolución de las herramientas de inteligencia artificial (IA) en un sector cada vez más tecnológico, este jurista subraya que “sobre todo se ve una oportunidad de negocio. Si se va a regular como se va a gestionar la IA porque genera muchos riesgos, las empresas que utilicen estas herramientas de forma adecuada tendrán una preferencia respecto a las demás. Se va a utilizar en la contratación de seguros y en la gestión de servicios de pagos. Tener ese sello de buen cumplidor va a ayudar a que las FinTech contraten con las empresas del Ibex 35”.

Desde su punto de vista “será muy rentable adaptarse a la nueva normativa de IA y eso hará que se puedan prestar servicios a las grandes corporaciones, dándoles esa tranquilidad que nuestra FinTech es una empresa solvente. Es previsible que muchas empresas del sector, sobre todo las que tengan un tamaño, puedan crear esas herramientas de IA para ser más eficientes y mejorar la relación con el cliente”.

Sobre el sandbox regulatorio impulsado hace ya cinco años por la que fue vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ahora presidenta desde el 1 de enero del Banco Europeo de Inversiones (BEI), las cosas han cambiado mucho desde la primera edición.

Se nota un estancamiento. Si en la primera edición del «sandbox» se presentaron 67 proyectos, y se aceptaron 18, a la tercera solo llegaron cuatro. A la cuarta y quinta ediciones también se han presentado escasos proyectos. “Hace falta” indica Jaime Bofill “darle una vuelta al proyecto”.

“El número de proyectos sigue decayendo porque falta agilidad e inversión. Si no hay inversión pública en esto no creo que remonte. No existen funcionarios específicos para el sandbox, tampoco acceso a la financiación para empresas que acuden a este entorno desregulado. El modelo a seguir es el de Reino Unido, que realmente sigue funcionando”.

Desde su punto de vista “falta agilidad para presentar este tipo de proyectos porque la innovación es algo muy vivo. Al final la burocracia hace que las empresas puedan incluso ir a otro sandbox de otro país y eso hay que evitarlo, pero no se ha dado. Ahora mismo es Londres la ciudad clave en este tipo de herramientas desreguladas” aclara el interlocutor.

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