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Sánchez podría, con otra proposición de ley, acortar los tiempos de la instrucción penal y frenar a García-Castellón y a Aguirre

El presidente plantea volver al sistema anterior al 2020 donde las instrucciones las controlaba el fiscal, quien autorizaría las prórrogas de ciertos asuntos

Pedro Sánchez quiere que se acorten las instrucciones y frenar la actividad de jueces como García-Castellón y Aguirre (Imagen: Congreso de los Diputados)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 8 min

Publicado




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Sánchez podría, con otra proposición de ley, acortar los tiempos de la instrucción penal y frenar a García-Castellón y a Aguirre

El presidente plantea volver al sistema anterior al 2020 donde las instrucciones las controlaba el fiscal, quien autorizaría las prórrogas de ciertos asuntos

Pedro Sánchez quiere que se acorten las instrucciones y frenar la actividad de jueces como García-Castellón y Aguirre (Imagen: Congreso de los Diputados)



El Gobierno de Pedro Sánchez impulsó en 2020 un aumento de los tiempos de instrucción de sumarios judiciales -que está en vigor- que revirtió una reforma previa del Partido Popular y que ahora el jefe del Ejecutivo no descarta revertir en el marco de la polémica por la investigación del ‘caso Tsunami’.

Sánchez se refirió a esta cuestión en una entrevista este lunes en La Sexta, donde fue preguntado sobre si, en el marco de la negociación de la ley de amnistía, una opción que baraja el Ejecutivo es ofrecer a Junts acortar los tiempos de instrucción judiciales.



El presidente respondió que “en las últimas semanas” se ha constatado que hay causas judiciales “que se prolongan”, en referencia al ‘caso Tsunami’. Añadió que “hay elementos que podemos incorporar de mejora y que pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas”, en alusión en esta última parte a Junts.

Se da la circunstancia de que el PSOE promovió desde 2018, tras volver a La Moncloa, un cambio de la reforma de los tiempos de tramitación de sumarios que introdujo el PP en 2015. Se trataba de una modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que se llevó a la práctica en 2020.

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