Once meses después, los sindicatos CSIF, CCOO y STAJ se movilizan de nuevo ante la inacción del Ministerio de Justicia

Casi un año después del inicio de la huelga, el Ministerio de Justicia sigue sin ofrecer una subida retributiva para todo el personal de los cuerpos generales y especiales; sigue sin iniciar las negociaciones de la Ley de Eficiencia Organizativa (LOEO); sigue sin abordar el reconocimiento de las funciones; sin hacer ninguna propuesta de Carrera Administrativa; y sigue sin comprometerse a una verdadera negociación de las condiciones de trabajo del personal de Justicia, lo que ha generado malestar entre los sindicatos.

Las organizaciones sindicales CSIF, CCOO, STAJ, que defienden los intereses de los 45.000 funcionarios de Justicia, participarán esta semana en sendos actos de protesta contra el Ministerio de Justicia para exigir la negociación de la reforma de la Justicia y los tribunales de instancia (Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, que llega al Parlamento sin contar con el consenso sindical).

Los actos previstos son los que tendrán lugar este 20 de marzo, a las 15.30 horas. Se llevará a cabo una protesta ante la inauguración del “Foro de la Transformación Digital de la Justicia” que organiza el Ministerio con la asistencia de los operadores jurídicos y el ministro Félix Bolaños, en la Calle Bailén (Galería de las Colecciones Reales).

Y el que tendrá lugar mañana 21 de marzo, a las12.00 horas. Una concentración ante el Ministerio de Justicia (C/San Bernardo, 21), coincidiendo con la reunión de la Mesa Sectorial a la que acudirán las organizaciones sindicales pese a que no tienen una oferta económica sobre la mesa.

Los sindicatos explican que mantienen esta protesta para que el departamento de Félix Bolaños aplique una subida salarial justa para el conjunto de la plantilla de funcionarios del Estado ya que, de momento sólo está dispuesto a negociar una mejora para el ámbito no transferido. “Esa propuesta ya nos la hizo la anterior ministra Pilar Llop, antes de empezar el conflicto. Hemos vuelto al punto de partida”, apunta Alberto García, portavoz de STAJ en Madrid.

Mañana jueves 21 de marzo, esté prevista una reunión de la Mesa Sectorial pero por el momento, como señala Javier Jordán de Urríes, presidente nacional de CSIF Justicia, «no tenemos ninguna oferta salarial del Ministerio, lo que pensamos que es preocupante».

En esa reunión los sindicatos esperan que el Ministerio aborde cuestiones como las subidas salariales o las mejoras en la LOEO, así como analizar otras cuestiones planteadas de forma conjunta como son la regulación básica de la Carrera Profesional (regulada desde el año 2018 en los arts. 516 y 519 LOPJ); y la regulación básica del teletrabajo. Junto a ello también se quiere negociar el reglamento y las relaciones de puestos de trabajo de los registros civiles, así como la clarificación y reconocimiento de las funciones en las oficinas judiciales fruto del nuevo modelo de Justicia.

A juicio del presidente de ese sindicato, el Ministerio y las comunidades autónomas “deben asumir su responsabilidad dentro del  marco de la cogobernanza, que no sólo debe estar prevista para repartir fondos europeos para la compra de ordenadores, sino también para atender a las necesidades  organizativas, cambios en las funciones y reconocimiento del papel fundamental del personal de Justicia en todo este proceso, al igual que ya se ha reconocido a letrados de  la Administración de Justicia, jueces y fiscales con subidas salariales más que notables”.

Los sindicatos acusan a Bolaños de no cumplir su palabra, y que la negociación se haya roto. (Imagen: Congreso de los Diputados)

El Ministerio no es responsable

Luis Calero, secretario general de Justicia de FSC-CCOO advierte que “ni Comisiones Obreras ni el personal de Justicia daremos un paso atrás en la defensa de nuestros justos y legítimos derechos y seguimos exigiendo al Ministerio que asuma su responsabilidad para resolver de una vez por todas el conflicto que está hundiendo la Administración de Justicia, supere su clasismo y demuestre con hechos que quiere cumplir la palabra dada públicamente por el ministro Bolaños en el Congreso hace ya tres meses”.

Para los sindicatos “tras la última reunión de la Mesa de negociación, el pasado 7 marzo, CCOO, CSIF y STAJ denunciaron que el Ministerio había roto de forma unilateral las negociaciones al plantear de forma tramposa que sólo negociará una subida salarial para el ámbito no transferido en el complemento específico y que, para ello, convocaría la Mesa Delegada, probablemente el 21 de marzo.

“Posteriormente, esa actitud rupturista se vio ratificada desgraciadamente con la aprobación por el Consejo de Ministros del día 12 de marzo del anteproyecto de ley que sustituye al de la anterior LOEO sin negociación y sin ninguna información previa a las organizaciones sindicales que, a estas alturas, ni siquiera han tenido traslado de este anteproyecto”, comenta Alberto García, portavoz de STAJ en Madrid.

Según Comisiones Obreras, “el Ministerio no ha entendido nada de este conflicto y de su carácter general, pues no es solo una subida más, es el reconocimiento de la profesionalidad de todo un colectivo que se ha visto ninguneado frente a las élites de la Justicia en sus funciones, en su compromiso diario con el servicio público y discriminado también en sus retribuciones”.

Para este sindicato, está en juego la dignidad de todo un colectivo, los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia. “Si para el Ministerio es sólo cuestión de dinero, de ver cómo escatima al 93% del personal lo que ha concedido al 7% más privilegiado, debe saber que está torpedeando la modernización de la Administración de Justicia que presume querer impulsar, puesto que sin nosotros será imposible ponerla en marcha en el día a día de este servicio público”.

Por ello, tras casi un año desde el inicio de las huelgas que paralizaron la Administración de Justicia, las organizaciones sindicales señalan a Economist & Jurist que volverán las movilizaciones si el Ministerio no rectifica y asume la responsabilidad de acabar definitivamente con el conflicto mediante una negociación real y efectiva.

A juicio de los sindicatos la problemática de los tribunales de instancia es clara. Señalan que «no se basa en un análisis real de la situación de la Justicia ni del propio sentido y función de este servicio público esencial, pues parte de la base de que la Justicia es una especie de fábrica de coches, de cadena de producción, algo que cualquiera que haya estado en un juzgado se da cuenta de que es absurdo y dañino para la prestación del servicio público de Justicia».

Las organizaciones sindicales aceptaron la fórmula de negociar que les planteó Olmedo en enero, pero no ha sido útil. (Imagen: E&J)

Una reforma que no es la adecuada

Para CSIF «no ataja, sino que confirma y agrava, el problema de los cuellos de botella funcionales y del rancio corporativismo en las oficinas judiciales, que es uno de los principales problemas de la Justicia al igual que excluye y margina al personal de Justicia del diseño, implantación y organización de la oficina judicial mientras pone especial cuidado en la participación de otros colectivos profesionales».

Desde STAJ esta nueva organización de los tribunales impone un modelo que crea una gran incertidumbre sobre los destinos del personal de Justicia que podrá ser movido arbitrariamente y establece un ilegal sistema de asignar un mismo puesto a dos relaciones de puestos distintas.

Además, para los sindicatos, esta nueva organización no permite el desarrollo profesional ni la especialización del personal de Justicia, lo dificulta y lo impide, así como la movilidad voluntaria. No está claro que tres jueces van a ponerse de acuerdo en poner una sentencia, mejor que uno sólo.

CSIF indica que establece mecanismos de mediación que ya eliminaron de nuestra legislación en 1984 cuando lo conciliación obligatoria en la jurisdicción civil fracasó estrepitosamente por inútil y denuncian que supone una verdadera privatización de la Justicia que va a encarecer el derecho fundamental de acceso a la Justicia en condiciones de igualdad, tanto por el establecimiento de la mediación obligatoria como la cesión, regalo, de la  ejecución a determinadas profesiones liberales.

Por su parte, CCOO recuerda sus exigencias en estas movilizaciones: que el Ministerio de Justicia plantee ya una oferta económica sobre el Complemento General del Puesto que abarque al personal de todos los ámbitos de la Administración de Justicia; que se reconozcan profesional y retributivamente las funciones que realizan los cuerpos generales y que están legalmente asignadas a jueces/as y LAJs.

Al mismo tiempo desde esta organización sindical se pide a Justicia que paralice la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa (LOEO) hasta que no se haya producido la preceptiva negociación con los sindicatos, que debe comenzar de inmediato; que el Ministerio presente inmediatamente para su negociación una propuesta de desarrollo de la Carrera Profesional; y que el equipo del ministro Bolaños cumpla con el compromiso del secretario de Estado, Manuel Olmedo, de negociar un acuerdo de legislatura que incluya todas las condiciones de trabajo.

Los sindicatos se muestran decepcionados con el ministro Bolaños y advierten que si no cambia su talante en las negociaciones, a las concentraciones de protesta convocadas para los días 20 y 21 de marzo, las seguirán otras. Para los manifestantes, hay que presionar al Ministerio de Justicia para que rectifique y cumpla sus compromisos y obligaciones con los trabajadores y las trabajadoras, denunciando el clasismo y discriminación contra el personal de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia.