La imparcialidad del Poder Judicial y la independencia de la Fiscalía son sagradas para garantizar el Estado de Derecho, subrayan los expertos

La filtración de datos de la investigación de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, así como las conversaciones de su defensa, han puesto en el punto de mira a la Fiscalía, al ser ésta la institución que procedió a enviar esa información a los medios de comunicación. Unos hechos que no han gustado al gremio de la abogacía, que no tardó en pronunciarse al respecto, asegurando que lo ocurrido suponía una vulneración de la confidencialidad y el secreto profesional.

Es más, hace tan solo dos días, el pasado miércoles 3 de abril, se conocía que tanto el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid como el propio afectado, el novio de Isabel Díaz Ayuso, se querellarán contra la Fiscalía por dicha filtración.

En este contexto de actualidad que sacude el país, Alfonso Trallero, abogado penalista y socio director de la boutique penal que lleva su nombre, Trallero Abogados; y Javier Mata, abogado y senior partner en Andersen y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid; han analizado en un debate de Economist & Jurist, moderado por el director general del grupo, Pablo Capel, las filtraciones de la Fiscalía sobre datos concretos de comunicaciones de un letrado en el marco de un proceso de conformidad en curso.

En el debate los expertos han dado su punto de vista acerca del posicionamiento que han tenido las diferentes instituciones que se han visto afectadas ante la filtración de la Fiscalía, ya que se ha vulnerado el secreto profesional de los abogados. Al respecto, el penalista Alfonso Trallero afirma que “el Colegio de la Abogacía de Madrid ha actuado como no le ha quedado más remedio de actuar y lo ha hecho correctamente. Es decir, no podía quedarse en silencio o dejar de actuar como lo ha hecho ante unos hechos tan graves como estos”.

Respecto al comunicado del CGAE sobre este asunto, “más tibio” que el del ICAM, Trallero manifiesta que él, “como abogado, particularmente sí que hubiera agradecido un poquito más de firmeza en el comunicado del Consejo, pero estoy seguro de que si el Consejo lo ha hecho así es porque ha considerado que era lo que tenía que hacer y no podía hacer más”.

“Es evidente que esto afecta principalmente al colegio de Madrid ya que el asunto se está sustanciando en Madrid. Es lógico que sea el ICAM quien lidere esta respuesta que ha tenido que plantear ante la gravedad de los hechos. Como ya estaba el Colegio de la Abogacía de Madrid siendo firme, pues el Consejo supongo que no hacía falta que lo fuera tanto”, apunta el penalista.

Por su parte, Javier Mata aclara que el Consejo “es un órgano complicado”, pero que “el comunicado que emitió recoge, con mayor suavidad, la misma conclusión”. El letrado ha incidido en algo que a su juicio considera importante y es el ámbito competencial: “La nota informativa emana de la Fiscalía Provincial de Madrid y por tanto, quien debe liderar esa redacción es el Colegio de Abogados de Madrid”.

Mata ha aclarado, para quienes reprochan que el Colegio con dicha actuación se está posicionando políticamente, que “el ICAM no tiene ni puede tener ningún posicionamiento político. Representamos a 75.000 colegiados que tienen diferentes ideologías políticas. Por lo tanto, no nos permitiríamos jamás entrar en política. Eso es lo peor que podíamos hacer. Nosotros estamos defendiendo el pilar más importante de la profesión, que es el secreto profesional, porque es la única garantía de un ejercicio de derecho, de defensa y de la imparcialidad de los tribunales”.

El abogado insiste en que la posición del Colegio es exclusivamente la de defender el secreto profesional, “que entendemos gravemente vulnerado por la Fiscalía, incluso con posibilidad de que pueda haber sido una actuación delictiva”.

La independencia del Ministerio Fiscal

Otro importante tema que han abordado los panelistas en el debate de E&J ha sido la independencia del Ministerio Fiscal respecto al Poder Ejecutivo. Sobre esta cuestión, Trallero ha afirmado que confía en la independencia y en el buen criterio de la inmensísima mayoría de los miembros de la Carrera Fiscal que están ejerciendo.

“Sin ninguna duda confío en ellos. Son servidores públicos ejemplares que tienen muy claro cuáles son sus deberes y cuáles son sus límites”, no obstante, el penalista también ha declarado que por desgracia, no confía en absoluto en cómo está orientándose particularmente en los últimos tiempos la jerarquía de la Fiscalía española.

Trallero concreta que cuando menciona “los últimos tiempos”, se refiere a los últimos meses o años en los que el Tribunal Supremo ha declarado ilegales nombramientos de la más alta cúpula fiscal, «donde parece que se dan instrucciones contra la ley y contra los derechos de los investigados por razones políticas». «Padecemos un Gobierno que, en mi opinión, no está siendo respetuoso con la altísima función que representa la Fiscalía”, manifiesta.

Por su parte, Javier Mata afirma que “radicalmente” él sí que confía en la independencia del Ministerio Fiscal, “si no confiáramos en la imparcialidad de los jueces y en la independencia del Ministerio Fiscal, no podríamos crear el Estado de Derecho”.

Es más, el letrado y miembro de la Junta de Gobierno del ICAM ha insistido, en nombre del Colegio, que confían en que los tribunales de Justicia, ya sea el juzgado de instrucción al que le corresponda o el tribunal en el que finalmente recaiga esta denuncia, “con imparcialidad e investigue si estos hechos pueden ser delictivos y quiénes puede ser los responsables de esos hechos”.

Respecto a si la politización de las instituciones del Estado puede vulnerar la actividad profesional del gremio de la abogacía, Mata ha aclarado que “la contaminación que puede proceder de la política, al igual que ocurre con el humo, puede filtrarse por instituciones u organismos”.

A su juicio, una de las principales luchas de la democracia es el principio de separación de poderes: “Dentro del ámbito del Poder Judicial, la independencia debe ser sagrada. La Justicia tiene medios para poderse defender, pero tienen que dejarle que esos medios se utilicen en plenitud”.

Se está intentando vulnerar la separación de poderes

A juicio de Alfonso Trallero, “nuestras instituciones y legislación son sólidas para garantizar que estamos ante un Estado en donde se cumple la separación de poderes, y a los propios órganos judiciales encargados de tutelar ese mismo sistema de separación de poderes no les va a temblar el pulso en actuar conforme a sus propias normas”.

Sin embargo, para el penalista el verdadero problema radica en que “es fácil que la ciudadanía perciba que la separación de poderes no existe en la realidad”, ya que desde el Parlamento y el propio Gobierno se plantean iniciativas que van contra de este principio, “como es el caso de la ley de amnistía, donde se desautoriza al Poder Judicial de manera directa y flagrante. Son hechos muy graves que hacen que la ciudadanía, y también las autoridades europeas, teman que la separación de poderes está en riesgo”.

“Se está intentando vulnerar la separación de poderes”, afirma Trallero, sin embargo, él confía en que llegado el momento tanto el TJUE como los tribunales españoles protegerán la separación de poderes de los intentos de atentado contra la misma.

De izquierda a derecha: Alfonso Trallero, abogado penalista y socio director de la boutique penal Trallero
Abogados; Pablo Capel, director general de ‘Economist & Jurist Group’; y Javier Mata, abogado senior partner en Andersen, y diputado responsable de
Defensa de la Abogacía del ICAM. (Imagen: E&J)

Por su parte, Javier Mata ha aclarado que “el Colegio de la Abogacía de Madrid no tiene aún posicionamiento sobre la amnistía porque no existe todavía la ley”. El miembro de la Junta de Gobierno del ICAM recuerda que pese a no posicionarse aún, el Colegio sí que hizo unas manifestaciones muy firmes el pasado 9 de noviembre.

Y es que cuando se publicó el acuerdo alcanzado que hablaba de lawfare, “en ese momento, el Colegio entendió que eso era una absolutamente inadmisible y que existía la posibilidad de una invasión del Poder Ejecutivo y Legislativo en el Poder Judicial; y el ICAM  manifestó que no podía cuestionarse de ninguna manera la labor de los tribunales de Justicia que habían juzgado y sentenciado unos determinados hechos, pretendiendo que esa labor había sido de carácter político y sirviendo de ariete a determinados intereses”.