PSOE, PP, VOX, Sumar y PNV coinciden en la situación crítica de la Administración de Justicia

Cerca de siete millones de asuntos pendientes, el menor número de jueces por 100.000 habitantes de Europa, hiperregulación normativa de 105.000 normas en el 2023 y una falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lastra el nombramiento de altos cargos en tribunales, son tan solo algunos de los déficits que definen a la Justicia española, con más de 46.000 asuntos pendientes en las cinco Salas del Supremo. «La situación es insostenible y necesita un Pacto de Estado por la Justicia», indicó en este sentido Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

Las intervenciones de María Jesús Moro, por parte del PP; Joaquín Martínez, del PSOE; Enrique Santiago, portavoz de justicia de Sumar; Javier Ortega, portavoz de Vox; y Mikel Legarda, del PNV; constataron la preocupación ante la situación de la administración de Justicia en un entorno marcado por la polarización que acompaña la próxima aprobación de la Proposición de Ley de amnistía, lo que va a generar aún más enfrentamientos entre los operadores jurídicos y el propio Poder Judicial, blanco de muchas críticas.

En la presentación del debate, Eugenio Ribón, decano del ICAM —entidad que ha ido a la vanguardia a nivel colegial en cuanto a organizar eventos de debate de este tipo y a posicionarse frente a la ley de amnistía por ir contra la igualdad de los españoles y la independencia del Poder Judicial— señalaba el momento complicado que se vive “con una fragmentación parlamentaria tras las últimas elecciones que complica que se lleguen a acuerdos”.

Ribón resaltó que en los próximos días una delegación del ICAM viajará a Bruselas para mantener reuniones con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo a fin de explicar la evolución de esta normativa, ahora en el Senado en su tramitación parlamentaria. “Nosotros hemos puesto en marcha un Observatorio sobre la UE al que vamos a dar actividad”, comentó.

Desde el ICAM se sigue de cerca “el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho a la Defensa que debe reforzar la tutela judicial de los ciudadanos y garantizar el trabajo de la abogacía y de los Colegios de Abogados. Nosotros hemos presentado propuestas para mejorar el secreto profesional, impulsar el amparo colegial en el ejercicio de la profesión y en una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que recoja mejores baremos y defina un Estatuto de Derechos y Deberes de los abogados del Turno de Oficio”.

Para el decano del ICAM, el RD-Ley 6/2023 con mejoras puede ayudar a convertir el sistema judicial efectivo e innovador. “Es fundamental que los abogados sigamos conquistemos derechos y que el derecho a la conciliación sea efectivo como en otras actividades profesionales”. Sobre la introducción de los MASC y la mediación también recordó que pueden ayudar a desatascar la Justicia.

Primer plano de los asistentes: Enrique Santiago, María Jesús Moro, Joaquín Martínez, Ortega Smith y Mikel Legarda. (Imagen: ICAM)

El problema de los mutualistas

Todos los ponentes señalaron la necesidad de buscar una solución al problema de los mutualistas abogados y procuradores. Este colectivo, el próximo sábado, encabezado por el movimiento J2, realizará una manifestación en el centro de Madrid a la que acudirán afectados de toda España.

En este escenario, el propio Ribón explicó las iniciativas del ICAM para resolver esta cuestión, señalando que «actualmente, y como muchos de ustedes ya estarán informados, hemos solicitado a la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, la elaboración de un marco normativo que ofrezca al legislador español una solución jurídica y técnica».

Esta solución tiene como objetivo facilitar el tránsito voluntario de los mutualistas alternativos, especialmente aquellos que enfrentarán prestaciones de jubilación por debajo del umbral de subsistencia y dignidad, hacia el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), atenuando además el impacto fiscal de este proceso. La idea es que se mantenga el equilibrio que proteja los intereses de los miles de mutualistas que —ya sea como alternativos o no— han invertido y contribuido significativamente a la Mutualidad, superando los mínimos requeridos.

En sus intervenciones, dejaron claro la insuficiencia de la propuesta planteada el pasado mes de marzo por la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. A este respecto, según María Jesús Moro, portavoz del PP, “no es la adecuada, no soluciona el problema de los mutualistas, genera problemas a las mutualidades y puede poner en evidencia la solvencia de la Seguridad Social”.

Para Ortega Smith, portavoz de Vox, es evidente que las soluciones que se han planteado no son las más adecuadas. “Hay que ver lo de la pasarela al RETA con cierto rigor para no perjudicar a otros compañeros que hayan aportado más dinero, pero hay que hacerlo para ayudarles en su jubilación digna”.

Por su parte, Enrique Santiago (de Sumar) comentó la situación por la que pasan ya algunos abogados porque las mutualidades no han funcionado. Son pensiones escasas. Esperemos que la Comisión que se cree aborde el problema y busque la solución del colectivo con el paso voluntario al RETA a aquellos abogados y procuradores que así lo deseen. Se trata, al final, de que puedan tener unas pensiones dignas de jubilación”, apuntó.

Los grupos políticos coincidieron en el momento clave que vive el servicio público de Justicia, con sucesivas huelgas que vienen desde el año pasado paralizando los juzgados; con una renovación del CGPJ que cinco años después no se consigue; y con la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía que ha polarizado el parlamento con durísimas intervenciones de uno u otro bando.

Debate sobre Justicia en el ICAM, donde los partidos políticos coinciden en la situación crítica que atraviesa. (Imagen: E&J)

La Justicia y sus reformas

En el lado del PP, su portavoz de Justicia, María Jesús Moro, ha advertido que la sociedad va muy deprisa y que no es fácil adaptar la normativa que ahora se aprueba al entorno estructural existente con un Ministerio y varias comunidades autónomas (CC. AA.) con competencias transferidas. “Al parecer, el Gobierno impulsa la reforma del sistema público de Justicia desde tres leyes orgánicas que se quedaron por aprobar tras el adelanto electoral y necesitan mejoras”.

Desde su punto de vista, “todas las fuerzas políticas coincidimos en el diagnóstico pero no en la forma de solventarlo. La amnistía ha añadido más tensión al debate político y las prisas del Gobierno por no perder los fondos europeos podrían estropear las reformas que están en marcha porque se necesitan unos tiempos mínimos para la tramitación de esas grandes reformas”.

Por su parte, Joaquín Martínez, portavoz del PSOE en el Congreso, ha defendido las reformas y los proyectos de ley que hay en marcha. “Ya en el 2022 se hizo una reforma del reglamento de la asistencia jurídica gratuita y ahora modificaremos la Ley en su integridad”. Sobre la Ley del Derecho a la Defensa ha recordado que era necesaria: “Se trata de proteger mejor los derechos y deberes de los abogados. El nuevo artículo 15 habla de proteger mejor las comunicaciones entre abogados y sus respectivos clientes”.

Martínez cree que el criticado RDLey 6/2023 por la mayor parte de la comunidad jurídica, por su extensión e indefinición, “va a ser clave en la transformación de la Justicia, al igual que el Proyecto de Ley de Servicio Público de Justicia aprobado en Consejo de Ministros del pasado 22 de marzo, que ayudará a implantar los tribunales de instancia, como nuevo modelo organizativo, así como la mediación y los MASC. Al final, nuestro objetivo es agilizar la Justicia y proteger los derechos de los ciudadanos”.

Algunos de los asistentes que acudieron que han acudido al ICAM. (Imagen: E&J)

Una situación grave

En su turno de palabra, Ortega Smith subrayó que, en su opinión, “este era el peor momento de la Justicia en años, con una amenaza de ley de amnistía que va a vulnerar el Estado de Derecho y la independencia judicial. Se ha politizado el CGPJ, la fiscalía general del Estado, al igual que la Abogacía del Estado. La situación ha degenerado por el bipartidismo de PSOE y PP que han utilizado a la Justicia para sus intereses particulares. Así no podemos seguir porque la Justicia es muy lenta y solo tenemos 12 jueces por 100.000 habitantes frente a los 22 que hay en ese ratio en otros países de la UE”.

A su juicio, “se gasta mal el dinero, nosotros gastamos 88 euros por habitante en Justicia frente a los 66 de Europa y la descoordinación entre Ministerio y CC. AA. con competencias transferidas es evidente. Tenemos leyes procesales muy lentas y una hiperregulación de ahora 105.000 normas que a veces se contradicen. Necesitamos otro modelo de Justicia donde los doce vocales del CGPJ de extracción judicial sean elegidos por los propios jueces. Ahora con la politización del fiscal general del Estado no se puede llevar a cabo la reforma de la LECrim”.

Para Enrique Santiago, portavoz de justicia de Sumar, “por encima de algunas leyes que pueden ser o no acertadas, debemos centrarnos en los problemas del funcionamiento de la administración pública, es fundamental porque afecta a todos los ciudadanos. El CGPJ sigue sin renovarse y eso hace que las salas del Supremo, especialmente Contenciosa, Penal y Militar, tengan problemas serios para asumir su carga de trabajo. Faltan profesionales en la Justicia pero no se cuentan con los jueces sustitutos, que son el 20% de la carrera y que apenas tienen derechos”.

Para este jurista, es urgente mejorar el Turno de Oficio. «Hay que incrementar las retribuciones, garantizar un pago más rápido y proporcionar cobertura de Seguridad Social a los compañeros del turno durante las guardias y coberturas. El trabajo de los Colegios de Abogados es respetable, pero deben centrarse más en la defensa de sus colegiados que en hacer política. Al mismo tiempo, nos preocupa la pérdida de la independencia judicial con jueces en manifestaciones», ha puntualizado.

Por último, Mikel Legarda, portavoz de justicia del PNV, ha indicado en su turno de palabra que “nadie duda que nuestra Justicia pasa por un mal momento. Esperemos que las cosas no se agraven, pero asuntos como la renovación del CGPJ o la futura ley de amnistía no están ayudando a resolver los problemas existentes. En este contexto, hay que dejar algo claro y es que mientras no cambiemos las normas, hay que respetarlas, como se hace en cualquier país democrático”.

En cuanto a la administración de Justicia, recordó que el reto era lograr la mejora de cara a los ciudadanos. “Hay que mejorar la eficiencia, eficacia, la organización y los temas de personal de nuestros juzgados y tribunales en un entorno complejo donde coexiste el territorio Ministerio y las CC. AA., que deben mejorar en coordinación e interoperabilidad a corto y medio plazo. Las leyes no lo arreglan todo, necesitan medios”.