La mayoría del Consejo Fiscal se planta ante García Ortiz y elabora un informe contra la amnistía

Los vocales electos de la Asociación de Fiscales (AF) en el Consejo Fiscal se han rebelado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por negarse a que el órgano consultivo del Ministerio Público envíe informe al Senado sobre la Proposición de Ley de amnistía, cosa que hizo en dos ocasiones con el argumento de que el Consejo Fiscal no es competente para informar a la Cámara Alta. 

Ante esta situación, los seis vocales electivos de la AF, que son mayoría en el Consejo Fiscal, han redactado su propio borrador de informe, contrario a la Proposición de Ley, en el que subrayan que la amnistía supone una «intromisión ilegítima e inconstitucional del Poder Legislativo en el conjunto de atribuciones propio y exclusivo del Poder Judicial» y, por tanto, «la quiebra del principio de separación de poderes como elemento estructural del Estado de Derecho».

También advierten que «si la amnistía obedece a una pura razón de convivencia política que, de modo coyuntural, pueda beneficiar a determinados ciudadanos por el mero hecho de alcanzarse un acuerdo político (en este caso, para una investidura), la amnistía así concedida contraviene claramente el principio de igualdad ante la ley».

Asimismo, manifiestan que incumple con los principios de seguridad jurídica y supone una «desnaturalización de la ley como norma general». Y subrayan que «la inclusión de los delitos de malversación y de terrorismo convierte a la proposición de ley en un instrumento legislativo contrario al Derecho de la UE».

Además, señalan que el marco normativo internacional «establece una serie de estándares mínimos que deben ser adaptados en la legislación penal de los Estados y que no atienden a distinciones sobre una concreta finalidad ideológica o política aparentemente justificativa de tales conductas».

Jueces, fiscales y empleados públicos denunciaron el pasado 4 de abril en el Parlamento Europeo el «peligroso antecedente» de amnistiar la corrupción, entre quienes se encontraba la presidenta de la AF, Cristina Dexeus (segunda por la derecha). (Imagen: Cs)

Quieren que se debata en el Pleno del 25 de abril

Los vocales de la AF –Jorge Andújar Hernández, María Isabel Gómez López, Eva María Mas Curià, Miguel Rodríguez Marcos, Beatriz Sánchez Carreras y Roberto Valverde Megías– han pedido que el debate de este informe se incluya en el orden del día del Pleno del próximo 25 de abril. Así lo han informado en un comunicado, en el que señalan que no pueden compartir los argumentos expuestos por el fiscal general del Estado en las comunicaciones remitidas al presidente del Senado los días 25 de enero y 8 de abril.

Según exponen, el pasado 7 de diciembre, el presidente del Senado remitió al fiscal general del Estado la petición de que el Consejo Fiscal emitiera un informe en relación con la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía y la petición fue «sustraída» al conocimiento de los vocales. «No fue hasta el día 24 de enero que tuvimos conocimiento de ella, precisamente como consecuencia de la publicación en los medios de comunicación de la carta que el presidente del Senado volvió a dirigir al fiscal general del Estado el 23 de enero de  2024 indicando que, casi dos meses después, seguía sin haber recibido comunicación alguna», relatan.

A la vista de esta  información, el mismo 24 de enero los vocales de la AF remitieron un escrito a García Ortiz mostrando su «más profunda estupefacción y rechazo por el hecho de que una petición de esta naturaleza y relevancia, procedente de un órgano  constitucional, no sólo no hubiera sido atendida, sino que se hubiera sustraído al conocimiento del Consejo Fiscal durante semanas». 

Asimismo, pidieron que, de forma inmediata, se diera curso a la petición y se procediera a la designación de ponente y a la elaboración y aprobación de informe por el Pleno del Consejo Fiscal. Petición tampoco ha llegado a ser respondida, «puesto que por toda contestación, la Fiscalía General remitió una copia de la carta del fiscal general del Estado al presidente del Senado declinando su petición».

La semana pasada tuvieron conocimiento por los medios de comunicación de que el 27 de marzo de 2024 la Mesa del Senado aprobó y dirigió al fiscal general del Estado una nueva petición para que el Consejo Fiscal elaborase y remitiese al Senado un informe sobre la proposición de Ley Orgánica de amnistía. «Dados los precedentes y no habiendo sido informados de la nueva petición», los vocales de la Asociación de Fiscales mostraron ayer al fiscal general su «preocupación» a que la petición volviera a ser desatendida y  sustraída del conocimiento del Consejo Fiscal.

El fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz. (Imagen: Congreso de los Diputados)

En ese escrito, reiterando la petición formulada el 24 y el 30 de enero solicitaron que se diera curso a la petición de la Mesa del Senado, con inclusión en el orden del día del próximo Pleno de un punto específico que tenga por objeto el debate y aprobación del informe solicitado.

Los vocales de la AF denuncian que por tercera vez, las peticiones de los vocales han sido deliberadamente ignoradas por el fiscal  general del Estado y que,  por toda respuesta, han recibido de la Fiscalía General del Estado copias de las cartas remitidas  al Senado declinando las peticiones de la Cámara. 

«Nos resulta inconcebible que el fiscal general del Estado estime que las peticiones formuladas por los vocales no merezcan respuesta y, desdeñosamente, nos replique con una copia de la respuesta enviada al Senado. Pero si esta muestra de descortesía merece reproche, el mayor de los rechazos debe centrarse en la  ocultación  al Consejo Fiscal de las peticiones formuladas por el Senado, de manera que el órgano requerido sólo haya podido tener constancia de las peticiones que se le dirigían a través de la prensa», critican.

Y destacan que «el artículo 14.4.j) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) debe ser interpretado de manera conjunta y sistemática con lo dispuesto en el artículo 10 EOMF, de suerte que la intervención del Consejo Fiscal emitiendo informes sobre anteproyectos de ley no es impedimento para la emisión de informe sobre una proposición de ley a solicitud de una de las cámaras legislativas que integran la Cortes Generales, con las que existe el deber de colaboración». 

«Y ello teniendo en cuenta la evidente afectación que la Proposición de Ley Orgánica de amnistía, en caso de aprobarse, tendría en el ámbito funcional del Ministerio Fiscal, definido en los artículos 3 y 4 EOMF», por lo que no les resulta comprensible que uno de los argumentos por los que el fiscal general del Estado no haya atendido la petición de la Mesa del Senado sea que “la materia objeto  de  la proposición de ley no afecta a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal”.

Imagen del Consejo Fiscal, donde están representadas las tres asociaciones (AF, APIF y UPF), siendo la mayoritaria la AF. (Imagen: FGE)

Amnistía a cambio de la investidura

En el borrador de informe, de 160 páginas, también indican que  la Constitución «no reconoce expresamente la figura de la amnistía», por lo que entienden que «la mera aprobación de un texto legislativo de esta naturaleza por el Parlamento, al margen de toda previsión constitucional que le reconozca aquella potestad, será manifiestamente inconstitucional».

Para los vocales de la AF, el «diagnóstico de inconstitucionalidad» se ve acentuado aún más «si la decisión de amnistiar a determinadas personas no obedece a un ideal de ‘justicia’, sino a una razón de confesada necesidad coyuntural para hacer realidad una investidura gubernamental».

También subrayan que en este caso no concurre «el factor de falta de legitimidad democrática de las leyes de la dictadura, que justificó la aprobación de la amnistía preconstitucional de 1977» y que la concesión de un perdón de este tipo «requiere un contexto político-social de transición de un régimen dictatorial o autocrático a otro democrático».

Y sostienen que «no es necesaria la amnistía para alcanzar el efecto jurídico deseado», dado que consideran que éste puede obtenerse mediante la reforma del Código Penal o el indulto. Así, afirman que la medida «implica un sacrificio desproporcionado de pilares fundamentales del Estado de Derecho, para obtener un supuesto beneficio de dudosa consecución como es la «convivencia» o la «pacificación».

Jueces, fiscales y empleados públicos también han denunciado recientemente en el Parlamento Europeo el «peligroso antecedente» de amnistiar la corrupción, entre ellos la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, y han pedido ayuda a la UE en defensa del Estado de Derecho.

Como ha confirmado el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, la ley de amnistía quedará “inaplicada” hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no resuelva las cuestiones prejudiciales que le planteen los tribunales nacionales, “con independencia de lo que la legislación nacional establezca”, dada la primacía del derecho comunitario.