La ley no es igual para todos en materia de Derecho Sucesorio: Un desafío para el Gobierno de España

Si bien la ley debería ser igual para todos los ciudadanos españoles, lo cierto es que en materia de Derecho sucesorio es aplicada de distinta forma en las comunidades de nuestro país, dando como resultado disparidades entre nuestros conciudadanos. El complejo entramado y las diferencias en las regulaciones civiles y fiscales entre las distintas comunidades autónomas de España plantean un desafío fundamental para garantizar la equidad en el sistema legal y tributario del país. El Derecho sucesorio, en particular, se ve afectado por estas divergencias, lo que requiere una revisión exhaustiva por los legisladores y Gobierno de nuestro país para promover la coherencia y la justicia en este ámbito.

La sucesión testamentaria en España viene determinada por la Ley del causante, lo que significa que las normativas aplicables varían según la comunidad autónoma. Esta situación tiene como resultado un panorama legal fragmentado en el que diferentes regiones aplican distintas regulaciones, lo que genera inequidades y confusiones para los ciudadanos.

Un ejemplo son los derechos forales en el País Vasco y la Ley 5/2015 que ha introducido cambios significativos en el marco jurídico sucesorio, como la equiparación del matrimonio con la pareja de hecho a efectos sucesorios y la responsabilidad del heredero por las deudas de la herencia. Sin embargo, estas disposiciones difieren de las normativas vigentes en otras partes de España.

Además, algunas comunidades autónomas han adoptado algunos principios de libertad civil que permiten a los padres desheredar a un hijo sin mayores trámites. Si bien este enfoque puede brindar flexibilidad a los ciudadanos, también plantea interrogantes sobre la equidad y la protección de los derechos sucesorios de los herederos.

Otro aspecto relevante que cabe destacar son las disparidades fiscales en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que se establecen según la región. Si bien en algunas comunidades autónomas se ofrece una tributación más favorable, la obtención de la residencia fiscal en estas regiones puede requerir un período mínimo de permanencia, lo que limita la accesibilidad a estos beneficios fiscales.

En este contexto, es fundamental abordar estas divergencias testamentarias y fiscales para garantizar una mayor coherencia y equidad en el sistema legal y tributario español. Esto podría implicar la armonización de las regulaciones civiles y fiscales entre las comunidades autónomas, así como la revisión de los criterios de residencia fiscal para promover una mayor igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

En última instancia, la promoción de un marco legal y tributario más igualitario no solo beneficiará a los ciudadanos españoles, sino que también contribuirá a fortalecer la cohesión social y la confianza en las instituciones públicas. Es ahora el momento de abordar estos desafíos con determinación y trabajar hacia un sistema legal y tributario más justo y equitativo para todos.