El fiscal general del Estado asume la responsabilidad de la difusión de la nota sobre el caso del novio de Ayuso

El fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, ha asumido esta mañana la responsabilidad última de la difusión de la nota de prensa con datos reservados sobre la causa abierta a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental.

El FGE ha presentado esta mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un escrito respondiendo al juez que lleva la causa y que había preguntado a la Fiscalía Provincial de la Comunidad Autónoma quién había sido la persona física concreta y el máximo responsable (en rango) de la Carrera Fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir ese comunicado que desvelaba conversaciones privadas mantenidas entre la Fiscalía y el abogado de Alberto González.

En el escrito presentado hoy García Ortiz también afirma que el TSJ de Madrid carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la citada nota, ya que su publicación no se hubiera producido sin su previa autorización e instrucciones «expresas y directas». Por ello, pide elevar la causa al Tribunal Supremo.

«La nota se emitió “para poner fin a un bulo y amparar a un compañero»

Cabe recordar que ésta no es la primera que el fiscal general del Estado asume la responsabilidad última de esa nota de prensa sobre el caso de la pareja de la presidenta madrileña. Ya fue el pasado 15 de abril cuando García Ortiz asumió la responsabilidad del comunicado en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía.

Esta declaración, que se dirigía a zanjar especulaciones sobre su “notoria e imprescindible participación en la emisión de la nota de prensa”, ya fue aportada a la causa que se sigue en el TSJM por el fiscal superior encargado del procedimiento. Con esa declaración y el escrito presentado hoy, García Ortiz trata de proteger a los fiscales de Madrid y a la Fiscalía en su conjunto.

Álvaro García Ortiz (Foto: Congreso de los Diputados)

El FGE reitera que la nota se emitió “para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal” y para cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía. Asimismo, recuerda que la citada nota no añade nada que no se hubiera publicado previamente en diversos medios, en algunos casos citando fuentes cercanas a la persona investigada.

A juicio del fiscal general resulta “cuando menos sorprendente” que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos. Como consta en el escrito remitido al TSJM, es un hecho cierto que en aquellos momentos los correos electrónicos que el letrado de la persona investigada había enviado a la dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid “circulaban ya —sin contención alguna— por las redacciones de varios medios de comunicación”.

“Cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su jefatura provincial o autonómica por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal, cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador, es algo que como fiscal general del estado —cúspide de un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que tiene como misión la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público (art. 124.1 CE)— no puedo consentir ni tolerar”, asegura García Ortiz en su escrito.