Este jueves el TJUE resolverá una cuestión prejudicial clave para el futuro de miles de interinos en fraude de ley en nuestro país

Cuatro meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolviera las cuestiones prejudiciales de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid en aquella sentencia del 22 de febrero, abriendo la puerta a la fijeza, el Tribunal de Luxemburgo volverá a resolver las dos cuestiones prejudiciales planteadas hace un par de años por el magistrado Federico Vidal, titular en aquel entonces del Juzgado de lo Contencioso número 17, hoy jubilado, sobre tres funcionarias interinas.

En estos cuatro meses que van de un fallo a otro, la dispersión de nuestros tribunales ha sido notable en cuanto al desenlace de sus sentencias. Hacer un mapa de la fijeza uniforme es imposible. Ahora, junto al reconocimiento de fijeza y desestimaciones, se abre otra peligrosa vía: las suspensiones judiciales. El TSJ de Galicia anunció que suspendía 400 asuntos a la espera de resolver su cuestión prejudicial planteada hace un año.

A la vez, mientras que el TSJ de Madrid resolvía las cuestiones prejudiciales tras la citada sentencia del TJUE de 22 de febrero, con un fallo en el que apelaba a mantener la figura del indefinido no fijo y al papel de los inspectores de trabajo y una reforma legislativa, con otros tres votos particulares, el anuncio de la cuestión prejudicial del Supremo, el pasado 4 de marzo, enviada a Bruselas el 30 de mayo, lo cambió todo.

Según expertos consultados por Economist & Jurist, esa cuestión prejudicial planteada por la Sala Social del Supremo, tras una accidentada sentencia en la que un obiter dictum despertó las alarmas entre el temporal en abuso, además de estar fuera de tiempo porque en junio el TJUE volvía a fallar, era más una propuesta alternativa a las tesis del TJUE que un planteamiento de una duda jurídica al Tribunal de Luxemburgo.

En dicha prejudicial, los magistrados de la Sala Social se decantaban por una indemnización similar a la del despido improcedente y casi venían a cerrar la vía de la fijeza por entender que los principios de acceso a la función pública de igualdad, mérito y capacidad impiden la fijeza a los profesionales en abuso que no hayan pasado por esa oposición. Una tesis similar mantiene la Sala Tercera del Supremo, con la salvedad de que estos magistrados no ven sanción para el abuso de estos profesionales en fraude.

El fallo que conoceremos mañana es importante porque llega en un momento de mucha tensión e incertidumbre. Los jueces parecen seguir las tesis ahora del Supremo tras esa cuestión prejudicial, mientras que los profesionales en fraude hablan de prevaricación y estudian demandar en Bruselas esta situación que no acaba de resolverse, con el agravio para los profesionales en fraude por encima de los cincuenta años y con dificultades para encontrar otro trabajo en caso de cese.

El colectivo de interinos, que estará pendiente de esta sentencia que puede ser clave en sus reclamaciones, anuncia ya movilizaciones. (Imagen: E&J)

Mucha incertidumbre

En este escenario, juristas como Javier Arauz, en declaraciones a Economist & Jurist, cuya cuestión prejudicial se ha convertido en una de las planteadas por el juez Vidal (la otra fue planteada por Salellas Abogados), creen que este fallo judicial inminente podría ser clave para el futuro de ese millón de profesionales en fraude de ley en nuestras administraciones públicas.

Este abogado mostraba en esa entrevista su confianza en que, en esta ocasión, el TJUE iba a ser mucho más claro en sus argumentos y en su forma de expresarlos, con el objetivo de mandar un mensaje más claro a nuestros jueces, poco partidarios de saltarse los cánones de acceso a la función pública. Habrá que ver si, como nos afirmaba, el TJUE es más claro que en otras ocasiones y marca el camino a nuestros jueces de manera más contundente.

Hace dos años, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar al magistrado Federico Vidal, indicaba que “la solución al problema de los interinos pasa por su regularización masiva, a través de un proceso selectivo, para hacerlos fijos. Porque la Ley 20/2021 de reforma de la temporalidad no va a arreglar la problemática existente”. Al mismo tiempo, indicaba que la ley no fija sanción para el abuso y que ese abuso lo sufren miles de interinos con años encadenando contratos temporales.

Sin embargo, fuentes cercanas al Tribunal Supremo explican a este diario que habrá pocas novedades prácticas cuando se conozca el fallo del TJUE mañana jueves, poco antes de las 11.00 horas de la mañana. Avisan que hay un conflicto entre la legislación nacional y los citados principios constitucionales con la jurisprudencia comunitaria, conflicto que, pese a lo que ha dicho el TJUE de que la norma nacional debe adaptarse a la Directiva 1999/70, la realidad está siendo otra por el momento.

Precisamente, es el propio Javier Arauz, abogado del Estado en excedencia, volcado en la última década a la defensa de este colectivo, gestionando miles de pleitos en toda España, quien ha convocado en la tarde del mismo jueves a los periodistas que cubrimos estos temas a una rueda de prensa para analizar esa sentencia.

En dicha reunión no faltarán representantes de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, que aglutina a asociaciones de afectados de todas las comunidades autónomas y ayuntamientos del país. La expectación es máxima, y esta sentencia del TJUE puede dar un impulso a la situación de estos profesionales, la mayor parte de ellos en procesos de estabilización de la ley 20/21 organizados por todas las administraciones para reducir la temporalidad al 8% antes del 31 de diciembre de este año.

Javier Arauz, abogado que defiende a este colectivo y uno de los instigadores de esta cuestión prejudicial, cree que la sentencia de mañana será importante. (Imagen: Cesión propia)

El TJUE debe ser más contundente

Lo que sí está claro es que el TJUE tendrá de nuevo la oportunidad de matizar su doctrina y aclarar su respuesta: si hay que hacer fijos a los interinos que encadenan contratos de forma abusiva en el tiempo. Y, sobre todo, se espera que ofrezca alguna solución al problema existente en el que la legislación nacional española establece unas formas garantistas y únicas de acceso a la fijeza, y el Tribunal de Luxemburgo podría abrirse a la fijeza en caso de que no hubiese otra forma de sancionar el abuso.

Habrá que ver cómo impacta esta nueva resolución en la cuestión prejudicial de la Sala Social del Supremo y qué efectos tendrá en la vía contenciosa, porque las dos prejudiciales parten del Juzgado de lo Contencioso 17 de Barcelona, sobre el caso de tres funcionarias interinas en fraude de ley al encadenar distintos contratos temporales de manera sucesiva en el departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, de cara a que les reconozcan sus derechos como funcionarias de carrera.

El juzgado indica que las trabajadoras han ejercido funciones idénticas a las de los funcionarios que se hallan en una situación comparable y, por tanto, han respondido a necesidades que no son temporales, urgentes y excepcionales, sino ordinarias, duraderas y permanentes.

Por ello, pregunta al Tribunal de Luxemburgo si, en esta situación, sin existir medidas claras contra el abuso, se pueden declarar indefinidas. Ahora el TJUE tendrá la última palabra y luego veremos cómo el propio juzgado, con otra magistrada al frente, afronta dicha resolución judicial.

Que el fallo judicial vaya a generar un efecto dominó en la jurisdicción contencioso-administrativa, donde menos avances judiciales ha tenido el colectivo de interinos en fraude, aún está por ver en los próximos meses. Mañana saldremos de dudas sobre hacia dónde va el futuro de los miles de profesionales en fraude de ley en nuestro país y qué efecto puede generar tanto en nuestros tribunales de justicia como en las propias administraciones.