El Pleno del Senado aprueba la propuesta del PP de la exención fiscal a las víctimas de la talidomida con el único rechazo del PSOE

La pesadilla está a punto de desaparecer. El Senado ha aprobado este miércoles la toma en consideración de una proposición de ley para eximir del pago del IRPF a los ciudadanos que reciben ayudas por la talidomida: la iniciativa va ahora al Congreso y tendrá que hacer todo el recorrido parlamentario.

La propuesta legislativa es del PP y ha recibido el apoyo de los socios del Gobierno (PNV o Junts) y el «no» del PSOE, que se ha quedado solo nuevamente en una votación.

En total, la propuesta ha recibido el apoyo de 171 senadores. El texto pide cambiar la ley aprobada el pasado año, por la que se regularon las ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1950-1985 y que prevé una subvención de 12.000 euros por cada grado de discapacidad que tenga un afectado como consecuencia del fármaco.

En su defensa de la iniciativa, el senador popular Enrique Ruiz ha recordado que la talidomida afectó, según las estimaciones, a entre 1.500 y 3.000 personas y ha opinado que es necesario impulsar esta exención fiscal.

«No eximir fiscalmente la ayuda supone que, en gran medida, esta pierda su razón de ser y, además, es una discriminación manifiesta con respecto a afectados por otros daños en España», ha opinado.

En declaraciones a Economist & Jurist, explicaba que «las ayudas nunca han estado exentas de polémica, sobre todo en lo que se refiere a su tributación. No eximir fiscalmente la ayuda supone en gran medida que esta pierda su razón de ser.  Casi parecería que el Ministerio de Hacienda fuese también beneficiario de estas ayudas. Además, tenemos antecedentes similares de otros afectados, como, por ejemplo, por el virus de la hepatitis Co el virus del VIH, que sí están exentos de tributar por las ayudas percibidas».

Ruiz subraya que “en mi intervención he explicado que en el resto de los países de nuestro entorno, en todos ellos, se han reconocido estas exenciones fiscales para los afectados por la talidomida. Y, precisamente, a esta razón obedece esta iniciativa legislativa, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, con la que únicamente pretendemos dar voz a la reclamación de los afectados por la talidomida en España. Es de justicia, pero frente a esta iniciativa nos encontramos una vez más con los obstáculos y las trabas que pone el Gobierno de España”.

Contundente resultado en el marcador del Senado: 171 a favor y los 90 senadores del PSOE en contra. (IMAGEN: Senado)

Este dirigente popular comentaba que “da lo mismo que hablemos de pacientes de ELA que de afectados por la talidomida. El Gobierno siempre mira para otro lado cuando se trata de resolver problemas que afectan directa y personalmente a quienes más lo necesitan, precisamente, como en este caso, a los pacientes más vulnerables”.

Los datos del PSOE no son correctos

Sobre esta cuestión nos indicaba que “buena prueba de ello es el informe remitido a la Mesa de esta Cámara por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, donde se opone a la tramitación de esta proposición de ley que traemos hoy a debate, argumentando que afectaría al presente ejercicio presupuestario”.

Tal y como comentó en su exposición en la Cámara Alta, “todo lo que argumenta el Gobierno es falso. En primer lugar, porque, en todo caso, tendría repercusión sobre ejercicios fiscales futuros. Además, el propio informe de impacto económico que acompañaba al Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, por el que se regulaba el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida, reconocía la existencia de un crédito suficiente de 132 millones de euros sin retenciones y, además, sin afectar a la financiación de las comunidades autónomas”.

Ruiz recuerda que “no hay que olvidar tampoco que la Comisión Europea ya informó en el año 2019 a la entonces ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, de la disponibilidad en esos momentos de fondos europeos para poder indemnizar a las víctimas de la talidomida, fondos que, por cierto, nunca fueron solicitados”.

Al mismo tiempo señala que “habría que añadir la proposición no de ley, que se aprobó también por unanimidad en el Congreso de los Diputados en el año 2016 y sí que contenía las exenciones fiscales pertinentes para todas estas ayudas. Es evidente que en esto también el Gobierno de Sánchez ha cambiado de opinión y, como en otras tantas ocasiones, en perjuicio de la ciudadanía”.

Enrique Ruiz concluyó su intervención destacando que “tenemos la oportunidad de promover que se repare a las víctimas y a los afectados de la talidomida, corrigiendo arbitrariedades y negligencias por parte del Gobierno de España, algo que, desde luego, debería ser una obligación absoluta para todos nosotros”.

Se han mostrado a favor en su turno de intervenciones el senador del Vox Fernando Carbonell, que ha pedido «conseguir más» para resarcir a las víctimas; o la del PNV, Dolores Etxano, que ha avanzado que la hacienda vasca «tendrá que abordar» el tema.

También han apoyado la propuesta el senador de Junts, Joan Bagué, que ha considerado que sin esa exención «se pierde la razón de ser de la ayuda» y el de ERC Héctor Sánchez, que ha apuntado a que estas ayudas dan «dignidad» a las víctimas.

PSOE contra los más vulnerables

Por su parte, el senador socialista Mario Soler ha afeado al PP que reclame la exención fiscal de unas ayudas que, ha subrayado, fueron aprobadas por el Ejecutivo socialista, porque cuando gobernó «no quiso subsanar esta injusticia».

Soler ha defendido que «todos» deben contribuir en el pago del IRPF y ha recordado que sin la recaudación de impuestos «no existiría esta ayuda». Además, ha apostillado que esta subvención se articuló con el pago del IRPF «como el resto de ayudas» y ha señalado que el importe es alto, de hasta 396.000 euros para víctimas con el 33 % de discapacidad, precisamente por el pago de ese impuesto.

Ante esta postura socialista, la portavoz del PP, Rosa Romero, ha denunciado «un nuevo revés para los afectados» por parte de un Gobierno que, a su juicio, queda retratado» y «no tiene límite». «Solo se preocupan de aprobar la ley de amnistía«, ha lamentado Romero, quien se ha preguntado: «¿Cuánto cuesta el contrato de Broncano para la Televisión Española?».

Intervención de Enrique Ruiz, senador popular que ha defendido de forma brillante la exención fiscal de las ayudas a la talidomida. (IMAGEN: Senado)

La dirigente popular incide en que los afectados se han encontrado con retenciones de hasta un 43% del importe de las ayudas. En palabras de la senadora Romero, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, “les pega un sablazo fiscal” y ahora, “les da un nuevo revés al presentar un veto a nuestra propuesta”, argumentando que se produciría una disminución en la capacidad presupuestaria de 20 millones de euros, “cuando sólo el contrato de Broncano es de 28 millones de euros”, apunta.

“Se les tendría que caer la cara de vergüenza”, exclama la senadora popular dirigiéndose a la bancada socialista, para recordar que el Gobierno de Sánchez es “un Gobierno sin alma, que fríe a impuestos a los ciudadanos, los empresarios, los pensionistas y, ahora también a los afectados por la talidomida, para poder compensar a los que les chantajean para seguir en la Moncloa”.

Varapalo al Gobierno

Fuentes del PP explicaban a este medio el «varapalo» para el PSOE al recordar que «los socios de Gobierno de Sánchez le han abandonado«. «Varapalo para Sánchez de sus propios socios, que si mantienen la coherencia de su voto en el Congreso, esta Ley Feijóo saldría adelante con el apoyo de toda la Cámara, menos el PSOE», apuntan fuentes populares.

No obstante, lo que ocurre es que las leyes llegan luego al Congreso y la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa permite bloquear la tramitación de las iniciativas del PP.

«El PSOE, con su voto en contra a esta Ley Feijoo para la exención fiscal en las ayudas para afectados por la talidomida, demuestra su intención de seguir haciendo caja a costa de los más vulnerables«, añaden las mismas fuentes.

La talidomida fue un fármaco que se comercializó en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado como calmante de las náuseas en los primeros meses de embarazo y que provocó miles de casos de malformaciones en los fetos.

La principal malformación fue la focomelia, una anomalía congénita caracterizada por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades.

Tras aprobar el pleno del Senado, esta toma en consideración de la proposición de ley, se remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación, donde, si es aprobada, volverá al Senado para su aprobación definitiva.