La asociación judicial JJpD exige la dimisión del presidente y de los veinte vocales del CGPJ

El 38º Congreso de la asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), celebrado en Vigo del 12 al 14 de junio, ha concluido con un llamamiento a la dimisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la aprobación de medidas para mejorar la administración de justicia y la garantía de derechos fundamentales, y la renovación del Secretariado de la asociación.

El evento, que contó con la participación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reunió a un centenar de participantes en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo. En la apertura del congreso estuvieron presentes Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia; Abel Caballero, alcalde de Vigo; José María Gómez Díaz-Castroverde, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia; y la delegada de la Xunta de Galicia, entre otros representantes y patrocinadores de diversas asociaciones judiciales, fiscales y de letrados de la Administración de Justicia.

Tras aprobar la gestión del Secretariado saliente, se debatió un programa para las elecciones a la Sala de Gobierno previstas para el otoño de 2024, en el que JJpD centrará su mensaje en la reivindicación de una carga de trabajo razonable para los tribunales que permita garantizar la salud de la judicatura y atender con la dedicación necesaria cada demanda de tutela judicial efectiva.

Uno de los acuerdos más destacados fue la solicitud de dimisión del CGPJ. Los participantes afirmaron que “en una democracia constitucional, la legitimidad de ejercicio de los cargos opera exclusivamente cuando y mientras se produce en el marco de las reglas”. Denunciaron que los “vocales insumisos” y la institución en sí operan desde hace más de un lustro al margen de estas reglas.

El congreso también reclamó la unificación de las categorías de magistrado y juez, dado que ambas funciones se ejercen indistintamente desde la formación en la Escuela Judicial. Asimismo, se exigió la puesta en marcha de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la Infancia, previstos en las leyes de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia y de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

La Asociación Europea de Abogados (AEA) reclama la renovación del CGPJ, que ahora preside Vicente Guilarte, durante la jornada de Jueces Decanos de Jerez. (Imagen: Poder Judicial)

Respecto a los recursos, se solicitó formación sobre los riesgos y posibilidades del uso de inteligencia artificial y la creación de una aplicación sin sesgos por parte del CGPJ. También se plantearon mejoras en el acceso a la judicatura, incluyendo la introducción de un caso práctico y la reducción de la duración de la fase teórica en la Escuela Judicial, en beneficio de la práctica en los juzgados.

Resoluciones sobre derechos y nuevo Secretariado

En el ámbito de los derechos, se aprobaron resoluciones que reclaman la regulación legal de los pisos turísticos, la extensión de la tutela de los arrendamientos urbanos al alquiler de habitaciones y la supresión de la exigencia de que los créditos cedidos masivamente sean “litigiosos”, para facilitar que el deudor pueda liberarse abonando el precio satisfecho por esos créditos.

En el ámbito social, se solicitó la reforma de la legislación para igualar la situación de las familias monoparentales y se instó al poder legislativo a adecuar la norma para resolver las desigualdades entre empleados públicos. En cuanto a los derechos humanos, se reclamó un alto el fuego inmediato en Palestina y se impulsó la tramitación del Anteproyecto de Ley para la evaluación de la edad, con el objetivo de garantizar un adecuado marco de protección.

Finalmente, se renovó el Secretariado, resultando designadas para los próximos dos años Prado Escoda Merino, magistrada de la Audiencia Provincial de Tarragona y Belén Herruzo Tomás, jueza de lo Social de Madrid, como nuevas incorporaciones.

Repiten mandato Begoña García Meléndez, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana; Pedro Herrera Puente, magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas; Edmundo Rodríguez Achútegui, de la Audiencia Provincial de Bilbao; Concepción Roig Angosto, de la Audiencia Provincial de Murcia; Benjamín Sánchez Hernández, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Madrid; y Juan Vacas Larraz y Diego Gutiérrez Alonso, magistrados de primera instancia en Zaragoza.