Función Pública y CC. AA. esperan los próximos fallos judiciales en nuestro país para definir si se modifica estrategia de temporalidad

Mientras el sindicato mayoritario CSIF explicaba a los periodistas por boca de su presidente, Miguel Borra, las acciones a seguir para mejorar la función pública y el salario de estos profesionales pidiendo una reunión al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, para conocer la interpretación que hace el Gobierno de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Función Pública convocaba la Comisión de Coordinación del Empleo Público para analizar dicha sentencia de 13 marzo.

Sobre la reunión citada, poco ha trascendido a los medios de comunicación. La secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, ha presidido este lunes la Comisión de Coordinación del Empleo Público, en la que han participado representantes de las comunidades autónomas (CC. AA.) y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En dicha reunión telemática se ha analizado la reciente sentencia del TJUE sobre los interinos, donde se habla de que la Ley 20/2021 y los procesos de estabilización no son sanción para el abuso y el TJUE abre la puerta a indemnizaciones disuasorias. El coste de dichas indemnizaciones en un colectivo superior al millón de afectados podría suponer un grave varapalo para las arcas públicas de CC. AA. y entidades locales.

En esta jornada de trabajo de este lunes, la Comisión de Coordinación del Empleo Público ha valorado las medidas que se van adoptando para reducir la temporalidad en el sector público español. Estas medidas se están implementando de forma desigual, lo que está generando que haya CC. AA. con mucho personal estabilizado, como Cataluña; y otras, como Madrid, las dos Castillas y Aragón, con mucho trabajo por hacer.

Por el momento, se espera con cierta ansiedad cómo van a reaccionar los tribunales laborales y, especialmente, el contencioso ante esta cuestión prejudicial del TJUE con fecha 13 de junio, donde parece que la fijeza es más complicada de lograr por chocar con la normativa nacional, pero, sin embargo, se abre la puerta a indemnizaciones importantes para los trabajadores que hayan estado en abuso y cesen en su destino.

Los interinos preparan nuevas movilizaciones hoy en Madrid frente a la sede del Parlamento Europeo. (Imagen: E&J)

La sentencia europea, que ahora tendrá que aplicar el magistrado sustituto Benjamín Górriz del Juzgado 17 Contencioso de Barcelona, daba respuesta a la petición de tres trabajadoras interinas de la Generalitat de Cataluña, cuya plaza quedó ocupada por un funcionario de carrera. Alegaban que su trabajo no respondía a necesidades temporales, urgentes y excepcionales, sino ordinarias, duraderas y permanentes, algo que consideran abusivo por parte de la administración, y solicitaban que su contrato temporal de larga duración se transformara en indefinido.

También pedían una compensación económica de 18.000 euros o de una cantidad apropiada como sanción por el recurso abusivo a sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada del que alegaron haber sido víctimas, algo que la Administración negó argumentando que prácticamente cada año se celebraron convocatorias de acceso a las plazas ocupadas por las trabajadoras.

Este martes, 18 de junio, el sindicato organiza un debate para analizar las consecuencias jurídicas de la citada sentencia del 13 de junio del TJUE. A él están invitados Federico Vidal, juez jubilado del Juzgado número 17 de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona, que redactó y elevó las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en concreto los casos C-331/22 y C-332/22, por las dudas suscitadas sobre la Directiva 99/70 y el abuso de temporalidad en el sector público.

Al mismo tiempo, confirmaron su asistencia Benet Salellas, letrado que representa el caso C-331/22 y ejerce como abogado desde julio de 2003. Ha participado en cientos de procesos por todo tipo de delitos, ya sea como defensor o acusador, algunos de ellos de mucha complejidad, tanto en los tribunales ordinarios como en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

También asistirá Gerardo Pérez, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna. Es además abogado y profesor del Máster de la Abogacía de la Universidad de La Laguna. Junto a él, Beatriz González, letrada pionera en la defensa de los derechos de los empleados públicos en el ámbito europeo desde el año 2012, será otra de las ponentes en este debate sobre la última sentencia del TJUE, que está generando tanta polémica debido a la coletilla contra legem incluida al final de la misma.

Miguel Borra y Francisco Lama, dirigentes de CSIF, creen que hay que sancionar a las administraciones que retrasen los procesos de estabilización. (Imagen: E&J)

La organización también advierte que participarán eurodiputados desde Bruselas vía Zoom, así como algunos diputados de nuestro parlamento, aunque no han podido confirmar la identidad de los mismos. Además, se contará con la presencia de un representante del TJUE, quien explicará técnicamente los procedimientos de la Justicia europea y responderá a una serie de cuestiones que le serán planteadas.

CSIF se moviliza ya

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado una protesta en Madrid frente al Ministerio de Hacienda para el próximo 27 de junio. Esta manifestación se sumará a la que está prevista para el 20 de junio frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. El objetivo es exigir al Gobierno que «reaccione de una vez y salga de la parálisis», según ha anunciado el presidente del sindicato, Miguel Borra.

CSIF denuncia que existe una necesidad «urgente» de personal en las administraciones públicas, ya que más de la mitad de la plantilla se jubilará en los próximos diez años. Estas jubilaciones se sumarán a las 47.000 plazas que actualmente están sin cubrir debido a los retrasos en los procesos selectivos.

Desde la organización exigen la eliminación inmediata de la tasa de reposición y anuncian que llevarán a los tribunales a las administraciones que superen el 8% de temporalidad. Además, el sindicato pide la implementación completa de las 35 horas semanales y la creación de una normativa específica para los trabajadores públicos.

Durante la rueda de prensa, también se discutió la situación de los empleados públicos interinos en fraude de ley tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El tribunal indicó que convertir a estos trabajadores en indefinidos podría ser una solución válida para resarcir el daño causado por el abuso de la temporalidad. CSIF considera que esta decisión supone un nuevo «tirón de orejas» a la Administración y que la solución debe pasar por eliminar las tasas de reposición, las cuales limitan la contratación de empleados públicos a un porcentaje de las bajas que se producen.

CSIF anuncia movilizaciones a finales de junio ante la falta de poder adquisitivo de los funcionarios. Se les debe ya un 9,2% de subida. (Imagen: E&J)

El sindicato también reclama la agilización de los procesos selectivos y amenaza con llevar a los tribunales a las administraciones que no cumplan con los plazos fijados. En particular, piden la modificación del TREBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) para incluir aspectos fundamentales como la homogeneización de la promoción interna, la indemnización por residencia, la aportación a planes de pensiones, la regulación de la jubilación parcial, la consideración de las lenguas cooficiales como mérito, y la excepcionalidad de la condena en costas procesales en la defensa de sus derechos laborales.

CSIF denuncia además que la temporalidad en el sector público sigue superando el 30% y que decenas de miles de plazas en la Administración General del Estado están sin cubrir debido a retrasos en los procesos selectivos, algunos de los cuales se remontan a la convocatoria de 2020.

«Se tienen que afrontar todas las reformas pendientes y debe haber sanciones reales para las administraciones y administradores que incumplan», ha comentado Borra. Asimismo, ha pedido que se realice de manera inmediata la subida salarial pactada para este año, argumentando que los trabajadores públicos han perdido un 9% de poder adquisitivo en los últimos dos años.

Borra ha señalado que el Gobierno, al no ser capaz de elaborar unos Presupuestos Generales del Estado, debería implementar la subida salarial por decreto, tal como lo hizo el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante su primera legislatura. Además, ha advertido que, de no cumplirse los pactos, habrá «más movilizaciones» después del verano.

Finalmente, Borra ha solicitado una «reunión inmediata» con el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, José Luis Escrivá.