Tomás Ramón Fernández, catedrático de derecho administrativo: “No creo que Puigdemont regrese a España”

En la celebración de los Premios Puñetas, entregados por la Asociación de Comunicadores Jurídicos (ACIJUR), donde también fue galardonada la trayectoria profesional de Lourdes Arastey, magistrada española en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la voz de Tomás Ramón Fernández, catedrático de derecho administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los premiados por su carrera profesional, fue clara sobre la amnistía: “Vivimos un momento difícil porque el poder ejecutivo en nuestro país está arrinconando el Estado de Derecho y ahora parece que va a por los jueces”, comentó.

Días después, nos recibe en su despacho familiar de TR&JR Fernández, ubicado en el madrileño barrio de Salamanca, especializado en derecho administrativo y gestionado junto a su hijo, Juan Ramón Fernández. Una boutique por la que pasan asuntos de calado porque el derecho administrativo está en auge y se necesitan juristas de la talla de Fernández, que entiendan esta normativa.

A lo largo de estos últimos diez años, junto a la extensión del derecho penal, se ha producido también la expansión del derecho administrativo. Junto a boutiques pioneras en esta práctica, los grandes despachos han creado sus áreas de derecho público y regulatorio bastante notables. No hay firma de relieve que no tenga un área administrativa. “Los grandes despachos se crearon en torno al derecho civil, mercantil y fiscal, y ahora han irrumpido en lo público porque las relaciones con las administraciones han crecido de forma notable”, explica.

En este contexto, “cuestiones como el urbanismo, la licitación pública y las obras públicas han tomado una gran importancia para muchas de las empresas de nuestro país, de ahí que tengan que contar con profesionales especializados en la materia. Hay que darse cuenta de que hay varias administraciones en liza; junto a la estatal, están la autonómica y la municipal, que hay que entender en su funcionamiento y forma de relacionarse”.

Acaba de aprobarse la Ley de Amnistía y este jurista, colaborador del maestro Eduardo García de Enterría, padre del derecho administrativo en nuestro país, es requerido en distintos medios informativos. Junto a otros intelectuales como Ramón Arenas, catedrático de derecho internacional; Teresa Freixa, catedrática de derecho constitucional; Manuel Aragón, catedrático emérito de derecho constitucional; o Enrique Gimbernat, catedrático emérito de derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid, Tomás se ha convertido en parte de la conciencia crítica de nuestro país ante esta norma.

Este catedrático de derecho administrativo explica por qué la amnistía es nefasta después de recoger el premio ACIJUR. (Imagen: E&J)

De sus años de trabajo con García de Enterría está la obra Curso de Derecho Administrativo, un libro que ahora cumple sus primeros cincuenta años de vida y que ha servido para formar a muchas generaciones de administrativistas. “El primer volumen salió en 1974; quería ser una interpretación liberal de un ordenamiento que no lo era. Cuando se aprobó la Constitución, no se notó mucho porque ya anticipó algunas cuestiones».

A lo largo de estas cinco décadas, “han pasado muchas cosas. España, en el año 1986, entró en la Unión Europea (UE), un cambio trascendental. Es el año del Mercado Único y del Acta Única Europea, que entra en vigor en enero de ese año. Se abre un proceso en el que desaparecen los monopolios estatales, como el del tabaco y el del petróleo. Al mismo tiempo, se van privatizando bloques de actividad sometidos al derecho público en manos de los concesionarios”.

Eso hace que se creen sectores liberalizados o sometidos a una ley que los regula. “Ha cambiado mucho todo. El país ha desarrollado un régimen autonómico en los últimos cuarenta años. Este escenario genera problemas técnicos que vemos los juristas, pero que no trascienden a la gente. Al final, la relación con el ciudadano no se resiente demasiado. Todavía la administración no ha resuelto el problema de la cita previa obligatoria que se puso por el Covid-19 pero que sigue implantada en muchas comunidades autónomas (CC. AA.) y administraciones”.

Ley de Amnistía

Sobre la Ley de Amnistía, este jurista subraya con claridad que “creo que el señor Puigdemont no volverá a España. El Tribunal de Cuentas ya ha anunciado, a través de la consejera que lleva los temas de malversación, que planteará una cuestión prejudicial al TJUE sobre los delitos de malversación y su posible impunidad. Así lo dijo en un acto motivado con seis razones para interponer dicha cuestión prejudicial, dando a las partes diez días para pronunciarse. Es previsible que la plantee al TJUE en breve”.

Al mismo tiempo, recuerda que el juez instructor Pablo Llarena tendrá que decidir si aplica o no la Ley de Amnistía, oyendo a los nuevos fiscales puestos por el fiscal general del Estado para defender la Amnistía tras la junta de fiscales última. Habrá que ver qué hace Llarena, si anula la orden de búsqueda y captura de Puigdemont y, al mismo tiempo, cómo va a gestionar este tema la Sala Segunda del Supremo y si aplicará la Ley de Amnistía. Es previsible que interpongan nuevas cuestiones prejudiciales. No creo que Puigdemont regrese a España”.

El catedrático Tomás Ramón Fernández (centro), junto con el magistrado José Ramón Chaves (derecha) y el economista Antonio Arias, amigo común de ambos (izquierda). (Imagen: E&J)

Este experto nos recuerda que “con esta medida se paraliza la entrada de la Ley de Amnistía en nuestro país. Lo que sí es importante destacar es que, si se plantea una cuestión prejudicial en un asunto, queda paralizado no solo este asunto sino todos los demás iguales. Si lo que está en cuestión es si una ley española es conforme al derecho de la UE, no tiene sentido paralizar un procedimiento y que los demás sigan su curso. Quedarían paralizados los delitos de malversación de fondos y delitos de terrorismo”.

Sobre dicha Ley de Amnistía, el profesor Fernández subraya que “lo peor es que es una vergüenza y una inmoralidad aprobar una Ley cuya constitucionalidad es más que dudosa, simplemente para obtener la investidura, cuando no hay razón objetiva en este momento que justifique esa iniciativa aunque la amnistía estuviera permitida por la Constitución. No hay razón alguna porque no hay arrepentimiento sino todo lo contrario en los independentistas afectados por la misma. Ese texto final lo han revisado los propios implicados en el procés catalán. Todo es un despropósito”.

Este jurista señala que “muchos de los ciudadanos creen que el tema de la amnistía es algo de los políticos y no muestran interés; ahora lo que les importa es lo del dinero. Ahora se filtra como parte del pacto una singularidad financiera de Cataluña que preocupa a todos porque es una amenaza para la estabilidad financiera de nuestro país. Este sería otro atropello que no se puede permitir. La España vaciada tiene otras necesidades que Cataluña y nadie las atiende por el momento».

Tribunal Constitucional y legalidad

“La situación de colonización de las instituciones es preocupante. Se convocó hace unos días una Junta de Fiscales de Sala, donde sorprendentemente votó la señora Dolores Delgado, cuyo nombramiento de fiscal de Sala de Memoria Democrática fue anulado por el Supremo. Una sentencia de este tipo, declarativa, es autoejecutiva. Desde que se señala que ese acto es nulo, ese acto desaparece, no requiere ejecución, produce efecto desde que se dicta. Dolores no debería haber votado. Esa votación podría recurrirse, por tanto”.

Desde su punto de vista, “esta intromisión del poder ejecutivo en las instituciones supone un desprecio absoluto por el Derecho. Esto no es fango, pero son realidades que desacreditan a las instituciones. Ahora se ha abierto un debate con la última sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula en parte la sentencia por prevaricación de la exdirigente socialista Magdalena Álvarez. Aquí el Constitucional dice que no es justiciable y que dichos actos administrativos son preparatorios y que no hay prevaricación”.

Acto en la Complutense que conmemoró el centenario del nacimiento de Eduardo García de Enterría, con quien el profesor Fernández, segundo por la derecha, realizó trabajos notables. (Imagen: Universidad Complutense de Madrid)

En su opinión, “este planteamiento es muy discutible y, desde luego, no es una cuestión constitucional que el TC pueda corregir lo que ya dijeron los tribunales en su momento. Ahora se plantea un nuevo juicio donde habrá que prescindir del delito de prevaricación, algo que ha generado mucha polémica en las últimas semanas por el impacto que ha generado”.

Tomás Ramón Fernández ha estudiado, a lo largo de su carrera, el papel de contrapeso de los jueces de lo contencioso-administrativo frente a sus instituciones. “La Sala Tercera del Supremo tiene una carencia de veinte magistrados, hay veinte vacantes de un total de 36. Están haciendo el trabajo poco menos de la mitad y la sala de lo Social también le faltan muchos recursos humanos. Los jueces de lo contencioso conocen de los actos del Gobierno y Ministros y necesitan esos medios para resolver de forma clara”.

En su opinión, “estos magistrados en la situación actual están haciendo lo que pueden en estos momentos. En relación con las decisiones del Gobierno, están marcando una línea seria de control; han anulado dos veces los nombramientos de Dolores Delgado como fiscal de Sala; también el nombramiento de Magdalena Valerio, anterior presidenta del Consejo de Estado; también han reafirmado al Coronel Pérez de los Cobos con tres sentencias que ha ganado al ministro del Interior, Grande-Marlaska, lo que generó su cese”.

Para este jurista, “los problemas de la jurisdicción contencioso-administrativa son otros. A nivel del Tribunal Supremo es el recurso de casación, cada vez más complicada su admisión tras la reforma que se hizo, y el tema de las costas judiciales tras la reforma de la Ley 6/2023. El tema de limitar la cuantía de las costas es algo histórico y que requiere una revisión. Pocas veces se condena a la Administración en costas cuando pierde un recurso; pero si es al recurrente, la condena puede llegar a los 4.000 euros, como se plantea en las reclamaciones por el cierre de los establecimientos por el Covid-19”.

Corrupción urbanística, una lacra

Nuestro interlocutor no deja de abordar ninguno de los temas clave de la actualidad: “La corrupción es un fenómeno preocupante en nuestro país. Una parte importante está desarrollada con los desarrollos urbanísticos que antes comentábamos. Los cambios de suelo no urbanizable a urbanizable benefician a muchos operadores del sector y multiplican el valor del suelo. Todo ello depende de la voluntad de algunos dirigentes. En algunos ayuntamientos pequeños, esas decisiones las toma el alcalde de forma unilateral, lo que genera prácticas irregulares».

En cuanto al control de estas actividades, “es difícil hacerlo. En la llamada corrupción urbanística, todos son cómplices. Hubo unos años en que en algún municipio sevillano se descubrió una mina. Llamaban a los propietarios del municipio para que participaran en ello, se les pedía una cantidad por anticipado; era una forma de ganar dinero de forma irregular. Eso lo hicieron luego muchos ayuntamientos de forma sistemática”.

Tomás Ramón Fernández explica el papel de los jueces de lo contencioso como contrapeso a las decisiones del Gobierno. (Imagen: E&J)

En unos días, conoceremos el proyecto de regeneración democrática del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “A Sánchez le molestan los jueces porque anulan decisiones suyas, y los medios informativos, igual. Pasa con los que critican cuestiones suyas. Cuando criticas a jueces y medios de comunicación, en lugar de ser un gobernante democrático, te conviertes en un tirano”, critica Fernández.

Sobre nuestro Poder Judicial, destaca que “creo que no hace falta nada. En los últimos cincuenta años que he ejercido como abogado, he conocido muchas situaciones. No es fácil pelear contra la Administración. La visión que tengo de los jueces es razonable; quizás deberían estudiar más, pero sabemos que no tienen tiempo por la carga de trabajo que tienen. Su forma de afrontar los asuntos es razonable y no podemos quejarnos de su trabajo”.

Sánchez contra los medios críticos

En cuanto a esa regulación de los medios informativos que plantea Sánchez, “creo que está todo ya regulado y no hace falta poner más corsés a los periodistas. Cada ciudadano sigue a los medios que respaldan su ideología. Si realmente hay alguno que injuria o calumnia a alguien, ahí están los tribunales, que en sus sentencias procuran ponderar la libertad de expresión con el derecho al honor e intimidad del ciudadano perjudicado. No creo que haga falta más”.

Para este experto, “los propios medios de comunicación reflejan la polarización que hay en nuestra sociedad. El país era uno antes de la llegada del señor Sánchez y ahora está claramente dividido. Están divididos jueces, fiscales, letrados de las Cortes, como se ha visto en la tramitación de la Ley de Amnistía. Medio país está peleado con el otro medio».

Desde su punto de vista, “no se ha fomentado una política de concordia. Así ha pasado desde la llegada de Zapatero como presidente, que sacó los muertos de la guerra civil. Eso hace que no se pueda pasar página, tal y como intentó la Constitución vigente; ahora se ha dividido”.

A su juicio, “la Ley de Memoria Democrática aprobada por Pedro Sánchez es una memoria parcial de la otra parte. Así no arreglamos nada y el país está dividido por las actuaciones de estos presidentes del Gobierno. Por eso el país se ha dividido de nuevo en dos grandes bloques enfrentados”, aclara.