JJpD pide a Escrivá una solución definitiva para el problema de los interinos, pero el ministro esperará al fallo del Supremo

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha aprobado en su Congreso Nacional una propuesta en la que reclama al ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, una solución rápida sin judicializar al conflicto con los miles de trabajadores temporales en nuestro país. Por el momento Escrivá hace caso omiso a esas recomendaciones y avisa que no moverá ficha hasta que el Supremo vea resuelta su prejudicial, dentro de año y medio, más o menos.

Las dos medidas que se barajan ahora tienen que ver con ofrecer una indemnización, pero mayor de la veinte días por año trabajado sin son cesados o no superan el proceso selectivo. Y la otra medida es la de la fijeza, que choca con el principio de igualdad, mérito y capacidad de nuestra Constitución. “Pero el legislador tiene que ser creativo”, indican desde esta asociación.

La propuesta de esta asociación judicial indica que “teniendo en cuenta que en este ámbito ha habido oscilaciones jurisprudenciales muy relevantes en los últimos treinta años, que se ha pronunciado al efecto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que el Tribunal Supremo ha planteado recientemente otra cuestión al Tribunal Europeo, lo que hace ver que todavía se ha de prolongar más la actual pendencia en de asuntos en esta materia”.

“Y considerando también que esta procelosa evolución judicial ha dado lugar a múltiples casos en que trabajadores de la misma Administración Pública han sido calificados como indefinidos unas veces y otras como indefinidos no fijos en otras, pese a concurrir situaciones de igualdad o similitud en la forma de acceso al trabajo de empleado público y solo por la fecha en que se reclamó a la jurisdicción, y que incluso que estamos asistiendo a casos de jubilaciones de personal indefinido no fijo que ha trabajado toda su carrera profesional o la mayor parte de ella con esa condición”.

Por eso, el 38º Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia celebrado en Vigo insta a la actuación del Poder Legislativo para que adecúe la norma y solvente esas situaciones de desigualdad entre empleados.

La comisión social de Juezas y Jueces para la Democracia pide a Escrivá, en el 38º Congreso Nacional de esta asociación, una solución al problema de los interino en nuestro país. (Imagen: JJpD)

Carlos Villarino, magistrado de la Sala Social del TSJ de Galicia, explica que la Comisión Social de Jueces y Juezas para la Democracia hizo una propuesta para el Congreso Nacional que tuvo lugar en Vigo recientemente. La idea que subyace a la propuesta es “buscar una solución al drama de muchas personas trabajadoras que tienen una situación de falta de estabilidad en el tiempo, que se ha mantenido a lo largo de gran parte de su vida laboral, e incluso a la jubilación”.

Esta situación “es un lastra para que estas personas puedan formar una familia y tener una vida estable. La solución hasta ahora ha sido de carácter jurisprudencial. Cuando había un fraude en la contratación temporal se les calificaba como indefinidos no fijos, una construcción jurisprudencial de la Sala Social del Tribunal Supremo que data de 1996 en la etapa de Aurelio Desdentado. Con esa calificación el trabajador no tenía derecho a permanecer de forma indefinida en la plaza, solo hasta que saliera a concurso y se cubriese. Era un temporal más, en definitiva”.

Problema crónico en el tiempo

Para este jurista “esta solución que se ha mantenido durante muchos años tiene muchos problemas, obliga a los trabajadores que han concatenado contratos temporales durante muchos años a someterse a un proceso selectivo en una fecha a veces incierta. Las administraciones por unas circunstancias u otras tienden a demorar dichas convocatorias. No es lo mismo someterse a un proceso selectivo u oposición cuando tienes 25 años que cuando llegas a los 50”.

Al mismo tiempo “estas en una situación de incertidumbre porque conservarás esa plaza si superas ese proceso selectivo, mientras tanto cumples años y las facultades de las personas van minándose».

En medio, Villarino recuerda que “pelean sus asuntos en la jurisdicción social, esas sentencias terminan llegando al Tribunal Supremo en un proceso largo jurisdiccional para ser indefinidos no fijos. Pero no es el final del trayecto porque tienen que esperar a que se convoca la plaza y se ponga en marcha el proceso de estabilización. En muchos casos la situación de fraude se mantiene porque la Administración no saca las plazas al concurso o proceso selectivo”.

A su juicio, la figura del indefinido no fijo “hubiera sido una solución si las administraciones hubieran sido diligentes y sacar esas plazas para que estos profesionales pudieran haberse presentado y ser fijos. Pero en general, declarados los indefinidos no fijos, las administraciones a nivel general no han hecho nada para solucionar el problema”.

Al hilo de las sentencias del TJUE, “parece que queda claro que la solución que daba nuestra jurisprudencia de indefinido no fijo no es la adecuada para resolver el problema. No es suficiente. Ahora se baraja por los diferentes TSJ y juzgados diferentes soluciones; hay algunos que hablan de la fijeza automática, otros hablan de la necesidad de una indemnización adicional y otros creen que la fijeza no es posible porque vulnera los principios de igualdad, merito y capacidad de la Constitución”.

En cualquier caso, pese a la solución que ofrezca el Tribunal Supremo, no va a acabar con la vía jurisdiccional para estos miles de afectados en fraude de ley por el abuso que han hecho las diferentes administraciones públicas”.

Carlos Villarino, magistrado y miembro de esa comisión, cree que el Tribunal Supremo no es legislador y no puede hacer más: “La solución definitiva debe venir del legislador. (Imagen: Poder Judicial)

Solución rápida legislativa

Villarino destaca que “nuestra posición en el último Congreso Nacional celebrado en Vigo hace unos días es clara, instar al legislador a que en el sentido que sea oportuno adopte una solución legal que zanje el problema.  Hay que darse cuenta que la figura de indefinido no fijo no tiene reconocimiento legal, es una figura que pudo ser una solución pero dado el abuso de la contratación temporal no parece ésta sea la solución a los problemas de estos profesionales en fraude de ley”.

Para esta comisión de JJpD, la capacidad que tiene el Tribunal Supremo para buscar una solución es limitada. “El Tribunal Supremo no legisla, tiene que interpretar las normas. Así la postura de nuestra asociación es la de instar a l legislador para que de forma clara adopte medidas para que ponga fin a este grave problema que hay en nuestro país en los últimos treinta años”.

Sobre esta solución, Villarino en nombre de la asociación indica que “debe ser una solución que no obligue a meterse en un proceso judicial a todas estas miles de personas y que por otro lado sea una solución relativamente rápida. Ya tenemos casos de afectados que están a las puertas de la jubilación con esta situación de indefinido no fijo, lo que es un drama personal para muchos ciudadanos y ciudadanas en fraude de ley en estos momentos”.

Para este jurista “llevamos muchos años con soluciones jurisprudenciales que no han resuelto el problema. Que el ministro Escrivá quiera esperar al Supremo para hacer alguna reforma es un problema porque la capacidad del propio Supremo es limitada y no legisla. Además la solución del Supremo abocara a la gente a la jurisdicción y a tener que seguir en vía judicial durante años. Hay que buscar una solución legal automática que resuelva el problema”.

A juicio de la comisión social de JJpD “creemos que es el momento que el legislador, en el sentido que considere, tome cartas en el asunto y resuelve al problema que tenemos que afecta a tanta gente en nuestro país. Hay que buscar una solución definitiva a toda esta problemática, la ultima sentencia del TJUE de junio señala que la indemnización de 20 días no es suficiente por cese y que los procesos de estabilización no corrigen el abuso de la temporalidad”.

Desde esta perspectiva “no es tanto el Tribunal Supremo quien debe resolver este asunto porque su margen de actuación es limitado; como que sea el propio legislador quien resuelva esta cuestión porque tiene más posibilidades para resolver este asunto en cuestión”.

La Sala Social del Supremo que preside Antonio Sempere no es legislador y no le corresponde resolver el problema. (Imagen: Poder judicial)

Suspensiones de juicios

Villarino recuerda que el TSJ Social de Galicia “decidió suspender muchos procedimientos judiciales porque planteamos una cuestión prejudicial hace un año y luego llegó la del Supremo. Hay más de 400 asuntos suspendidos. Lo hemos hecho para evitar que se plantearan más recursos en estos momentos ante la cuestión prejudicial del Supremo. Esta prejudicial realmente puede ser considerada como una alternativa al planteamiento del TJUE, esto es algo que los tribunales pueden hacer según la normativa vigente”.

En su opinión “esa cuestión del Supremo va a esclarecer la situación cuando tengamos resolución de la misma, se tramita por procedimiento de urgencia, con lo cual en un año podríamos tener sentencia del TJUE, sin embargo, dudo mucho que el Supremo pueda dar una solución al problema estructural de la temporalidad en nuestro país en las administraciones púbicas con el mismo alcance que lo pudiera dar el legislador. Hemos tenido sentencias del Supremo sobre este tema, pero el problema está sin resolver.”

Para estos magistrados “el problema viene de muy antiguo. Sabemos que hay profesionales en fraude de ley desde el año 2000, sin haber regularizado su situación por uno u otro problema. La solución de la Ley 20/2021 y sus procesos de estabilización no es la más adecuada, son procesos lentos que se recurren y sabemos que en algunas CC.AA. no han sacado todas las plazas. Es una solución complicada pero que no es muy efectiva”.

Por eso el pronunciamiento de Juezas y Jueces para la Democracia sobre este problema que afecta a casi un millón de interinos en nuestro país “la solución debe ser dada por el legislador, la jurisprudencia ha hecho lo que ha podido, pero no es suficiente, los jueces no somos legisladores y no se puede seguir judicializando el conflicto. Urge resolver el problema para evitar dramas personales donde muchos de ellos pasan su vida laboral en situación de inestabilidad laboral. Es una situación complicada resolver”.

Nueva Ejecutiva de JJpD donde se mantiene como portavoz el magistrado Edmundo Rodríguez, sexto por la izquierda. (Imagen: JJpD)