Las autocaravanas podrán estacionar en la calle antes de que finalice 2024, aunque algunos ayuntamientos advierten que seguirán multando

El Gobierno tiene ultimada una modificación del Reglamento General de Circulación que, entre otros aspectos, pretende regular una cuestión que ha dado lugar a problemas de interpretación entre Ayuntamientos y usuarios de autocaravanas, como es el estacionamiento de este tipo de vehículos en las vías urbanas. En teoría, podrán estacionar en la calle antes de que finalice este año, como cualquier otro vehículo, pero algunos ayuntamientos advierten que seguirán multando. 

Ante esta situación, la Asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) denuncia la «inseguridad jurídica» que sufren los conductores de estos vehículos «por la disparidad de criterios de los ayuntamientos», pese a la futura modificación del código de la circulación, y reivindica que las normas de circulación se apliquen con igualdad en todo el territorio nacional.

En España, los usuarios de este tipo de vehículos son cada vez más numerosos. En la última década, en nuestro país se ha pasado de 3.000 autocaravanas matriculadas al año a 9.000.

Hasta ahora, había sido la propia Dirección General de Tráfico (DGT) la que había tratado este tema en dos Instrucciones: La 08/V-74, Autocaravanas, de 28 de enero de 2008, ya derogada, y otra más reciente, la PROT 2023/14, Autocaravanas, de 11 de julio de 2023, que estaban siendo cuestionadas por tratarse de eso, de una mera “instrucción” y no de una disposición de carácter general.

Por ese motivo, en el nuevo texto reglamentario, del que se prevé su entrada en vigor antes de que finalice el año, durante el último trimestre, se añaden dos nuevos apartados al artículo 92, que establecen los requisitos necesarios para determinar lo que es un «estacionamiento» de una autocaravana, que sí estaría permitido en una vía pública, y lo que es una «acampada», que tendría que realizarse en zonas específicamente acotadas para ello.

Congreso de los Diputados. (Imagen: Archivo)

Así, los apartados 4 y 5 tienen la siguiente redacción: “4. El estacionamiento de autocaravanas deberá efectuarse en las siguientes condiciones: a) Sin extender elementos propios que desborden el perímetro del vehículo, considerando como tal la proyección en planta del mismo. b) Descansando sobre neumáticos, calzos o cuñas de seguridad c) Sin verter fluidos procedentes del habitáculo. Si se cumplen las condiciones anteriores, el estacionamiento de las autocaravanas solo podrá verse limitado por restricciones genéricas de masas y dimensiones o por limitaciones temporales que afecten a todos los vehículos”. 

«Inseguridad jurídica»

Aunque con este cambio normativo los usuarios de este tipo de vehículos tendrían mayor seguridad jurídica a la hora estacionar sus vehículos sin temor a ser sancionados, el presidente de Automovilistas Europeos  Asociados, Mario Arnaldo, no es «nada optimista» respecto a que con esta reforma reglamentaria se vaya a resolver este problema que afecta a miles de automovilistas, según declara a Economist & Jurist preguntado por este asunto. 

«Con el argumento de la autonomía municipal, España seguirá siendo un Reino de Taifas en materia de normas de tráfico y muchos consistorios seguirán poniendo multas por estacionar  autocaravanas en la calle”, advierte Arnaldo

Mario Arnaldo denuncia que “desgraciadamente, en materia de seguridad vial municipal España es un reino de Taifas y frente a la norma común del Estado, los ayuntamientos invocan el principio de autonomía municipal que obliga a los ciudadanos no sólo a conocer un único Código de la Circulación, sino más de 8.000 ordenanzas municipales”.

Y señala que «ya estamos viendo que numerosos consistorios están prohibiendo en sus ordenanzas municipales, en contra de la norma del Estado, el estacionamiento de autocaravanas en base a antiguos pronunciamientos judiciales”, mientras que otros lo prohíben mediante la correspondiente señal.

Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. (Imagen: AEA)

Ayuntamientos que prohíben el estacionamiento

Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Benidorm, cuya ordenanza de Movilidad recoge en el artículo 30, sobre prohibiciones especiales de estacionamiento que «queda prohibido estacionar los vehículos-vivienda en las vías de la primera línea de playa, a saber: Paseo Tamarindo, Avenidas Vicente Llorca Alós, Armada Española, Calle Alcalde D. José Such Ortega, Calle San Pedro, Paseos de Elche y Colón, Plaza del Torrechó y las Avenidas Virgen del Sufragio, de Alcoy y de Madrid, así como en las perpendiculares recayentes a estas». 

Dicha ordenanza define como «vehículo-vivienda todo artefacto o aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 3 de esta Ordenanza, construido o habilitado para habitar en él, así como cualquier otro vehículo, que sin estar preparado para ser habitado, sea utilizado para este fin».

En el punto tercero establece que «los conductores serán advertidos para que lo retiren inmediatamente y, de no hacerlo, o transcurridas dos horas desde que fuere el vehículo denunciado sin haberse localizado a su conductor, se procederá a su denuncia y retirada por el servicio de grúa, o a su inmovilización con un medio adecuado que impida su desplazamiento, en caso de imposibilidad de retirada por el servicio de grúa debido a sus grandes dimensiones».

También en el Ayuntamiento de Jávea (Alicante) «queda prohibido estacionar los vehículos-vivienda o autocaravanas, camiones o autobuses en las vías de la primera línea de playa, así como en sus adyacentes desde la intersección anterior a éstas», sus conductores serán advertidos para que lo retiren y, «de no hacerlo o transcurridas 24 horas desde que fuere el vehículo denunciado cuando no se hubiere localizado a su conductor, se procederá a su retirada por el servicio de grúa».

El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) ha establecido igualmente que queda prohibido el estacionamiento en la vía pública o vía privada de uso público durante horario nocturno –entre las 22:00 y las 08:00 horas–, festivos, sábados y domingos, «vehículos de remolques, semirremolques, caravanas, roulottes, autocaravanas, vehículos de ferias o carruajes y vehículos destinados al transporte de viajeros, sin perjuicio de las autorizaciones temporales expedidas por la autoridad municipal».

(Imagen: Ayuntamiento de Benidorm)

Entre otros, el Ayuntamiento Burgos también ha fijado que «con carácter general, queda expresamente prohibido en todo el término municipal la ocupación del dominio público para acampar mediante el montaje o establecimiento de tiendas de campaña, autocaravanas, remolques, roulottes y cualquier otra clase de sistema fijo o portátil de análogas características o susceptible de ser utilizado para dichos fines, salvo zonas habilitadas al efecto». Queda incluido dentro de esta prohibición el estacionamiento de cualquier tipo de vehículos que presenten síntomas de permanencia habitada en la vía pública, y se procederá a la retirada mediante la grúa municipal u otros medios, siendo los gastos repercutidos al titular.

Mario Arnaldo recuerda que los tribunales se han pronunciado sobre esta cuestión dando la razón a los ayuntamientos, al permitirles aprobar ordenanzas que iban en contra de la norma común del Estado.

En este sentido, cita una sentencia del Tribunal Supremo que dio luz verde al Consistorio de Vélez-Málaga a que pudiera establecer restricciones de estacionamiento a las autocaravanas que no tenían otros vehículos, presumiendo que el estacionamiento se puede convertir en acampada (resolución número 938/2018, de 13 de marzo. ECLI:ES:TS:2018:938).

También alude a una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Baleares sobre el Ayuntamiento de Santa Margalida, que viene a decir que el Consistorio tiene competencias y puede prohibir el estacionamiento de autocaravanas en virtud de la autonomía municipal (sentencia 972/2018, de 30 de noviembre. ECLI:ES:TSJBAL:2018:972).

AEA reivindica que las normas de circulación se apliquen con igualdad en todo el territorio nacional

Ante esta situación, Automovilistas Europeos Asociados (AEA) reclama una modificación de la ley de tráfico «para que las normas de circulación se apliquen con igualdad en todo el territorio nacional, y no que que cada ayuntamiento haga de su capa un sayo, porque el tráfico y la seguridad vial, según reconoce nuestra Constitución, es una competencia exclusiva del Estado». 

«Tengo una gran envidia, por ejemplo, de nuestro vecino país Francia, que cuando aprueba una norma de tráfico se aplica con igualdad en todos los municipios franceses, como ha ocurrido con la normativa para patinetes –una cuestión que en España aún no se ha regulado–; la circulación de ciclistas en vías urbanas –el país galo permite que en una calle 30 un ciclista pueda circular a contramarcha–; o el tema de las zonas de bajas emisiones –que en nuestro país todavía no se ha desarrollado–», comenta Mario Arnaldo, reivindicando dicha modificación de la ley de tráfico para poner fin a «la inseguridad jurídica que sufren los conductores en nuestro país».

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