Revolución digital en el ámbito jurídico: ¿Está España preparada?

La digitalización está transformando muchos sectores a nivel global, y el ámbito legal y judicial en España no es una excepción. Este proceso de adaptación tecnológica es esencial no solo para mejorar la eficiencia y accesibilidad de los servicios jurídicos, sino también para garantizar que el sistema judicial siga siendo ágil, relevante y eficaz en un mundo cada vez más digitalizado.

Sin embargo, la digitalización de la industria legal española se enfrenta a varios retos y sigue un calendario estructurado influenciado por iniciativas europeas más amplias y planes estratégicos locales. Los esfuerzos de digitalización de España forman parte de la agenda España Digital 2025, que está alineada con la estrategia digital de la Unión Europea (UE). Este plan incluye importantes inversiones destinadas a mejorar la infraestructura y las competencias digitales en diversos sectores, incluidos los servicios jurídicos. Las iniciativas y la financiación específicas tienen como objetivo modernizar el marco jurídico y garantizar que el sector legal pueda satisfacer las demandas tecnológicas contemporáneas.

La hoja de ruta implica pasos graduales, empezando por mejorar la alfabetización digital de los profesionales del Derecho; integrar las herramientas digitales en las prácticas jurídicas cotidianas; y garantizar el cumplimiento de la nueva normativa digital. El objetivo es crear un entorno jurídico más eficiente, accesible y seguro para 2025.

(Imagen: E&J)

La realidad del sector legal en España y países de alrededor

Aunque los puntos antes citados son esenciales para asegurar que España avance hacia una economía digital robusta y competitiva, con un sector legal adaptado a los retos y oportunidades del siglo XXI, la situación real de este mercado en materia de digitalización entraña luces y sombras.

Si bien es cierto que la transformación del sector legal español está progresando, la realidad es que sigue estando menos desarrollado que otros países europeos. Y, aunque se han producido avances, estamos ante un ámbito que debe hacer frente a desafíos como la resistencia cultural y la falta de competencias digitales entre los profesionales. En el lado opuesto encontramos a países como Alemania y los países nórdicos, que tienen infraestructuras digitales más maduras y mayores tasas de adopción de tecnologías digitales avanzadas en el sector jurídico.

Atendiendo a la digitalización de los procesos de administración judicial en nuestro país, encontramos que el sector legal español está rezagado en comparación con otros miembros de la UE, como Estonia o Dinamarca. La interacción con el cliente sigue utilizando métodos convencionales, requiriendo herramientas más avanzadas para actualizaciones en tiempo real y un mejor compromiso. La automatización y el uso de IA en tareas jurídicas rutinarias también son necesarias para mejorar la eficiencia y reducir errores, como se está haciendo en Reino Unido o Estados Unidos.

Además, las firmas legales españolas enfrentan retos significativos en ciberseguridad, especialmente en la protección de datos sensibles, donde otros países europeos, como Alemania, cuentan con medidas más sólidas y una mayor concienciación entre los profesionales jurídicos.

(Imagen: E&J)

Abrazar la digitalización para potenciar la integridad y seguridad de datos y procesos

Uno de los principales retos de la digitalización del sector legal es manejar la información sensible con seguridad e integridad, ya que la adopción de herramientas digitales requiere medidas robustas de ciberseguridad. Esto implica integrar la ciberseguridad en la gobernanza corporativa y formar a los profesionales jurídicos en estas tecnologías.

Pero, sin duda, el mayor reto es superar la barrera cultural en un sector tradicionalmente reacio a adoptar las nuevas tecnologías. A ello se suma la falta de competencias digitales de una parte importante de los profesionales del Derecho, lo que dificulta la aplicación efectiva de las herramientas y procesos digitales, requiriendo una importante inversión en formación y desarrollo.

La transformación digital del sector legal ofrece numerosas ventajas, como la agilización de las tareas administrativas y la reducción de los costes operativos, lo que se traduce en una mayor eficiencia. También optimiza los recursos al minimizar la necesidad de almacenamiento físico y el uso de papel. Sin embargo, como para cualquier transformación que requiera un cambio de hábitos y de cultura de trabajo, avanzar paso a paso es la mejor manera de asegurar el éxito. Y viendo lo que se está haciendo en otros países, parece que algunas áreas del sector legal, como la protección de la propiedad intelectual (IP), pueden ser más fáciles de digitalizar que otras.

En Francia, por ejemplo, las herramientas de protección de la IP están bien desarrolladas y los funcionarios de Justicia o los abogados especializados en este ámbito las utilizan con regularidad para proteger la IP. Los creadores de activos digitales utilizan plataformas online de terceros, como la Agencia para la Protección de Programas francesa (Agence pour la Protection des Programme), para proteger los derechos de autor de sus activos digitales.

Por el contrario, en España, este proceso se sigue realizando manualmente a través de un notario o de los registros públicos y sigue siendo tedioso y relativamente lento. Además, estos registros no son del todo adecuados para la protección de activos digitales y software, ya que no están diseñados para ellos y no prevén actualizaciones constantes ni proporcionan fácilmente la trazabilidad de las versiones.

(Imagen: E&J)

Con el desarrollo de la tecnología, la facilidad de uso y la seguridad ahora en el centro de las ofertas, es hora de que la industria legal española abrace la transformación digital, ya sea para gestionar contratos; asegurar datos confidenciales; mejorar la comunicación con los clientes; simplificar procesos; mejorar la calidad del proceso y del servicio; todo se puede hacer mejor con el mismo nivel de confianza y seguridad a través de herramientas y tecnología.

Pero para avanzar en la modernización del sector, es importante contar con socios expertos que apoyen y se impliquen en el proceso de transformación digital proporcionando herramientas que promuevan la digitalización sin fisuras del ámbito legal, garantizando al mismo tiempo la integridad y la seguridad de los datos y los procesos. Estas soluciones deben estar diseñadas para satisfacer las crecientes necesidades de los abogados y los equipos jurídicos, ser fáciles de usar y requerir únicamente conocimientos digitales básicos.

Como puede verse, el sector jurídico no es el más avanzado en cuanto a transformación digital, sin embargo, embarcarse en este viaje supone un beneficio real en términos de velocidad y precisión. La IA ha dado un nuevo giro a la necesidad de digitalización en el último año, por lo que el sector legal necesita ponerse al día. Ya se trate de abogados, funcionarios jurídicos, notarios o cualquier otra figura jurídica, todos deben adoptar la IA y las herramientas digitales si no quieren quedarse atrás.