La reducción de jornada: un pulso en el seno del diálogo social

El 25 de enero de 2024 marcó el inicio de las negociaciones en la mesa de diálogo social para reducir la jornada laboral en España sin reducción salarial. Este proceso, convocado por el Gobierno, activó el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar, titulado «Una nueva coalición de Gobierno progresista para España».

En el apartado 2 del acuerdo, «Más y mejores empleos, con más derechos y mejores salarios», se detallaba la hoja de ruta de las reformas laborales proyectadas para la próxima legislatura. Entre estas reformas, destacaba la propuesta estrella de reducir la jornada laboral máxima legal sin reducir los salarios, estableciéndola en 37,5 horas semanales.

El compromiso del Gobierno era y es aplicar esta reducción de forma progresiva: primero a 38,5 horas en 2024 y culminar en 2025 con las 37,5 horas semanales. Pero, ¿qué sucede después de 2026? Según el acuerdo de coalición, está previsto constituir una mesa con los interlocutores sociales para evaluar los resultados de la reducción y seguir avanzando en la disminución de la jornada laboral, teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas.

Esta reforma representa un hito significativo para una parte de nuestro mercado laboral, considerando que la jornada media en España ya es inferior a 40 horas, es decir, cerca de 37,7 horas semanales. Sin embargo, tendrá una especial afectación en determinados sectores, especialmente en aquellos orientados a los servicios, como turismo, hostelería y servicios generales, que representan alrededor del 70% del Producto Interior Bruto (PIB) y del empleo.

El reciente debate sobre la propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral semanal ha suscitado opiniones encontradas. El Gobierno sostiene que mejorar la conciliación y el equilibrio entre la vida personal y laboral de los trabajadores incrementará la eficiencia y, en consecuencia, su productividad. Sin embargo, críticos de la medida advierten que esta reducción del tiempo de trabajo, sin modificar los salarios, elevará los costes para las empresas sin asegurar mejoras en los niveles de productividad.

La búsqueda de una mejor conciliación

La propuesta se enmarca en un contexto internacional donde países como Francia y Alemania ya han adoptado políticas similares con diferentes grados de éxito. El objetivo principal es lograr un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral, un factor que ha demostrado tener un impacto positivo en la salud mental y física de los empleados, así como en su motivación y compromiso con la empresa. Sin embargo, la CEOE y otras organizaciones empresariales expresan preocupación por el aumento de los costes laborales sin una garantía de incremento en la productividad. Argumentan que, para muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas (pymes), asumir este cambio podría ser económicamente inviable, más aún en un contexto económico incierto.

(Imagen: E&J)

El mes de julio está siendo frenético, pues las negociaciones avanzaron con la presentación del último borrador del Gobierno, destacando varios puntos clave. En cuanto a la entrada en vigor, se espera que, una vez aprobada la reforma, la jornada laboral se reduzca de 40 a 38,5 horas semanales antes de finalizar el verano de 2024, y a partir del 1 de enero de 2025, se reduzca aún más a 37,5 horas semanales. Este calendario parece ambicioso, pero refleja la determinación del Gobierno de implementar la reforma de manera perentoria.

El ámbito de afectación de la reforma incluye tanto a empleados a tiempo completo como a tiempo parcial. Todo apunta a que los contratos a tiempo parcial con una duración igual o superior a la nueva jornada completa se convertirán automáticamente en contratos de tiempo completo, manteniendo el número de horas actuales y aumentando proporcionalmente el salario. Esta medida, aunque bien intencionada, puede generar tensiones en el mercado laboral, especialmente para las pymes que podrían enfrentarse a dificultades para adaptarse a estos cambios.

Otro aspecto crucial es el nuevo sistema de registro horario digital obligatorio que el Gobierno ha puesto encima de la mesa en el contexto de negociación de la reforma de la jornada de trabajo. Personalmente, considero que la digitalización del control de horas de trabajo es un paso necesario hacia la transparencia y la reducción de las horas extras no remuneradas. Sin embargo, comparto las preocupaciones de la patronal sobre los costes asociados a la implementación de este sistema, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Un choque de opiniones

Hablando de horas extras, el Gobierno ha decidido mantener el límite anual en 80 horas por trabajador, rechazando la propuesta de la patronal de aumentarlo a 150 horas. Esta decisión del Ejecutivo consolida la intención de reducir la carga de trabajo y mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal. Sin embargo, es importante considerar cómo esta limitación afectará a sectores que tradicionalmente dependen de horas extras para manejar picos de trabajo.

Las posiciones de los agentes sociales han ido variando en el último mes de julio. Los sindicatos apoyan la reforma y la OCDE también ve la medida como una forma de mejorar la productividad en España. Sin embargo, la CEOE y los autónomos han expresado su desacuerdo, argumentando que la medida aumentará los costes para las empresas sin garantizar mejoras en la productividad. Este es un punto de conflicto que, a mi juicio, necesitará más negociación y flexibilidad por ambas partes para llegar a un acuerdo que beneficie a todos.

(Imagen: E&J)

A mediados de julio, el Gobierno valoró nuevas propuestas para reformar la jornada laboral, buscando un acercamiento con las empresas. Una propuesta clave fue la distribución irregular de la jornada laboral, permitiendo un margen de adaptabilidad para las empresas, especialmente en sectores con fluctuaciones estacionales como la agricultura y la hostelería. La nueva propuesta mantiene el 10% de distribución irregular, aplicándolo sobre las actuales 40 horas semanales en cómputo anual en vez de sobre las futuras 37,5 horas semanales previstas para 2025. Esta medida ha sido bien recibida, ya que proporciona flexibilidad para adaptar la jornada laboral a los ciclos productivos específicos de cada sector.

En este sentido, el Gobierno también ha mostrado disposición para negociar con la CEOE y Cepyme, sugiriendo que la entrada en vigor de la reducción de la jornada se posponga hasta la renovación de los convenios colectivos, proporcionando más tiempo a las empresas para ajustarse a los cambios.

El futuro de la propuesta

En cuanto a las sanciones, el Ejecutivo propuso aumentarlas en casos de excesos de jornada que pongan en riesgo la salud de los trabajadores. Los sindicatos, aunque dispuestos a aceptar la flexibilidad propuesta, insisten en que la jornada laboral debe reducirse lo antes posible, conforme a los compromisos del Gobierno de coalición.

En este contexto, el 17 de julio se llevó a cabo una reunión clave entre Trabajo, la patronal y los sindicatos. La comparecencia del secretario de Estado de Trabajo dejó claro que no será viable aprobar la medida antes de agosto y destacó tres posibles cauces de trabajo:

1. Incorporación paulatina de las empresas a la jornada de 37,5 horas, con plazos flexibles para facilitar la adaptación.
2. Flexibilidad en el uso del tiempo de trabajo y distribución irregular de la jornada, reformando también el registro horario.
3. Fortalecer y concretar el derecho a la desconexión digital de los trabajadores, garantizando su cumplimiento.

Veremos cómo evolucionan las conversaciones entre los agentes sociales y el Gobierno, pero una vez se aplique la reducción de la jornada, será clave para las empresas no simplificar el debate interno a una mera reducción de horas. La implementación de políticas de flexibilidad horaria, el fomento del teletrabajo y la promoción de programas de bienestar para los empleados son algunas de las estrategias complementarias que pueden mejorar la productividad aun reduciendo las horas de trabajo. La próxima reunión, el 29 de julio, será crucial para seguir avanzando en la consecución de un acuerdo