José Luis Ortiz: «El cerebro de la estafa piramidal de Sempi Gold intenta echar la culpa a sus directivos»

«El cerebro de la estafa piramidal de Sempi Gold intenta echar la culpa a sus directivos. En concreto, al director financiero y al director comercial, mientras que los directivos, por su parte, sostienen que él es el único que se ha enriquecido, junto con su esposa, sus hijos y su sobrino». Así lo señala a Economist & Jurist el abogado José Luis Ortiz Miranda, quien ejercita la acusación particular de más de 400 afectados de esta presunta estafa piramidal masiva que se investiga en la Audiencia Nacional (AN).

El colectivo de perjudicados «supera los 3.600, procedentes de toda la geografía nacional y reclaman unos 50 millones de euros», si bien, de momento, se han personado en la causa «en torno a 2.000, con diferentes despachos». El caso lo instruye la magistrada María Tardón Olmos, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3.

Los querellados son ocho personas físicas –Gabriel Ruiz, dos hijos y un sobrino; el director financiero, D.T.S.; el director comercial, F.P.M.; los delegados de ventas de cada zona– y tres sociedades jurídicas: Sempi Gold España SA, Oroinformación SL y Sempi Silver SL. Se les imputa organización criminal organizada, falsedad en documento mercantil, estafa piramidal masiva, insolvencia punible, alzamiento de bienes y evasión de capitales a terceros países.

El pasado mes de abril declaró Gabriel Ruiz, una hija y su esposa, y el pasado lunes, 22 de julio, un hijo y el sobrino y los directores financiero y comercial. «Gabriel Ruiz dice que estos dos directores crearon a sus espaldas otra empresa paralela, llamada Fuerza Venta Consultiva SL, a la que desviaban los fondos de las inversiones en metales preciosos y que por eso ese dinero nunca entró en las arcas de Sempi Gold, por lo que a él no se le puede reclamar nada porque también ha sido estafado y traicionado por sus propios directivos», explica Ortiz.

Por su parte, «los directivos se defienden diciendo que todo eso es mentira y que el único que ha manejado los fondos de los inversores ha sido Gabriel Ruiz, que las decisiones en materia de inversión las adoptaba él y que ellos han actuado en todo momento honradamente», añade.

Para este abogado, «las declaraciones de unos y otros ponen de manifiesto la doctrina de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de la ‘teoría del ventilador’, que consiste en esparcir los excrementos». «Me explico: Intentan quitarse la culpa echándosela al otro, algo que era de esperar, y que es una constante en este tipo de procedimientos», apunta Ortiz.

Según informa este abogado, «con estas declaraciones se cierra el ciclo de comparecencias de los investigados y lo que queda ahora son las pruebas documentales, consistentes en oficios que se han mandado a los bancos y entidades financieras y a los registros mercantiles y de la propiedad para el embargo preventivo de cuentas corrientes, activos y acciones, propiedad tanto de las sociedades como de los investigados, para intentar embargar todo lo posible de lo defraudado».

Gabriel Ruiz, presidente de Sempi Gold. (Imagen: E&J)

«Esta trama se basa en un engaño de libro: Los inversores creían que estaba invirtiendo en lingotes de oro. Sin embargo, desde el minuto uno su dinero se desviaba a las cuentas privativas de los miembros de la banda», denuncia José Luis Ortiz

Lingotes de oro falsos de fragua de hierro y pintados de amarillo

Según asegura este abogado,  Gabriel Ruiz «se dedicó a vender supuestos lingotes y láminas de oro –el lingote pesa un kilo y las láminas son fracciones inferiores– como inversión super segura a través de sus delegaciones –hasta 22, con sede central en Jerez de la Frontera– a multitud de minoristas y consumidores». «Inversores conservadores –por lo menos los míos– que pensaban que estaban invirtiendo en un valor refugio, que nunca pierde y que invirtiendo su valor en oro tenían su dinero a buen recaudo», expone.

La cantidad mínima que invirtieron los clientes de Ortiz fueron 5.000 y la máxima, 375.000, como es el caso de una mujer de Vitoria. Entre ellos hay un ingeniero jefe de astilleros, tres farmacéuticos, médicos, empleados de Ruiz y varias empresas. El montante total del colectivo que él representa está en torno a los 6 millones de euros.

«El señuelo o argumento de venta que hacían es que el oro nunca fluctúa como el Euríbor y no tiene tanta volatilidad como, por ejemplo, las inversiones en bolsa, y que estaba siempre garantizada su inversión inicial, por lo que era ultraseguro», explica Ortiz.

Sin embargo, denuncia que «Gabriel Ruiz, junto a su equipo de confianza, formado por altos directivos y familiares, en vez de emplear el dinero en la compra de metales, presuntamente lo enviaban a paraísos fiscales». 

«Y el oro, como tal, que garantizaba la inversión, en vez de comprarlo en el mercado de metales de Hamburgo (Alemania), se encargaba a una herrería que les fabricaba lingotes de oro falsos, de fragua de hierro y pintados de amarillo con spray, del mismo tamaño, forma y peso de un lingote. Y después se lo llevaban las empresas de seguridad Prosegur y Lumis metidos en sacas», añade.

Según explica el socio-director de Bufete Ortiz Abogados, en una orden de entrada y registro, se descubrieron los lingotes falsos en la casa de Gabriel Ruiz, metidos en una cámara acorazada, y también en las de las empresas de seguridad.

María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción 3. (Imagen: AJFV)

Primero acudió a la vía Civil

Inicialmente, José Luis Ortiz no optó por la vía penal, porque no sabía que «esto era una estafa piramidal, sino que presentó demandas civiles por vicio/error en el consentimiento, del artículo 1.265 del Código Civil, en relación con el 1303.

«Pensábamos que esto era como las preferentes: Que el cliente había sido inducido a error al prestar el consentimiento, porque le habían vendido una inversión diferente a la que realmente creían estar comprando. Vendían oro cuando realmente era hierro pintado», apunta Ortiz.

A este letrado lo que le «abrió los ojos» fue que tras ganar las primeras tres sentencias en la vía civil, en algunas de las cuales ni se personó Sempi Gold, declarándose en rebeldía procesal, cuando las intentó ejecutar, la sociedad había desaparecido del tráfico mercantil y cerrado sus 22 delegaciones a cal y canto. «Saltaron todas las alarmas cuando vimos que no había forma de cobrar y que en algunas de las demandas ni siquiera se habían tomado la molestia de oponerse, porque no tenían nada que perder ya que la sociedad estaba ya totalmente descapitalizada», expone.

El Juzgado de Mallorca que tenía una querella por este caso desde 2021, al personarse perjudicados de toda España, de oficio se inhibió a la Audiencia Nacional. Ortiz presentó la querella en abril de 2022 y se adhirió al auto en el que se declaró competente la magistrada María Tardón.

«A día de hoy seguimos sin saber la trazabilidad del dinero, a dónde ha ido a parar la friolera de 40 millones de euros. Y prueba de ello es que siempre que he preguntado al principal imputado, Gabriel Ruiz, sobre el destino de las inversiones, me ha salido por la tangente diciendo que a él también le han robado», concluye.

Fachada de la Audiencia Nacional. (Imagen: E&J)