Inspectores de Hacienda del Estado califican de barbarie el acuerdo entre ERC y PSC que creará en el 2026 un cupo fiscal catalán

Las primeras reacciones al acuerdo entre ERC y PSC para garantizar la presidencia de Salvador Illa, en el que aparece entre otras medidas la implementación un cupo fiscal catalán, no se han hecho esperar. Este acuerdo, que será refrendado este viernes por las bases de ERC, planea crear una Hacienda única en Cataluña que recaude desde el 2026 todos los impuestos.

En un comunicado llegado a nuestra redacción, la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), como representante de un colectivo, “muestra el rechazo frontal y absoluto al preacuerdo alcanzado en el día de ayer sobre la posible “independencia fiscal”, que no es más que un modelo de financiación a la carta para Cataluña, bajo el falaz reconocimiento de una singularidad histórica que lo que pretende es romper con los principios establecidos en nuestra Constitución”.

Este colectivo profesional ya pidió el pasado mes de marzo al Gobierno que aclarase la relación existente con ERC y sobre todo el futuro del cupo catalán. Ahora tienen claro que el cupo catalán  será operativo en abril del 2026, con lo que la Generalitat recaudará el 100% de impuestos, y sostienen que este acuerdo es inconstitucional y puede romper la unidad total del país.

La soberanía fiscal de Cataluña es «inconstitucional», supondría la desaparición de la Agencia Tributaria de ese territorio, con su consiguiente fraccionamiento, deterioraría la lucha contra el fraude fiscal y conllevaría una sustancial merma de los servicios públicos al socavar el actual sistema de financiación autonómico basado en la solidaridad entre territorios. Así lo concluye la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) en un detallado informe que evalúa las consecuencias de la soberanía tributaria de Cataluña, al que ha tenido acceso Economist & Jurist.

Los Inspectores de Hacienda del Estado solicitan por todo ello al Gobierno que la AEAT «no se convierta en moneda de cambio» en unas negociaciones cuyo objetivo principal es lograr la independencia fiscal de Cataluña. Esperan que los miembros del Gobierno sean más claros en sus planteamientos hasta la fecha donde no han descartado esta posibilidad.

El fraccionamiento de la AEAT supondría la quiebra de la trayectoria de dicho organismo desde su creación, que ha logrado un gran prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional, iniciando «un camino sin retorno en sentido contrario, y sin conocerse ni un solo beneficio de las medidas que se pretenden adoptar», alerta.

Para José María Peláez, vocal de la entidad, “esta pretendida independencia fiscal no está contemplada ni en la Constitución, ni en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni en la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), que son las normativas que regulan relaciones de orden tributario y financiero entre el Estado y la Generalitat, y violaría los principios de igualdad (artículo 14, de la CE), de prestación de servicios mínimos esenciales y de solidaridad entre comunidades con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales (artículo 158 de la CE).

Jose Maria Pelaez, Ana de la Herran y Teresa de Benito creen que el cupo catalán es incostitucional rompería la AEAT. (Imagen. E&J)

Por su parte, la presidenta de la asociación de inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, ha subrayado  que si para salvar esta situación se optara por reformar la LOFCA para dar una «especialidad» a la financiación catalana, constituiría «un fraude de ley», ya que daría un privilegio prohibido por la Constitución a una región del régimen común.

El vocal de la asociación Peláez añade que tampoco la normativa catalana incorpora «ninguna especialidad que pueda amparar esta petición», ya que el Estatut está «en consonancia plena y total con la Constitución» en materia de financiación.

Respecto a la figura del Consorcio entre el Gobierno y la Generalitat, del que ha hablado Pedro Sánchez y el propio Salvador Illa,  se hace referencia en el Estatuto, pero sólo está previsto como forma de colaboración para los tributos parcialmente cedidos, pero nunca puede amparar la cesión a Cataluña del 100% de los impuestos recaudados en dicho territorio, que incluiría también los impuestos estatales no cedidos.

“Así, el consorcio tampoco tendría amparo ni en la Constitución ni en la LOFCA. Por lo tanto, no existen motivos diferentes a los políticos para la creación de un consorcio, señalan los inspectores de Hacienda”, comentó el propio Pelaez.

Según explica la presidenta de esta asociación, la preocupación es máxima entre los inspectores de Hacienda. El plan planteado por el Govern catalán supone tener plena capacidad normativa en los impuestos y procedimientos tributarios, traspasar la gestión y recaudación de los tributos generados en Cataluña y disponer de la totalidad de recursos impositivos.

Difícil gestionar IVA y Sociedades

Los inspectores han explicado que existen tributos, como el caso del IVA, en los que su naturaleza hace imposible una gestión descentralizada del mismo. «Es más, las tendencias internacionales en este impuesto abogan cada vez más por una gestión en un sólo país miembro y el reparto de recaudación entre los Estados», comentan.

Otros tributos se consideran «muy difícilmente consorciables», como los que recaen sobre el comercio exterior, el impuesto sobre la renta de no residentes y el Impuesto sobre Sociedades. Los dos primeros por estar íntimamente relacionados con la actividad exterior del Estado y regulados por normas no estatales, mientras que en el caso del Impuesto de Sociedades, las diferencias de gestión pueden implicar fácilmente deslocalizaciones.

Este pacto fiscal para recoger la «singularidad catalana» sería un «hito en la resolución del conflicto» catalán, apuntó Aragonès, y permitiría a la Generalitat recaudar 52.000 millones de euros, casi el doble de lo que ingresa actualmente, 25.600 millones, lo que crearía una situación de privilegio frente al resto de comunidades. En contrapartida, la menor contribución fiscal de Cataluña por la creación de un cupo catalán socavaría el actual sistema de cohesión social: Cataluña es el tercer gran aportante de la caja común.

Cataluña considera que no hay un privilegio porque cualquier comunidad podría solicitar la singularidad, pero excluye que estaría lastrando la cohesión social entre todas las comunidades autónomas. «¿Qué singularidad tiene? Sí, que es una de las más ricas de España, pero eso no justifica su independencia fiscal», insiste José María Peláez.

Las declaraciones de miembros del Gobierno como Maria Jesús Montero, ministra de Hacienda no han tranquilizado a los inspectores de Hacienda. (Imagen: Borja Puig de la Bellacasa/Moncloa)

La Generalitat justifica la singularidad con los agravios que genera a su comunidad el modelo de solidaridad entre comunidades, pero los expertos coinciden en que las deficiencias afectan a varias regiones y, por lo tanto, lo que requiere es una mejora, no la salida de uno de los aportantes.

En concreto, «Cataluña representa el 20% del PIB. Si deja de dotar de fondos al Estado, la traslación es que los ciudadanos estarán peor financiados y recibirán peores servicios públicos», añade Peláez. ¿Qué comunidades podrían pedir una hipotética singularidad? Aquellas que aportan fondos al Estado para redistribuir entre otras comunidades autónomas: Madrid, Baleares y Cataluña. El resto sólo se verían aún más perjudicadas por este modelo.

El Estado perdería 3.000 millones de la lucha contra el fraude

La cesión de la recaudación provocaría el fraccionamiento de la Agencia Tributaria y produciría graves perjuicios en la lucha contra el fraude fiscal, así como problemas en la recaudación tributaria comento Teresa Benito, vicepresidenta de la etidad

La creación de una Agencia Tributaria catalana supondría romper varias líneas rojas: se perdería el sistema único de información para luchar contra el fraude fiscal; la tendencia de europea es contraria al fraccionamiento de la inspección; generaría problemas ante la existencia de diferentes planes de control de la Agencia Tributaria

Al mismo tiempo, destaca que dificultaría los problemas en la lucha contra las tramas del IVA y en la lucha contra el fraude organizado; ocasionaría problemas de deslocalización de empresas al fraccionar la gestión de los impuestos sobre el consumo; haría más difícil controlar las empresas multinacionales (en España 124 multinacionales que facturan más de 750 millones de euros anuales, que tienen 14.700 filiales, de las que 9.800 son extranjeras) y la inspección de grandes patrimonio, entre otros perjuicios.

La consecuencia de todos los problemas mencionados anteriormente es que «resultaría muy difícil seguir la senda de los brillantes resultados obtenidos por la Agencia Tributaria en los últimos años, que solamente en las actuaciones de control de los tributos internos han ascendido a más de 15.000 millones de euros anuales. Alrededor de 3.000 millones corresponden a Cataluña”, recuerda Benito.

Los regímenes forales de País Vasco y Navarra, previstos en la Constitución, ya suponen un «agujero negro» en materia de información a efectos de lucha contra el fraude, subraya Peláez, una deficiencia que se subsana porque suponen alrededor del 6% o el 7% del PIB, pero Cataluña supone el 20 % del PIB, por lo que su salida de la Agencia tendría «una repercusión muchísimo mayor».

También se vería afectada la plantilla de trabajadores de la Agencia Tributaria, que asciende a unas 25.909 personas, de las que prestan sus servicios en Cataluña alrededor de 5.000, que ya están mostrando nerviosismo, según la asociación. Teniendo en cuenta que en los próximos cinco años se jubila una cuarta parte de la plantilla de la Agencia -otros 5.000 o 6.000 funcionarios-, la Agencia Tributaria «realmente se vería en muchas dificultades para lograr los objetivos y la eficacia que está consiguiendo actualmente», señala el vocal de la Asociación de Inspectores, José María Peláez.