Juristas e interinos piden a la Comisión Europea mayor contundencia para sancionar la inacción del Gobierno

Los interinos en nuestro país no solo están, muchos de ellos, en fraude de la temporalidad (con lo que se vulnera la cláusula quinta de la directiva 1999/70), sino que tienen menos derechos que los trabajadores fijos, según se desprende del segundo procedimiento que abre la Comisión Europea a nuestro Gobierno recientemente.

Según explica el blog de Apiscam, colectivo informático en fraude de ley en la Comunidad de Madrid, Bruselas tiene dos procedimientos desde hace diez años. Por un lado, el procedimiento de infracción 2014/4224 [INFR(2014)4224] en cuanto a discriminación de los temporales con los fijos, que es el que hace unos días la Comisión Europea ha decidido enviar una segunda carta de emplazamiento adicional y le pide al Gobierno una solución en dos meses.

Por otro lado, el procedimiento de infracción 2014/4334 [INFR(2014)4334] sobre incumplimiento de la cláusula 5ª sobre el abuso de temporalidad de la citada directiva, 1999/70. Este último, tras la denuncia múltiple abierta sobre el abuso de duración de temporalidad en empleados públicos españoles (CHAP(2013)01917). A este respecto, el Gobierno aprobó la Ley 20/2021 para frenar la temporalidad y los procesos de estabilización, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dicho recientemente que no es una medida contra el abuso.

En este contexto, hace unos días el diputado de Sumar por la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, explicaba a Economist & Jurist que ha planteado una pregunta en el Congreso de los Diputados por el futuro de este millón de interinos en fraude de ley: «El problema es el PSOE, que no quiere hacer esa reforma. Nosotros, desde Sumar, lo tenemos claro: que deben ser trabajadores fijos. No es lógico que los principios nacionales frenen el cumplimiento de sentencias comunitarias».

Jorge Pueyo, diputado de la Chunta Aragonesista adscrito a Sumar, ha preguntado al Gobierno cómo va a resolver el tema de los interinos y su fraude de ley. (Imagen: Congreso de los Diputados)

Para este político, «las sentencias del TJUE han dejado claro que la figura del indefinido no fijo no resuelve esta situación de precariedad. Preguntamos al Gobierno cómo piensa arreglar la situación: la directiva 1999/70 no se ha traspuesto desde el 2001. Como abogado que soy, judicializar el conflicto, como parece que se deduce de las palabras de Escrivá, no es la solución. Al mismo tiempo, los procesos de estabilización no están funcionando. En Aragón, el Gobierno del PP para llegar a la cuota de 8% de temporalidad anuncia más despidos de interinos».

Desde Sumar, la idea que han manifestado sus diputados en distintas intervenciones en el Congreso y declaraciones en los medios es apostar por la fijeza del colectivo en fraude de ley: profesionales, casi todas mujeres, con una edad avanzada, que están siendo cesados, en algunos casos, sin indemnización. «Hay que aplicar la normativa europea por encima de la legislación nacional para que se pueda transponer la directiva 1999/70. Va a ser difícil si no se hacen reformas, que ahora pide la Comisión Europea, para llegar al 8% de temporalidad».

Las reformas son inevitables

Javier Arauz, abogado que está personado en el procedimiento de infracción más antiguo, reflexiona que “la UE es una unión de Estados y se mueve en función de esos intereses. No es una unión de ciudadanos, y quizás por eso cuestiones como este tema están casi paralizadas. No es tan dura con el Gobierno español como debiera ser, pese a que hay más de un millón de interinos en la función pública en fraude de ley. Este tema, que ahora la Comisión Europea (CE) considera menor, es significativo frente a la situación de abuso que sufren”.

Desde su punto de vista, “este procedimiento se desgaja de dicho procedimiento abierto hace diez años y plantea el tema de la igualdad. Se ha pedido que se activasen los dos procedimientos de infracción abiertos por vulnerar la cláusula Quinta de la directiva 1999/70, y la CE no ha hecho nada. Hay uno del 2014 y otro que se acumuló. Ahora ha sacado el tema de igualdad, pero la clave está en el otro procedimiento. Estos incumplimientos son inaceptables en un país como el nuestro”.

Javier Arauz cree que es inevitable que el Gobierno haga las reformas que pide Bruselas: «No se puede judicializar el tema». (Imagen: Cesión propia)

A su juicio, “con este procedimiento queda claro que España incumple el principio de igualdad, clave en las libertades y derechos fundamentales, en este caso a nivel laboral, que discrimina a los trabajadores temporales frente a los fijos. Estamos muy lejos de lo que debe ser una participación y un proyecto común que es la UE. El problema es que, con los meses que da de plazo para hacer las reformas, nos vamos a octubre. Y el otro gran problema es nuestro Gobierno, muy paralizado y con pocos apoyos en las Cortes”.

Desde su perspectiva, “es complicado que tome decisiones en este contexto de tanta precariedad. Creo que el Gobierno debe ser valiente y proponer una transposición íntegra de la Directiva 1999/70, que lleva veintiún años sin trasponerse en nuestro país, pese a que tenemos suficientes sentencias en el ámbito laboral y contencioso para hacerlo. Se trata de abordar la estabilización del personal en fraude y evitar su discriminación laboral al mismo tiempo”.

A juicio de este jurista, “los gobiernos de PP y PSOE últimos son los culpables de este abuso de la interinidad y tampoco han logrado encontrar una solución hasta el momento actual. Ahora, el Gobierno de Sánchez, ante la presión de la UE, debe tomar cartas en el asunto. Escrivá no haría las reformas, pero son necesarias para arreglar este tema. Sorprende que en aquel momento, tras la sentencia del TJUE de 13 de marzo, Bruselas no interviniese de inmediato”.

Arauz recuerda que “los reconocimientos de los derechos de los ciudadanos han venido de Europa. Así hemos tenido sentencias sobre cláusulas abusivas, cláusulas suelo, nulidad de contratos, abusos cometidos por empresas y administraciones; todo ha venido de Europa porque nuestra legislación era incapaz de resolver estas cuestiones. Ya va siendo hora de que España dé un paso adelante y demuestre que es uno de los líderes europeos que protege los derechos y libertades de los ciudadanos a todos los niveles”.

En su opinión, “los datos de CSIF que hablan de un 29% de temporalidad revelan que hay algo que no se está haciendo bien. Podría ser incluso más elevado. Son niveles insostenibles. La ley 20/2021, en casi tres años en vigor, no ha reducido la temporalidad y el fraude en la contratación. El compromiso con Europa de reducir esta ratio al 8% no creo que sea posible en los próximos cuatro meses que quedan del año. Nos jugamos Fondos Europeos, por cierto”.

Representantes de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal entregaron un documento en la oficina de la UE en Madrid, denunciando su indefensión. (Imagen: CEPPT)

Bruselas es parte del problema

Gerardo Pérez, abogado en Santa Cruz de Tenerife y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, lleva distintos asuntos sobre este colectivo. Ahora nos explica que los TSJ de Canarias, a nivel de jurisdicción social, siguen al Supremo y están suspendiendo asuntos. Este jurista, como tantos otros, no entiende cómo, después de diez años de un procedimiento de infracción abierto, no tengamos noticias del avance. “La situación es grave; el gobierno no quiere hacer reformas, los jueces no cumplen las sentencias últimas del TJUE, y ahora esta notificación”.

Para este jurista, “el anterior expediente era por la vulneración de la cláusula quinta de la directiva, y esta es por la cuarta. Estamos hablando de apartados distintos de la directiva 1999/70. Lo que no es posible es que la Comisión tarde tantos años en resolverlo. Mientras tanto, mucha gente se va a la calle y otros desisten. Sorprende la lentitud de resolver este tipo de asuntos. También parece que las directivas son más ineficaces y generan más problemas que soluciones. Lo mejor hubiera sido hacer un Reglamento”.

Gerardo Pérez, como otros expertos, le pide a la Comisión Europea más contundencia con estos temas: «La gente está siendo cesada y esto es intolerable». (Imagen propia)

Desde su punto de vista, “la directiva es una fuente de problemas, y si encima el mecanismo de control tarda más de una década, está realmente fallando y no hay coordinación entre el ordenamiento comunitario y el interno. Ahora, un mes después, tras las dos últimas sentencias del TJUE y las declaraciones del ministro Escrivá en contra de reformar la ley, llega esta nueva notificación de la Comisión Europea. Esta tiene que ver más con la desigualdad de trato dentro del empleo, pero tiene que ser más diligente en su ejecución, sobre todo ante la situación que hay en nuestro país”.

En su opinión, Gerardo ve la falta de eficacia de Europa como uno de los elementos que ha ayudado a que el problema crezca. “Es evidente que hay argumentos jurídicos de peso para arreglar esta situación, pero también vemos que hay otros factores más políticos que determinan que esos argumentos jurídicos acaben diluidos o en papel mojado”. En este contexto, es de todos sabido la buena relación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

A juicio de este experto, “el Gobierno de Sánchez ya no tiene más excusas para hacer las reformas que le ha pedido el TJUE en las dos recientes sentencias que hemos conocido. Ahora la Comisión se lo ha vuelto a pedir porque esa normativa genera discriminaciones entre los trabajadores fijos e interinos. Además, la temporalidad sigue creciendo y los procesos selectivos se hacen en cada CCAA sin criterios parecidos y sin sacar el total de las plazas en abuso. El principal problema es que la Directiva 1999/70 no está traspuesta, con lo cual no hay forma de controlar el abuso ni existe un régimen sancionador”.

Desde su punto de vista, se observa “una notable resistencia de distintos tribunales a trasponer las sentencias del TJUE. Eso está vaciando de contenido el artículo 4 bis de la LOPJ, donde se indica que lo relativo a la UE a nivel normativo debe aplicarse según señala el TJUE. Ante la inacción de jueces, tribunales y poderes públicos, la inacción cunde en el colectivo de interinos en fraude de ley. Al mismo tiempo, hay algunos sindicatos que no sabemos a qué trabajadores defienden realmente”.

21 años sin trasponer la directiva 1999/70

Desde Vigo, Fabián Valero, socio fundador de Zeres Abogados, despacho que gestiona expedientes de interinos en toda España, sobre todo a nivel universitario, docente y sanitario, donde ha conseguido sentencias importantes, revela sobre este pronunciamiento de la Comisión Europea que “hablamos de otro procedimiento sobre la discriminación de los interinos en las condiciones de empleo. Los interinos tienen menos derechos que los fijos; aquí lo que se señala son los problemas que el colectivo tiene en cuanto a carrera profesional, pedir una excedencia, o concursos de traslados”.

Este experto nos indica que “el asunto viene de atrás, ya que se le había dicho a España que existía ese problema y que debía cambiar la normativa. Ahora han vuelto a la carga, pero no sabemos si ha sido de oficio o por alguna denuncia que hayan recibido. Creo que este pronunciamiento nos viene bien para el otro tema de fraude en la contratación, que sigue abierto desde hace diez años. Hasta ahora, el espíritu de las sentencias de los tribunales, TS, es que el interino es una especie de afortunado que está ahí sin tener que opositar, cobrando lo mismo que un fijo. Ahora dice Europa que este colectivo está en peores condiciones que los trabajadores fijos”.

Fabián Valero advierte que llevamos 21 años sin trasponer la Directiva 1999/70, que reconoce los derechos de los interinos españoles. (Imagen: Zeres Abogados)

A su juicio, “la Comisión Europea debe ser más diligente a la hora de resolver este tipo de procedimientos de infracción, sobre todo cuando vemos que en nuestro país no hay demasiado interés en cambiar la normativa y hacer las reformas que el TJUE y ahora la CE reclaman a nuestro Gobierno, porque a la situación de fraude en la temporalidad hay que añadir que los interinos tienen menos derechos que los trabajadores fijos. Habrá que ver si en los próximos dos meses, octubre más o menos como fecha, se produce algún cambio normativo, pero es difícil por la situación política por la que pasa el país”.

Desde su punto de vista, “la inestabilidad política en nuestro país está ahí. Muchos de los derechos de este colectivo se están ganando a golpe de sentencia, como podemos ver en los últimos diez años. Pero es fundamental una reforma normativa que consolide al millón largo de trabajadores interinos en fraude de ley; muchos de ellos llevan más de diez años en una inestabilidad laboral clara porque no tienen un puesto de trabajo fijo pese a llevar años trabajando”.

En este contexto, reconoce que él, como otros juristas, “estamos pendientes de los próximos pasos de la Sala Tercera del Supremo. Sabemos que, por vez primera, va a estudiar a fondo el tema de la fijeza de estos profesionales en fraude de ley o de que tengan una indemnización disuasoria en caso de cese. Hasta ahora, su doctrina, en los pocos casos que han admitido y valorado, se centraba en reconocer la situación de fraude, pero sin que el trabajador pudiera tener una medida contra este abuso. Ahora puede pasar cualquier cosa”.

Para Valero, “en esta situación actual que hay en nuestro país, con la temporalidad rozando el 30% y los procesos de estabilización muy lejos en las diferentes CCAA, al Gobierno no le quedan excusas para hacer una reforma de la temporalidad en nuestro país. Llevamos 23 años sin abordar dicha reforma ante una directiva 1999/70 que se aprobó y que, por distintas circunstancias, no se ha llevado a cabo en nuestro país. Tenía que estar traspuesta en el 2001 y no hay visos de solución. Veremos qué hace Bruselas en esta situación”.