Recta final de los procesos de estabilización de interinos: los abogados no creen que la temporalidad baje del 20%

El panorama es desolador. Los procesos de estabilización se siguen desarrollando en todo el territorio nacional al amparo de la Ley 20/2021 aprobada para ello y que el TJUE ya indicó en algunas de sus últimas sentencias que no era solución para el abuso.

Con la llegada de septiembre se reactivan los mismos y los miles de procesos judiciales abiertos por la situación del millón de interinos en fraude de ley en nuestro país. Europa pide que al final de este año la temporalidad se reduzca al 8% pero no será fácil.

En este escenario varios expertos en materia de defensa del colectivo en materia de temporalidad explican a Economist & Jurist el escenario que puede llegar en los próximos meses. De un lado una mayor judicialización porque confluyen las impugnaciones de procesos judiciales y convocatorias con las reclamaciones judiciales que muchos profesionales en fraude de ley han interpuesto para lograr al menos una indemnización que compense su situación en fraude en los últimos años.

Queda por saber si el Gobierno de Pedro Sánchez, en el que se da por hecho que José Luis Escrivá se irá al Banco de España como nuevo Gobernador, a través del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, haga algún movimiento para estabilizar a una parte de interinos en fraude de ley desde hace años. Bruselas lo ha pedido como medida necesaria y sería la solución más sencilla hacer fijos a estos profesionales.

La otra solución vendría por los tribunales y la vía indemnizatoria, cuestión a la que el Tribunal Supremo se apunta desde su cuestión prejudicial, pero el coste es muy elevado para muchas administraciones.

El Gobierno, con su hasta ahora ministro de Función Pública, José María Escrivá, se ha puesto de perfil en este tema. (Imagen: La Moncloa)

La maraña judicial es enorme

Gerardo Pérez, abogado en Santa Cruz de Tenerife y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, cree será difícil llegar a lo planteado por el Gobierno en colaboración con Bruselas de reducir la temporalidad al 8%: “Soy pesimista en este tema concreto. Se esta luchando en dos frentes, uno en el ámbito político y parlamentario, donde debería haber un cambio radical de planteamiento del Gobierno, pero parece que en ese ámbito no se hará nada pese a que Bruselas amenaza con abrir otro expediente sancionador, como hemos conocido”.

Junto a dicho frente político, Gerardo ve otro frente judicial: “Estamos a la espera en el ámbito laboral de que se conteste a la cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Social del Supremo, mientras que la Sala Contenciosa parece que va a volver a pronunciarse una vez que volvió a admitir recursos de casación sobre ese tema y que podría replantear su postura. Habrá que ver realmente qué es lo que deciden y si empiezan a resolver a favor de los interinos. Al final no creo que el plazo del 31 de diciembre para estabilizar al millón de interinos en fraude de ley se cumpla realmente”.

Gerardo Pérez es pesimista sobre la estabilización de todos los interinos. Cree que se quedará sobre el 20% del total. (Imagen: Cesión propia/ E&J)

Desde esta perspectiva Pérez indica que “no llegaremos al 8% ni tampoco van a estar todos los procesos de estabilización finalizados. Al mismo tiempo, de los finalizados muchos no serán firmes porque han sido recurridos en la vía judicial y porque a esa fecha no vamos a llegar a reducir la temporalidad. Al margen de todo esto es un dato a tener en cuenta que la Directiva 1999/70 sigue sin trasponerse. Dar una cifra es difícil de donde va a estar la temporalidad en el sector público el próximo 31 de diciembre, pero podría estar entre el 18% y el 20% por lo que estamos viendo”.

En su opinión “tenemos que ser conscientes de que ya el TJUE en sus últimas sentencias señaló que los procesos de estabilización de esta Ley 20/2021 no resolvían el problema de la temporalidad porque no eran la sanción que se demandaba para ello ni para frenarla. El problema es que estamos en un laberinto jurídico y judicial de una complejidad importante en donde se han impugnado las ofertas de empleo público por las plazas que se han sacado; cuales por concurso o por concurso oposición. Además se han impugnado las convocatorias donde las baremaciones establecidas no priman al trabajador en abuso de temporalidad”.

Al margen de estas cuestiones, Gerardo Pérez recuerda que “hay miles de procedimientos judiciales en los que individualmente los trabajadores reclaman por estar en abuso de temporalidad y esperan que los tribunales se pronuncien sobre cuál va a ser la compensación, si indemnización o fijeza. La maraña de pleitos es notable, y los jueces tienen que decidir sin que exista una norma interna clara porque no está traspuesta la Directiva 1999/70. El concepto de inseguridad jurídica se plasma con el abuso de la temporalidad que se mantiene en nuestro país desde hace muchos años”.

Desde su punto de vista “la situación es más compleja que antes. Hay algunas administraciones locales que van a estabilizar a una gran parte de sus trabajadores en fraude de ley. También Cataluña está en ratios del 90%, eso significa que la estabilización se puede hacer con voluntad política. En Canarias tenemos de todo, hay ayuntamientos que lo han hecho bien y han estabilizado las plazas, en todo lo que tiene que ver a nivel estatal, pero en materia de educación es un desastre absoluto. El Real Decreto-ley 270/2022, en el que el Estado imponía una baremación homogénea en todo el territorio ha desnaturalizado estos procesos de estabilización”.

La temporalidad se cronifica

Beatriz González, abogada experta en Derecho Administrativo, con despacho en Madrid desde donde ha llevado en los últimos años ciento de casos de profesionales en fraude de ley, cree que el escenario se ha clarificado bastante en estos últimos meses tras las dos últimas sentencias de febrero y junio del TJUE en materia de abuso de temporalidad. “Sin embargo, el Tribunal Supremo y su Sala de lo Social volvió a elevar una nueva cuestión prejudicial. No nos queda otro remedio que esperar a dicha cuestión para conocer la resolución final de esta problemática que afecta a casi un millón de profesionales en fraude de ley”.

Desde su punto de vista “está claro que no era necesaria esa prejudicial porque lo que preguntaba el Supremo ya lo contestaba el TJUE en varias ocasiones. También es cierto que el Supremo y su Sala Contenciosa, hasta ahora reacia a reconocer el fraude, ha admitido distintas casaciones en la materia. Están admitidos a trámite y quiero pensar que el Supremo cuando ya tiene una sentencia de unificación de doctrina en la materia y ahora admite estos recursos es porque se plantea un cambio en sus planteamientos sobre este asunto”.

Beatriz González constata que hay muchos procesos impugnados y profesionales cesados: «No acabaremos en el 2024». (Imagen: Cesión propia/ E&J)

Para esta experta en abuso de temporalidad “es previsible que cambie este escenario. No podemos olvidar que los interinos, y los abogados que los defienden, llevamos desde el 2012 en esta batalla judicial por reconocer derechos. En aquel año empezamos por los jueces sustitutos, que siguen su lucha porque es un colectivo con una precariedad muy elevada. Europa ha repetido sus tesis de que la Ley 20/2021 no soluciona la temporalidad pero por el momento el Gobierno y los jueces hacen caso omiso a ello, con lo cual el escenario es complejo”.

En cuanto al acuerdo al que llegó nuestro Gobierno con la Unión Europea para rebajar la temporalidad al 8%, donde hay fondos europeos de por medio, Beatriz no es demasiado optimista y cree que al final nos vamos a quedar en un 20%: “En muchas administraciones ya están concluyendo, aunque hay algunas rezagadas como es el caso de Asturias o Aragón que están muy alejados de lograr concluir estos procesos de estabilización para estos profesionales en fraude de ley. Es difícil que antes del 2025 se logre. El problema de la temporalidad no tiene una solución por el momento”.

Para esta jurista “es inaceptable la posición del Gobierno de España que sigue esperando acontecimientos en cuanto a un cambio legislativo necesario porque ni la Ley 20/2021 ni los procesos selectivos son solución al abuso. Los datos que ofrece de estabilización no son correctos. El porcentaje de profesionales en abuso o que ya han cesado porque no han superado los procesos selectivos es elevado. La temporalidad sigue siendo un problema, no es de fácil solución. Ahora hay una oleada de nuevos temporales en fraude, que fueron nombrados antes de la Ley 20/2021 y que ya están en abuso”.

En su opinión “hay que coger el toro por los cuernos y buscar una solución a este gran problema. Tiene que haber una voluntad del Ministerio de Escrivá de estabilizar todas esas plazas en fraude o la temporalidad seguirá siendo un problema serio que aboca a muchos profesionales, mujeres de cierta edad a la exclusión social por su dificultad de encontrar otro trabajo. Nosotros hemos mandado a la Comisión Europea un escrito explicando la situación del colectivo en España. No hay ánimo de Escrivá de modificaciones legislativas que resuelva este gran problema de la temporalidad”.

La situación se va a complicar más

Desde Vigo, Fabian Valero, socio director de Zeres Abogados, despacho que ha logrado sentencias importantes tanto en el ámbito universitario como sanitario en materia de trabajadores interinos en fraude de ley afirma que “la situación es muy compleja y es previsible de que aquí a fin de año asistamos a una mayor judicialización. Se acaban estos procesos de estabilización, que fueron impulsados por la Ley 20/2021 y que el TJUE en su última sentencia de junio dijo que no eran solución para el abuso”.

A su juicio, se van a producir dos tormentas complementarias “la tormenta de los que obtengan plaza y reclamen indemnización por haber estado en abuso de temporalidad, conforme la sentencia que Zeres ganó ante el TSJ de Galicia y que la Universidad de Vigo recurrirá ante el Tribunal Supremo. Y junto a ella las reclamaciones de los interinos que serán cesados por no conseguir plaza. Me temo que mucha gente de los que no han aprobado estos procesos, consigan plaza o no van a reclamar. De aquí a fin de año la situación se va a complicar mucho más”.

Fabián Valero recalca que la situación esta muy judicializada: «Parece que los tribunales irán por la indemnización en lugar de la fijeza», y cree que a fin de año se llegará al 25%. (Imagen: Cesión propia/ E&J)

Este jurista recuerda que “seguimos con la incertidumbre de la situación actual; el Tribunal Supremo sigue sin pronunciarse, el Gobierno no hará reforma a pesar de que Bruselas se lo ha dicho recientemente por otra carta de emplazamiento. Ya lo último sería que la Sala Contenciosa del Supremo, que parece va a cambiar de criterios sobre el colectivo de interinos que ocupa plaza de funcionarios, pudiera presentar otra cuestión prejudicial. Europa pide que estemos en un 8% de temporalidad a final de este 2024, es difícil saber como vamos a acabar este año pero vamos a estar entre el 25 y 30 ratio de temporalidad como mucho el año que viene”.

La explicación para este jurista es sencilla: “El problema es cómo se han organizado estos procesos selectivos; sabemos de algunos interinos que han participado en algunos procesos selectivos, puede que consigan varias plazas. Al final lo que va a suceder es que toman posesión de una, que tres meses después se resuelve otra convocatoria, piden la excedencia en la otra y se cogen la otra plaza que las interesa más. Eso va a generar que habrá un montón de plazas que van a quedar vacantes por esta cuestión, sobre todo en la Administración autonómica o Administración general del Estado”.

Desde su punto de vista, “el grave problema de abuso de la temporalidad en nuestro país no se va a resolver en España. Ya lo dijo el ministro Escrivá hace una semanas: el Gobierno no hará nada, y le pasa la patata caliente a los jueces; por su parte, los tribunales, salvo que venga una sentencia europea más contundente todavía, van a apostar por indemnizaciones de 33 días por año trabajado, o si se produce la aplicación de la Carta Social Europea, esa indemnización junto a otra adicional”.