Nuevos tiempos y viejas reivindicaciones: los abogados de familia siguen su lucha para profesionalizar los juzgados

Vuelta a la normalidad tras el parón de agosto para los cientos de abogados de familia que hay en España. En algunos casos las parejas tras la convivencia han tomado la decisión de divorciarse. Desde Almería, Sabina Galdeano, abogada y miembro de la Junta Directiva de AEAFA, asociación mayoritaria con más de 2700 afiliados, explica a Economist & Jurist el panorama que se avecina que implica a jueces, abogados de familia y clientes.

Como telón de fondo la reivindicación de que se cree una sección de familia, infancia y discapacidad en los 431 tribunales de infancia que acompañan a la ley de eficiencia procesal. El pasado mes de marzo, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, hizo el anuncio de dicha iniciativa ante la sorpresa de unos y el escepticismo de otros.

Con posterioridad, en junio hubo en el Congreso de los Diputados un encuentro organizado por los colegios de Abogados de Madrid y Barcelona, con el apoyo de AEAFA y de la Plataforma Familia y Derecho para ahondar en el tema. Las reuniones de trabajo se han sucedido entre Ministerio y AEAFA, pero aún no hay nada resuelto sobre esta cuestión.

Para esta jurista, “la abogacía de familia no da tregua. Es una materia cambiante y los abogados tenemos que ver en qué podemos mejorar». Respecto a esta reivindicación histórica, Sabina Galdeano es consciente, como lo son los miembros de esta y otras Juntas directivas, de la necesidad que “todos los tribunales tengan esa sección de familia, infancia y discapacidad”.

A su juicio, “es fundamental que esta iniciativa dote de una mayor igualdad a los ciudadanos». «Se trata de evitar la justicia de dos velocidades y dos calidades dependiendo de donde viva el ciudadano”, indica.

En ese improvisado mapa de España, nuestra interlocutora nos recuerda que “hay zonas del país con esos juzgados de familia frente a otra donde hay juzgados mixtos, donde no solamente los tiempos son más dilatados que en los citados juzgados de familia, sino que también, lamentablemente, los jueces no cuentan con la formación especifica necesaria para poder llevar de forma adecuada un asunto de familia. Esta es la gran reivindicación”.

Para esta experta en relaciones familiares, “el gran problema que tenemos sobre la falta de esta jurisdicción de familia repercute en los propios menores de esas parejas afectadas. En esos juzgados mixtos puede tardar dos años para que se resuelva su asunto, y en esos dos años es posible que no se fije una pensión de alimentos de forma clara por el juzgado, pese a que luego la sentencia puede que tenga efectos retroactivos, pero esos dos años sino hay esas medidas provisionales esos niños pueden tener problemas de subsistencia”.

Sabina Galdeano, miembro de la Junta directiva de AEAFA, reflexiona en E&J sobre los temas pendientes de la abogacía de familia. (Imagen: AEAFA)

Jurisdicción de familia necesaria

Desde su punto de vista, “es fundamental que los poderes públicos sepan cómo afecta a la sociedad el que no haya esa jurisdicción de familia. Para que dicha jurisdicción funcione debe ir avalada por una suficiente dotación presupuestaria, Si convertimos los juzgados existentes en juzgados de familia, que será un gran avance, harán falta más juzgados para evitar que las dilaciones en familia retrasen algunas resoluciones importantes”.

“La idea de AEAFA, como la de otras asociaciones de familia que persiguen esos fines, es seguir empujando este tema en el Ministerio de Justicia y en las reuniones con los partidos políticos. “Una vez que se creen las secciones, no nos podemos quedar ahí, sino que será fundamental que se creen más juzgados de familia. Hay que seguir luchando porque los procesos de familia crecen y no todos son iguales”, apunta Galdeano.

Otra cuestión que preocupa a la abogacía de familia tiene que ver con la regulación de las parejas de hecho, máxime cuando hay pendiente un fallo del Constitucional que podría cambiar el entramado normativo en Cataluña. “No hay una ley de parejas de hecho en derecho común y hay diferentes regulaciones de las Comunidades Autónomas con efectos jurídicos distintos pendiente de cada comunidad en la que viva esa pareja”, explica.

En su opinión, “el derecho de familia debe recoger la realidad social. Ahora mismo, en derecho común los menores van a estar igual de protegidos si han nacido en un matrimonio que si han nacido en una pareja de hecho, pero los efectos económicos en cuanto a si la pareja esta casada o si no lo está son totalmente diferentes”.

“En la actualidad el numero de parejas de hecho y matrimonio se ha equilibrado mucho. Sobre la resolución de los efectos patrimoniales de esos convivientes no van a juzgados de familia. Van a tribunales ordinarios sin formación específica. Desde esta perspectiva, la regulación de las parejas de hecho es lo que esta pidiendo nuestra sociedad realmente”, destaca.

Otros temas que preocupan al colectivo tienen que ver con que es “es necesario seguir luchando en relación la calidad de una prueba fundamental en los procedimientos de familia como son los informes de los equipos  psicosociales. Cuando en un procedimiento de familia se discute la custodia de los menores, una de las pruebas esenciales es el informe del equipo psicosocial. Este es un informe neutral que hacen los trabajadores sociales o psicólogos adscritos a los juzgados de familia”.

“Sin embargo, al faltar una regulación de cómo debe ser esta prueba, no hay un control sobre su forma de realización. No hay un protocolo de cómo debe realizarse dicho informe, al final depende de la praxis de cada equipo, pero eso genera desigualdad. Tampoco hay un protocolo que regule los requisitos de estos profesionales y su capacitación, eso hace que en comunidades autónomas como Andalucía se contratan equipos expertos sin demasiado control de calidad sobre estos profesionales. Al final no todos estos informes están bien hechos, pese al peso específico que tienen en el procedimiento», detalla.

Manuel Olmedo habló en las ultimas jornadas centrales de AEAFA de impulsar la jurisdicción de familia. (Imagen: AEAFA)

Mejorar equipos psicosociales

Sabina Galdeano señala que también “es necesario mejorar la dotación de medios para que puedan trabajar mejor esos equipos psicosociales, porque ahora estos informes están tardando de seis meses a un año. Esta es una prueba  necesaria que ralentiza tener pronto una sentencia”.

Asimismo, esta abogada de familia resalta que “hay menores que tienen que ser escuchados en los procedimientos de familia. Se trata de que tengan un entorno amigable y poco hostil donde puedan ser escuchados. Casi la mitad de los niños y niñas que tienen que ir al juez lo hacen en la propia sala de vistas y el mismo día que su padre o progenitor tienen el pleito. Están esperando en la misma sala con su padre o madre a que el juez le llame. Esto le genera al menor cierto sufrimiento que hay que evitar”.

Desde su punto de vista, “se trata de proteger a los niños y que en esos asuntos concretos de familia sean escuchados adecuadamente». Junto a esto, «otro de los temas que seguimos reivindicando es una reforma sustantiva y procesal en el derecho de familia. En el caso de las ejecuciones sentencias tenemos una regulación en la ley de enjuiciamiento civil que no es específica para procedimientos de familia y que en muchos casos no nos resuelve nada”, expone.

Sobre esta cuestión, esta abogada recuerda el ejemplo del “incumplimiento del régimen de visitas, al final el progenitor incumplidor podrá ser condenado por un auto que le obliga a cumplir ese régimen de visitas, pero si hemos tardado un año en tramitar ese procedimiento, la ley no contempla la devolución o el resarcimiento al progenitor  que ha sido privado de su hijo durante ese tiempo. Al final necesitamos una ejecución específica para el derecho de familia”.

Otro asunto pendiente que destaca esta jurista “al hilo de la figura del coordinador de parentalidad que introdujo el magistrado Pascual Ortuño es la posibilidad, como ya se utiliza en Cataluña, de integrarla en el derecho común. Hay que darse cuenta de que la resolución de los conflictos que no sean judicial es  buena para las partes. En este tema, como en el de la mediación nos queda mucho en el derecho de familia”, apunta.

En este escenario de conflictividad, desde AEAFA se apuesta por la abogacía preventiva para evitar que el conflicto se convierta en una bola de nieve y se judicialice de forma total. «Desde nuestra asociación trabajamos mucho este tema de la prevención de los conflictos”, comenta Galdeano.

Y hace hincapié en que “estamos tratando con la vida de las personas y menores, y es fundamental buscar acuerdos o entendimientos entre las partes para resolver ese asunto». «Hay que tener la cabeza fría para resolver ciertos asuntos. Si este tema lo gestionan dos abogados de familia, el entendimiento es mayor, desde luego”, zanja.

La mediación de familia es bastante útil antes de judicializar los conflictos entre lo cónyuges. (Imagen: E&J)