María Jesús Moro (PP): «Es imprescindible que el Gobierno ultime la propuesta normativa sobre la pasarela al RETA»

María Jesús Moro Almaraz, diputada, portavoz de Justicia del Partido Popular (PP) y secretaria ejecutiva de regeneración institucional del partido, analiza en esta entrevista en Economist & Jurist la actualidad del mundo de la Justicia en este nuevo curso político y judicial.

Economist & Jurist (E&J): ¿Qué análisis hace de la situación de la Justicia en España?

M. J. M.: En este momento, la justicia merecería un Gobierno riguroso, preocupado de verdad por los verdaderos retos de la justicia y no dependiendo de aquellos que no creen ni en el Estado de Derecho ni en la Justicia. No sólo no creen, sino que la atacan despiadadamente y, con ello, atacan un pilar esencial de la democracia. Lo realmente triste es que el Gobierno pase por ello y dependa de ellos. 

En este momento, todo análisis de la justicia pasa inicialmente por lamentar que un Gobierno pueda estar aceptando los ataques que una y otra vez que se hacen a los jueces. Pero no solo eso, todavía es peor: Es parte, casi liderando los ataques contra las decisiones de la justicia, como ha hecho el propio presidente.

Por lo tanto, todo lo demás, que es muy importante, queda absolutamente ensombrecido por una situación inédita en democracia que realmente no tiene parangón, salvo con países que no queremos ni mencionar. Esto supone una quiebra de la democracia muy importante.

Así, es muy difícil trabajar en materia de Justicia con este Gobierno: Tiene desorden, oscuridad y hace cesiones para atacar a la justicia misma». 

«Es muy difícil trabajar en materia de Justicia con este Gobierno: Tiene desorden, oscuridad y hace cesiones para atacar a la justicia misma»

E&J: ¿Qué mejoras necesita la Administración de Justicia?

M. J. M.: Siempre decimos que necesita recursos materiales y personales. Ahora bien, no solo es eso. También necesita preocupación por parte de todas las administraciones competentes, planificación y un modelo.

Actualmente, nos encontramos con un caos de modificaciones normativas, no planificadas, que se van planteando atropelladamente, y siempre con una dependencia de lo que digan los socios independentistas. Y esto es la peor noticia para la justicia. 

E&J: ¿Y cuál es la buena en el inicio del nuevo curso político y judicial? 

M. J. M.: Que con un presidente como el del Partido Popular, con visión de Estado, se ha llegado a un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial para que no se meta la mano en un órgano que es esencial para la independencia de la Justicia. 

Este es un buen punto de partida, porque además, en nuestro sistema de Justicia, tenemos tres pautas que deben funcionar coordinadamente: El Consejo, las Comunidades autónomas con competencias en materia de justicia y el Ministerio de Justicia, es decir, el Gobierno de la Administración General del Estado. 

Ahora que se ha dado ese paso, que es esencial para que funcione ese ámbito competencial, todos ellos de manera coordinada tienen que decidir sobre los recursos y los aspectos normativos. 

Y no sólo a partir de un Real Decreto-ley como el 6/2023, que en materias esenciales de Justicia prescinde del Parlamento y de las comunidades autónomas, y que está parado. Aunque se decidió que se tramitara por Proyecto de Ley, se le antepone la tramitación de un proyecto de ley que es un batiburrillo de tres proyectos de ley con objetivos diferentes. 

En definitiva, se necesita seguridad jurídica, afrontar un modelo de justicia y para afrontar ese modelo de justicia, cuanto mayor consenso se consiga con las fuerzas mayoritarias, mejor. Y luego, ese funcionamiento coordinado de los tres pilares de la Administración de la Justicia.

«Nos encontramos con un caos de modificaciones normativas, no planificadas, que se van planteando atropelladamente, y siempre con una dependencia de lo que digan los socios independentistas»

A partir de ahí podemos descender al detalle, pero si eso no funciona y si sólo es el imponer reformas caóticas, desordenadas, pero que van a transformar, sin duda, la organización de la justicia, estamos en este momento en un punto crítico, donde todavía el Gobierno, si de verdad defendiera la justicia, puede dar un volantazo y contar con todos. 

El Partido Popular está dispuesto, pero no a ser víctima de un trágala o de imposición, sino a ejercer su responsabilidad, porque no se puede someter a la Justicia a cambios permanentes, gobierne quien gobierne.

Y no se puede aceptar que la Justicia en España esté bajo la sombra de la duda porque a unos cuantos independentistas les moleste y estén permanentemente criticando.

«Se necesita seguridad jurídica y afrontar un modelo de justicia, y para ello, cuanto mayor consenso se consiga, mejor» 

E&J: PSOE, Sumar y Podemos han pedido fijar un plazo para la solución a los mutualistas con pensiones bajas y han presentado enmiendas para forzar una respuesta legislativa en tres meses desde que se apruebe la ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. ¿Cómo valora estas iniciativas de regulación?

M. J. M.: Creo que es un maquillaje. No sirve de nada incorporar esto en una ley que nada tiene que ver con el tema. Además, ya hay una iniciativa no de ley que presentó el Partido Popular y se aprobó por mayoría absoluta en el Congreso, en la que se le pedía al Gobierno que hiciera un estudio riguroso, transparente, con participación de todos –mutualistas, Mutualidad y Consejos– y afronte la mejor solución, con luz y taquígrafos. Sin embargo, el Ejecutivo ha dado la callada por respuesta a ese mandato por mayoría absoluta del Congreso…

E&J: Es imprescindible que el Gobierno ultime la propuesta normativa sobre la pasarela al RETA…

M. J. M.: Así es. El Gobierno nos dice que está trabajando en ello. Es más, el pasado mes de julio se nos trasladó que al concluir el verano iba a poner la propuesta legislativa encima de la mesa.

Pero que el PSOE, que no quiso apoyar nuestra iniciativa en el Pleno del Congreso incorpore ahora una enmienda para decir que el Gobierno –Sumar y PSOE– en tres meses haga algo, nos hace pensar que es puro maquillaje.

El Gobierno tiene que tomar una decisión. Es un tema complejo, el PP ha estado trabajando desde el primer momento con los mutualistas diciéndoles siempre lo mismo: Que no se pueden dar pasos en falso, y que el Ejecutivo, con todos los datos, es el que tiene que poner encima de la mesa una propuesta. 

La ministra de Seguridad Social, Elsa Saiz, se precipitó, sin conocer en profundidad el tema, en anunciar por dónde iban a ir algunas de las modificaciones. No se pueden crear falsas expectativas ni promover la rumorología. Es un tema muy difícil, muy serio, que hay que afrontar.

María Jesús Moro (Salamanca, 1961) es doctora en Derecho y profesora de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca, donde también fue jefa del servicio jurídico, es vicesecretaria de organización del PP de Salamanca y entre 2007 y 2011 fue procuradora en las Cortes de Castilla y León. (Imagen: PP Congreso)

E&J: El sindicato Venia sostiene que la pasarela al RETA sólo será válida con el 1×1. Es decir, si se reconocen todos los años cotizados. ¿Es viable?

M. J. M.: Yo no tengo todos los datos como para poder decir definitivamente si es viable. Con los que me han proporcionado las asociaciones y plataformas y los que vamos obteniendo por vía oficial, aunque todavía no tenemos del Gobierno, creemos que no es fácil que pueda ser el 1 x 1 sin que haya una serie de medidas. 

El uno por uno se entiende, por ejemplo, en que si uno ha cotizado 30 años, tienen que reconocerle 30 años en el RETA tal cual, haya aportado 100 o 500. Es lógico que quien se siente angustiado haga una propuesta, pero creemos que la Pasarela al Reta con el 1×1 va a ser difícil, entendida en términos absolutos. Además, hay muchas situaciones distintas dentro de los mutualistas. Por esa razón es un tema que necesita unos estudios rigurosos y ser claros. 

Nosotros hemos trasladado al Ministerio que no sólo tiene que poner encima de la mesa las reformas legales, sino, al mismo tiempo, las reformas reglamentarias que tiene que hacer, porque esto afecta a las mutualidades, que no dejan de ser entidades privadas en las que mucha gente ha aportado dinero a lo largo del tiempo y sigue aportando, pero afecta a la Seguridad Social. Tendrá que hacer un detallado proceso y dejarlo claro para que los mutualistas sepan a qué se enfrentan. 

«En el PP creemos que la Pasarela al Reta con el 1×1 va a ser difícil, entendida en términos absolutos» 

En el PP nos gustaría que salga una solución en la que todos se encuentren cómodos. Lamentamos que la ministra en la primera pregunta que contestó en el Congreso pusiera en entredicho e incluso avergonzará al colectivo de los abogados y los procuradores como si fuera esto un capricho de ellos, cuando no lo es. 

Esa es su propuesta, pero tiene que hacerse con números, y los números no los tenemos en la oposición, los tiene el Gobierno. Por lo tanto, sólo podemos decir que si es posible, adelante, porque es la solución más justa. Lo que no puede ser es una solución desequilibrada que genere más problemas de los que resuelva.

E&J: Cambiando de asunto, ¿qué solución ve a la justicia tardía?

M. J. M.: Hay que afrontar muchas medidas. Primero, un modelo. Queremos saber a dónde vamos. En este momento nos encontramos con un batiburrillo de propuestas y no estamos seguros de que vayan a conseguir la eficiencia de la justicia, por más que se ponga el nombre en las leyes.

Se ha incorporado una norma de digitalización sobre la que no se ha trabajado seriamente con nadie. Puede cambiar la justicia, pero no necesariamente hacerla mejor, la aleja del ciudadano. No creemos que estemos todavía suficientemente desarrollados de la misma manera en todos los ámbitos y territorios y, por tanto, una mala ejecución de esto que podría ayudar y que evidentemente hay que ir afrontando, puede suponer un mayor colapso del que ya tiene.

Tiene que afrontarse ese modelo de reforma procesales y organizativas, pero no con resistencia de los gestores. Y nosotros apreciamos que no ha habido una participación de todo el sector justicia, y que incluso el pacto parcial al que ha llegado el Gobierno –porque no ha sido con todos los sindicatos– no se ha hecho teniendo en cuenta todos los cambios que se puedan suceder a partir de las normas.

«Tiene que afrontarse el modelo de reforma procesales y organizativas, pero no con resistencia de los gestores»

Para que funcione, tiene que estar claro este modelo, el calendario de implantación, que haya suficiente personal, que haya una mayor especialización, y que haya también una formación y una pedagogía.

El propio personal de Administración de Justicia nos dice que todavía se siguen convocando concursos de oposiciones en los que el personal va a tener que afrontar un trabajo de gestión o de decisión en materia de Justicia con incorporación de herramientas digitales y, sin embargo, ni se exige la formación ni se da. 

Por eso, comienzo diciendo que recursos sí, pero con planificación. Y sobre el modelo, es  imprescindible el orden en las normas y que sean claras, que no haya estos cambios permanentes sobre la misma norma que conduce a errores y una participación de quienes realmente tienen que afrontarlo.

Ahora bien, tiene que haber también unas medidas en el día a día.  Las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia nos trasladan que en la Conferencia sectorial no se abordaron los temas urgentísimos que ayudarían a que la Justicia fuera más ágil.

María Jesús Moro fue la portavoz del PP en la reforma que hizo realidad la plena integración de las personas con discapacidad, así como en la Ley de Memoria Democrática». (Imagen: PP Congreso)

E&J: ¿Qué temas no se están afrontando?

M. J. M.: El alto índice de interinidad, el que después de las huelgas no se ha afrontado un plan de choque con unos refuerzos para no estar en la situación que se agravó con las mismas.

Se habla mucho de cogobernanza, pero nos trasladan que no la hay.

A veces, hay una información tardía y en ocasiones imposición, pero realmente el tema no se aborda rigurosamente y las comunidades autónomas tienen que ejecutarlo en esa situación de descoordinación.

Tiene que haber medidas en el corto plazo que vayan por esa línea y reduciendo la interinidad, establecer unos refuerzos en momentos y en ámbitos bien analizados mientras se hace esta transformación normativa.

Y luego, esa planificación exige una transitoriedad realista. Nosotros, que estamos afrontando ahora la ponencia de la Ley Orgánica, vemos que se siguen con textos en los que no se es realista en la implantación de un cambio como es pasar de los juzgados a tribunales de instancia; a oficinas cuando no se terminó de implantar la nueva oficina judicial; las oficinas con un planteamiento de Justicia, eliminando los juzgados… Y todo esto es un proceso que no se puede hacer en seis meses o un año.

Se está generando una falsa expectativa que no se va a cumplir y que luego obliga a parchear las normas, es absurdo.

E&J: El presidente del CGAE ha expuesto al ministro la importancia de contar con la opinión de los abogados en el tramo final de la tramitación parlamentaria de la Ley de Eficiencia del Servicio Público, de culminar la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, y la urgencia de avanzar en la actualización de los baremos de justicia gratuita, independientemente de la tramitación de los presupuestos de 2025 y de la nueva Ley de Justicia Gratuita. ¿Qué reivindicaciones hace el PP en estos asuntos?

M. J. M.: Desde el PP hemos pedido vía enmienda que se afronte de una vez por todas la regulación de un verdadero estatuto del abogado y del procurador del turno de oficio, lo merecen y lo necesitan, porque todo esto a lo largo del tiempo ha sido un parcheo.

También hemos peleado mucho por incorporar algunas cuestiones en la ley de Derecho de Defensa. En esa ley presentamos enmiendas claves en materia de las indemnizaciones en Justicia Gratuita, pero se nos vetó por el Gobierno para que ni siquiera se debatiera.

Enmiendas que hubieran permitido que no se vayan retrasando una y otra vez algunas cuestiones que se piden, como es el pago del servicio universal: Que si un abogado de turno de oficio ha realizado actuaciones, pero después no se concede la Justicia Gratuita, se paguen esos servicios. Son cuestiones básicas que no pueden esperar a que haya una nueva ley.

«Hay que afrontar de una vez por todas la regulación de un verdadero estatuto del abogado y del procurador del turno de oficio»

E&J: ¿Y qué dice en relación a la nueva ley?

M. J. M.: Nosotros proponíamos en nuestro programa electoral una nueva ley de Justicia Gratuita, porque las cosas han cambiado mucho, se ha ido parcheando de una manera descoordinada la ley y no se tiene una visión de la dimensión del modelo. 

Pero eso, no está reñido con que la burocracia disminuya para hacer más eficaz y más ágil la Justicia Gratuita, y que al mismo tiempo haya una regulación específica del Turno de Oficio. Nosotros lo intentamos en la Ley de Derecho de Defensa. 

El Senado seguro que lo volverá a intentar, porque no se trata de sacar una ley que luego no sirva para nada. Creemos que deberían incorporarse algunas cuestiones, y gracias a nuestras enmiendas se incorporaron algunas que no se habían aceptado previamente en el proyecto y que tampoco estaban entre las enmiendas del Partido Socialista.

Ahora, es necesario que el Gobierno tenga voluntad para hacerlo efectivo, porque cuando ya veta las enmiendas que tratan de lo que pide la abogacía, podemos pensar que hay buenas palabras, pero no voluntad.

E&J: ¿Confía en que se recuperarán el respeto y el diálogo que presidieron en el proceso de creación de nuestra democracia?

M. J. M.: En estos momentos es complicado, pero es imprescindible.

E&J: Lo requieren desafíos y retos que nos aguardan.

M. J. M.: Es imprescindible porque si no, esto no se puede mantener. Cuando hay disposición, un diálogo sincero y sensato, y los únicos intereses que guían el proceso de negociación son los intereses generales, se logran mejoras.

Pero para ello hay que respetar las reglas básicas y dejar de atacar las instituciones, como se están atacando en ocasiones nominalmente y en otras muchas con clara interferencia y claro intento de intervención o de colonización.

Tampoco pueden ser utilizadas como cortina de humo para tapar los problemas de corrupción  que afectan al presidente del Gobierno.

Nunca antes en democracia habíamos tenido un presidente del Gobierno que no ve límites y que no respeta al Parlamento, como ocurre con Pedro Sánchez, a quien el Parlamento le estorba y con tal de seguir en el Gobierno se deja en manos de quienes quieren romper el Estado español.

La bronca nunca es buena, pero no podemos dejar de denunciar cosas tan graves, porque como no se haga el control que estamos obligados a ejercer desde la oposición, esto habrá dejado de ser una democracia.