La Abogacía pide que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer sean los encargados para instruir delitos de violencia económica

La cuidad de Toledo ha acogido durante los días 26 y 27 de septiembre las XII Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género, bajo el lema Más de 20 años protegiendo a las víctimas. Un evento al que han acudido más de 300 profesionales y en el que se han debatido todos los aspectos de la violencia sobre las mujeres.

Una de las principales conclusiones alcanzadas en estas jornadas ha sido la necesidad de que los juzgados de violencia sobre la mujer sean los competentes para instruir los delitos de violencia económica, así lo ha manifestado el Consejo General de la Abogacía de España (CGAE), en un comunicado en el que reclaman dicha medida con el fin de que las víctimas de violencia de género tengan garantizada la asistencia jurídica inmediata y los beneficios de la asistencia jurídica gratuita.

“Los juzgados de violencia sobre la mujer deben ser competentes para conocer de todos los delitos de impago de pensiones, en su sentido amplio, incluyendo las acciones que llevan al estrangulamiento económico de la mujer, como un medio de control y de limitación de su autonomía”, apuntan las conclusiones”, por eso, se ha pedido “el necesario reconocimiento de la violencia económica como un tipo específico de violencia de género”.

También se ha recomendado que la violencia vicaria no debe circunscribirse al asesinato de familiares y allegados menores de la mujer víctima, sino que debe abarcar la ejercida sobre otras personas allegadas a la víctima con el objetivo de dañar o ejercer control sobre ella. En este sentido, la Abogacía ha reivindicado “una mayor proactividad por parte de la Fiscalía para la solicitud de medidas en interés superior del menor”.

Asimismo, también han reivindicado la importancia del lenguaje para nombrar y configurar la realidad, resultando necesario “nombrar adecuadamente la violencia sobre las mujeres, incluyendo todas las modalidades de violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo, así como delimitar conceptualmente cada una de ellas”, e insisten en que seguirán reclamando que se instituya como una obligación la asistencia letrada preceptiva a todas las víctimas con carácter previo a la denuncia.

De izda. a dcha.: Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía Española; Ángel Cervantes, decano del Colegio de la Abogacía de Toledo; Fernando Rodríguez, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres de la Abogacía Española; María Francisca Domínguez, abogada del Colegio de la Abogacía de Cáceres. (Imagen: CGAE)

Es necesario una mayor formación en la judicatura

Otras de las importantes conclusiones que han dejado las XII Jornadas es la necesidad de una mayor formación en perspectiva de género en la judicatura, no solo en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, sino también en todos los órdenes jurisdiccionales, especialmente en los de Familia, donde es imprescindible juzgar con perspectiva de género.

“A pesar de los avances de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, reclamamos que la ley se cumpla en su integridad y manifestamos nuestro rechazo a la comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, advirtiendo que supone un evidente alejamiento de las víctimas de la Justicia”, señala la Abogacía.

Y, en esta línea de reclamaciones destinadas a ofrecer una mayor protección a las víctimas y menores de edad, también se ha recordado que para poder llevar a cabo dicha protección es necesario dotar a los juzgados de los medios materiales y económicos necesarios para que la prestación del servicio de asistencia jurídica se realice en las condiciones adecuadas.

La violencia digital, una realidad creciente

Por otro lado, se ha dejado ver la preocupación por la vinculación actual entre la industria de la pornografía, la prostitución, la trata y los demás delitos contra libertad sexual de las mujeres y niñas. Por ello, insisten en que “urge la aprobación de una Ley de trata y explotación de seres humanos que abarque la realidad actual de la trata, que permita la persecución de la tercería locativa e incorpore la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y la condena por responsabilidad civil”.

Otra de las conclusiones alcanzadas tras estas jornadas ha sido la necesidad de abordar “con carácter urgente” la problemática de la judicialización de las violencias digitales y articular herramientas que permitan frenar esas conductas, al mismo tiempo que logre la retirada eficaz de los contenidos.

“La violencia digital sobre las mujeres es una realidad creciente que requiere una investigación policial especializada y diferente a la que se realiza en los delitos que se cometen fuera de este entorno, y que entraña dificultades específicas, para una protección eficaz de las víctimas”, señala la Abogacía.