La elección del representante especialmente designado: una decisión crucial para la defensa penal de la empresa

Un aspecto particularmente crítico de este paradigma es la elección del representante especialmente designado, una figura que difiere en muchos aspectos del representante legal habitual de la empresa. Aunque ambos cumplen roles importantes en la gestión y defensa de la entidad, confundirlos o no darle la relevancia debida al representante especialmente designado puede tener consecuencias negativas. Esta decisión, que podría parecer técnica y secundaria, es, en realidad, una pieza clave de la estrategia procesal en casos donde se debate la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Una de las cuestiones más importantes a la hora de debatir sobre este tema es la distinción que existe entre el representante legal de una empresa y el representante especialmente designado para un procedimiento penal. El primero, el representante legal tradicional, es una figura que está íntimamente ligada al funcionamiento cotidiano de la empresa, como su administrador, su consejo de administración o un apoderado general. Este representante tiene un vínculo estructural y permanente con la empresa, pero ¿es esta misma figura idónea para representarla en un proceso penal?

El simple hecho de que nuestro ordenamiento haya introducido como figura ad hoc el representante especialmente designado para estos casos demuestra que el legislador fue consciente de los posibles conflictos de interés que podrían surgir si se utiliza la misma persona para ambas funciones. No es difícil imaginar una situación en la que el representante legal, involucrado directamente en la gestión de la empresa y tal vez en los hechos investigados, se vea tentado a anteponer sus propios intereses sobre los de la empresa. Este riesgo aumenta en casos donde el representante ha tenido un papel relevante en las decisiones que condujeron al posible delito.

Aquí es donde cobra importancia el representante especialmente designado, cuya función es representar a la empresa en el proceso penal y garantizar que sus derechos sean respetados.

(Foto: E&J)

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) otorga a esta figura responsabilidades específicas, como asistir al juicio en nombre de la empresa, prestar declaración o ejercer el derecho a la última palabra. Es, en este sentido, una herramienta clave para la empresa a la hora de defender sus intereses frente a una acusación de un delito.

Uno de los principales problemas que surgen en la práctica es el conflicto de interés que se puede generar cuando la misma persona ostenta el cargo de representante legal de la empresa y de representante especialmente designado para el proceso penal. Este escenario puede comprometer gravemente el derecho de defensa de la empresa, ya que podría intentar encubrir su propia responsabilidad en lugar de buscar la mejor estrategia para la entidad. ¿Cómo garantizar que este representante no busque exculpar solo su persona en detrimento de la empresa?

La respuesta es clara: que la misma persona no ocupe ambos roles, especialmente si está implicada en los hechos investigados. Porque si pudiera estar implicado, podría buscar por ejemplo una conformidad rápida, negociando un acuerdo en nombre de la empresa, pero para beneficio propio.

Por tanto, el debate aquí radica en la importancia de una elección estratégica del representante especialmente designado, y en cómo las empresas deben abordar este asunto. El representante debe estar completamente alineado con los intereses de la persona jurídica, y no puede existir interés personal. Lo contrario podría comprometer la defensa, que debe enfocarse no solo en minimizar los daños inmediatos, sino también en salvaguardar la imagen y la posible responsabilidad penal de la empresa.

En conclusión, la correcta elección del representante especialmente designado es esencial para garantizar que la empresa tenga la mejor defensa posible en un proceso penal, evitando conflictos de interés que puedan poner en peligro su futuro. Ante la posibilidad de responsabilidades penales, la estrategia jurídica debe ser cuidadosa, desde la elección de los representantes hasta la planificación detallada de cada paso en el procedimiento. Solo así se puede proteger verdaderamente a la empresa y garantizar que sus derechos sean defendidos adecuadamente.