Los fiscales del TS Madrigal, Zaragoza y Viada denuncian el poder omnímodo del FGE que cuestiona su independencia

«Cuando un FGE da una instrucción concreta en su asunto específico no es normal. Eso trasmite una imagen de sospecha y parcialidad. Esta es una función que no debería ejercerse, pese a que esté ahora en el artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal», comentó Javier Zaragoza, uno de los fiscales del proces en un debate organizado en Madrid por Foro Judicial Independiente en el que participaron también Consuelo Madrigal, exFGE y otro de los cuatro fiscales del proces, y Salvador Viada, fiscal del Supremo.

Por su parte, Viada comentó que “ahora el FGE se quita los asuntos que le llegan, con lo cual no tiene que intervenir. Así ha pasado con un recurso que se iba a interponer por el fiscal del TSJ de Cataluña sobre la amnistía. El asunto se trasladó a la Fiscalía de Supremo y al final se desistió de presentar recurso. Los requisitos de ponerlo por escrito y fundamentarlo aquí no se hizo. Sobre los nombramientos que hace el FGE esto ya es un escándalo, ahora habla de que hay que hacer equilibrios junto a tener en cuenta ciertas necesidades, junto al mérito y la capacidad de los candidatos, pero no dice cuáles”.

Para Madrigal en ese poder omnímodo “no tiene responsabilidad disciplinaria especificada y prácticamente tampoco hay una responsabilidad penal aunque puede cometer delitos como cualquier otro. Sin embargo, a diferencia de los jueces no tiene un delito de prevaricación judicial específica. Esta cuestión no solo afecta al FGE, sino a todos los fiscales. A medida que el papel de los fiscales es mayor en las investigaciones procesales. Ese poder de acusar, de impulsar o frenar investigaciones es un enorme poder que no está sujeto a responsabilidad penal específica ni para los fiscales ni para el FGE”.

Aspecto del Salón de Actos del TSJ de Madrid. FJI logró un lleno en sus jornadas sobre el Ministerio fiscal. (IMAGEN: FJI)

Máximo interés fue el que despertó el III Congreso sobre el Estado de Derecho organizado por Foro Judicial Independente (FJI)  celebrado este viernes en la sede del TSJ de Madrid,  y en el que desde una triple vertiente se abordó la figura del Fiscal dentro del ordenamiento jurídico. Las ultimas actuaciones del FGE actual Álvaro García, con nombramientos algunos tumbados por el Supremo y una posible  imputación en el futuro en el Supremo por el tema de las filtraciones del novio de Ayuso, han hecho más actual que nunca este debate.

Entre los asistentes muchos magistrados y fiscales de distintas asociaciones como son el exmagistrado del TS y fiscal del Supremo Antonio Narváez y María José Segarra, exFGE y  la fiscal de Sala de la unidad coordinadora  para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado, que llenaron el Salón de actos del TSJ de Madrid.

Peinado acudió a las jornadas

Junto a ellos de forma discreta, entre los asistentes de estas jornadas se localizó al magistrado Juan Carlos Peinado, titular del juzgado 41 de instrucción de Madrid y que está llevando la instrucción de Begoña Pérez, mujer de Pedro Sánchez, que prefirió no hacer declaraciones.

En el acto de apertura en el que coincidieron Fernando Portillo, presidente del FJI y juez decano de Melilla, con Celso Rodríguez, presidente del TSJ de Madrid  y la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, el primero recordó que FJI «también tiene entre sus fines la defensa del Estado de Derecho. Somos conscientes de que no hay democracia sin un sometimiento de todos los poderes a la ley. En estas jornadas hemos querido profundizar en el Ministerio Fiscal desde vertiente necesaria para conocer su papel dentro del Estado de Derecho».

En este primer debate participaron tres fiscales de la talla de Salvador Viada, fiscal del Supremo desde el 2005 y miembro del actual  Consejo Fiscal por la Asociación Profesional Independientes de Fiscales (APIF). Viada presentó a los otros compañeros de mesa: Consuelo Madrigal, que fue exFGE y que ha coincidido con Viada en la Sala Penal del Supremo. Su salida de este cargo fue por discrepancias con el Gobierno por querer mantener a Javier Zaragoza, como fiscal de la Audiencia Nacional. Al final salieron los dos juristas.

El tercer ponente fue Javier Zaragoza, jefe de las fiscalías más importantes e España; de la Audiencia Nacional, de la Fiscalía Antidroga. También pasó por el Consejo Fiscal. Estuvo en el juicio del proces con Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, como fiscales.  La acusación que plantearon estos fiscales no estuvo exenta de presiones: “es un fiscal con gran influencia entre los fiscales. Lo que Javier dice se oye en la carrera fiscal”, comentó Viada.

Zaragoza, Viada y Madrigal, tres fiscales comprometidos con la defensa del Estado de Derecho. (IMAGEN: FJI)

En el caso de Viada, sus críticas sobre el Ministerio Fiscal y sus carencias han sido notables desde el 2007. Su blog justicia e imparcial es clave para entender la evolución del Ministerio Fiscal y conocer la problemática existente: “La relación del Ministerio Fiscal con el poder ejecutivo y poder judicial es penumbrosa. Su elección la hace el Gobierno con lo cual siempre surgen sospechas de falta de independencia”.

En su opinión, la situación es compleja: “el independentismo campa a sus anchas, hay partidos políticos que critican a los jueces y al propio régimen constitucional. Por el momento el poder judicial aguanta, pero la fiscalía está sometida a unos vaivenes importantes. Hay que darse cuenta que la influencia política en la carrera fiscal es un gran enemigo de nuestra institución”.

La situación actual es preocupante

En su intervención, Javier Zaragoza comentó que “no hay mejor manera de preservar la democracia que garantizando la independencia del poder judicial, no puede estar sometido al poder ejecutivo. Al mismo tiempo hay que garantizar una prensa independiente. Nuestro papel de velar por la independencia de los tribunales y su eficaz ejercicio de su actividad aparece en el artículo 124 de la Constitución y en los artículos 1 y 3 de nuestro Estatuto Fiscal: «esta es una misión difícil de realizar si el Ministerio Público está controlado por el poder judicial».

A su juicio, el modelo que se establece en la Constitución del Ministerio Fiscal pasa porque “no tenga interferencias en su trabajo de ningún tipo, como viene en el artículo 124 de la CE. Desde 1870 a 1881, salvo el lapsus de la Segunda República, el Fiscal era el órgano de representación o de comunicación del Gobierno con los tribunales. El Ministro de Justicia podía dar órdenes al FGE y a otros fiscales territoriales. Sin embargo, esto desapareció con el modelo constitucional. Nos integra dentro del poder judicial, pero nos hace autónomos dentro del mismo”.

Sin embargo, es consciente de “que la sociedad percibe en estos momentos la imagen de intromisión del poder ejecutivo en el FGE. En la actualidad, hay que recordar que el actual Estatuto del Ministerio Fiscal habla de que el FGE estará sujeto al principio de legalidad y de imparcialidad. Su artículo 7 habla de que actuará con objetividad e independencia a la hora de tomar decisiones en asuntos concretos”.

En otro momento recordó que “desde 1981, cuando entré en la carrera fiscal, he conocido 16 FGE. Todos los gobiernos, en alguna rueda de prensa, han salido diciendo que iban a dar instrucciones al FGE en determinados asuntos. Eso no es asumible porque no se pueden dar instrucciones. Al final, esa idea cala en la sociedad y se piensa que el FGE depende del Gobierno. Sin embargo, la situación actual es preocupante por muchas razones; hay resoluciones del Supremo que corrigen algunos nombramientos, las recusaciones hechas en el Supremo y Constitucional, entre otras cuestiones”.

Defender la separación de poderes

Por su parte, Consuelo Madrigal abordó el tema de las relaciones legales entre el Gobierno y el Ministerio fiscal y cómo de alguna manera la organización se ha politizado. “Es evidente que el momento actual es preocupante y que nuestra democracia parlamentaria está en riesgo. Es el momento de seguir defendiendo la separación de poderes. A este respecto sería bueno fomentar el ejercicio y la participación de los ciudadanos en ese control del poder ejecutivo. En este contexto el poder judicial es clave para construir sistemas de pesos y contrapesos que habrá que reconfigurar”.

Presentación de las jornadas. Fernando Portillo, presidente de FJI en su turno de palabra. Escuchan Celso Rodríguez, presidente del TSJ y Almudena Lastra, fiscal responsable de la Comunidad de Madrid. (IMAGEN: FJI)