La futura ley española no alcanza las exigencias europeas de transparencia

A pesar de que el nuevo Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales busca proteger a los más jóvenes de los peligros de Internet, la normativa no incorpora las estrictas exigencias de transparencia que la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, impone a las grandes plataformas tecnológicas.

Esta discrepancia podría dejar a los menores españoles en una situación de vulnerabilidad ante las prácticas opacas de patrocinio y el uso indiscriminado de algoritmos de recomendación, creando un entorno donde las plataformas pueden seguir operando sin rendir cuentas sobre sus influencias comerciales y el origen de sus ingresos.

El problema de la opacidad: ¿Quién está detrás de lo que ven nuestros menores?

Mientras que el Anteproyecto de Ley se centra en medidas como elevar la edad mínima para registrarse en redes sociales de 14 a 16 años, activar controles parentales por defecto en dispositivos digitales o prohibir mecanismos adictivos en videojuegos, no aborda la transparencia sobre quién financia los contenidos que consumen los menores ni exige que las plataformas informen de manera clara a los usuarios sobre el origen de la publicidad que ven.

Esta falta de transparencia deja en la sombra la influencia económica que empresas y anunciantes ejercen sobre los jóvenes, quienes son fácilmente vulnerables y manipulables por contenido que puede parecer orgánico (contenido que aparece de manera natural en plataformas digitales y redes sociales, sin ser pagado ni promovido por anunciantes), pero que en realidad sí está patrocinado.

En cambio, la DSA sí obliga a las plataformas a ser transparentes en cuanto a quién patrocina sus contenidos, cómo funcionan sus algoritmos de recomendación y qué criterios se utilizan para priorizar ciertos anuncios o publicaciones. Desde agosto de 2023, las grandes plataformas digitales como Google, Meta y TikTok están obligadas a proporcionar esta información a los usuarios europeos, y a partir de febrero de 2024, la obligación se extendió a todas las plataformas digitales que operen en Europa. Esto incluye detallar de manera clara quién paga por cada anuncio y ofrecer a los usuarios la posibilidad de desactivar o personalizar sus algoritmos de recomendación.

(Imagen: E&J)

¿Por qué es necesaria una ley nacional si ya existe la DSA?

La DSA, al ser un reglamento europeo, tiene aplicación directa en todos los Estados miembros, incluida España. Esto significa que las plataformas deben cumplir con las obligaciones de transparencia establecidas por la DSA sin necesidad de que cada país la traslade a su legislación nacional. Sin embargo, la existencia de un marco nacional específico, como el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de los menores en entornos digitales, puede aportar ventajas significativas en términos de protección local y supervisión:

1. Adaptación a las particularidades locales: Una ley nacional permite adaptar las disposiciones de la DSA a las necesidades específicas y/o culturales del país y a la situación particular de los menores españoles. Por ejemplo, se pueden establecer normativas más ambiciosas sobre el uso de algoritmos y la protección frente a contenidos patrocinados.
2. Mayor coherencia con otras normativas nacionales: Al integrar las exigencias de la DSA en el Anteproyecto, se puede coordinar la protección de los menores con otras leyes nacionales, como la Ley de Protección de Datos Personales (LOPDGDD) o la Ley de Protección de la Infancia, creando un marco regulatorio más completo y robusto.
3. Supervisión y sanciones adaptadas al entorno local: Aunque la DSA establece las obligaciones de las plataformas, su aplicación y supervisión dependen de las autoridades nacionales. Una ley española específica podría dotar de mayor claridad sobre cómo se realizarán estas inspecciones, quiénes serán los responsables y qué sanciones se aplicarán en caso de incumplimiento.

El riesgo de no armonizar con la DSA: ¿qué plataformas se verían afectadas?

El Anteproyecto español, al no incluir las disposiciones de transparencia de la DSA, podría generar una discrepancia entre las obligaciones que estas plataformas deben cumplir a nivel europeo y las expectativas a nivel nacional. Por ejemplo, una plataforma como TikTok estará obligada a cumplir con la DSA en cuanto a la transparencia de sus algoritmos en toda la UE, pero en España no tendría obligaciones adicionales específicas en cuanto a la protección de menores si el Anteproyecto no lo contempla. Esto podría dar lugar a situaciones de fragmentación normativa y, en última instancia, a una falta de coherencia en la aplicación de las medidas de protección.

¿Qué consecuencias tiene la falta de transparencia?

La falta de transparencia en las plataformas digitales tiene consecuencias muy serias para los menores. Sin saber quién está detrás del contenido que ven o por qué se les está mostrando, los menores pueden estar expuestos a publicidad encubierta, campañas de desinformación y contenidos potencialmente dañinos que promueven comportamientos de riesgo. Además, los algoritmos diseñados para maximizar el tiempo de visualización pueden fomentar la adicción y la exposición continuada a contenidos inapropiados sin que los menores o sus padres tengan conocimiento de ello.

(Imagen: E&J)

Un entorno donde las decisiones de moderación y priorización de contenido no sean revisadas ni controladas podría derivar en que las plataformas decidan mostrar más contenido relacionado con apuestas, productos de consumo rápido o influencers que promueven un estilo de vida poco saludable, sin que exista una obligación de revelar si esos contenidos están financiados por terceros. Esto dejaría a los menores en una situación de indefensión frente a la explotación comercial.

¿Qué puede hacer España para cerrar esta brecha?

Para evitar que los menores sigan expuestos a estas prácticas opacas, el Anteproyecto de ley debería integrar las disposiciones de transparencia de la DSA. Esto implicaría que las plataformas revelen:

• Quién patrocina el contenido que se muestra a los menores.
• Cómo los algoritmos deciden qué contenido priorizar y dar la opción de desactivarlos.
• Qué ingresos se reciben por publicidad y patrocinio en relación con contenidos dirigidos a menores.
• Cómo se implementan las decisiones de moderación de contenido, garantizando un acceso público a esta información.

Incluir estas medidas permitiría alinear la normativa española con los estándares europeos y ofrecería a los padres y menores herramientas más efectivas para tomar decisiones informadas sobre su uso de plataformas digitales.

Sin transparencia, no hay protección real

Es fundamental que las plataformas tecnológicas sean transparentes sobre cómo y por qué toman decisiones que afectan a los usuarios, especialmente a los menores, y que los ingresos y patrocinios que influyen en la creación y difusión de contenidos sean conocidos. Sin esta transparencia, cualquier intento de proteger a los menores será incompleto y, en última instancia, ineficaz.

España debe dar un paso más allá e integrar las exigencias de la DSA en su Anteproyecto de Ley para que la protección de los menores no se quede a medias. Hasta entonces, los menores seguirán expuestos a un entorno digital donde los algoritmos y los intereses comerciales pueden influir de manera encubierta en su bienestar y desarrollo.

Por eso, desde la Comisión de Infancia de Women in Legal World (WLW) continuaremos trabajando para promover un entorno digital más seguro y armonizado para nuestros menores, apoyando todas aquellas iniciativas que contribuyan a cerrar la brecha de seguridad digital y a construir un Internet en el que los derechos de los menores sean respetados sin importar en qué parte del mundo se encuentren.