El PP se querella contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias

El Partido Popular (PP) ha presentado este lunes otra querella contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Una decisión que parte —tal y como informó que iba a hacer el partido de Feijóo el pasado domingo tras la celebración de un comité convocado de urgencia— de las revelaciones que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) ha dado a conocer recientemente sobre el caso Koldo, el cuál señala de forma clara a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE.

El objetivo de la querella, según Cuca Gamarra, secretaria general del PP, es que la Audiencia Nacional investigue las presuntas entregas de dinero en efectivo que supuestamente realizaron empresarios en la sede del PSOE durante la pandemia. Información revelada por un supuesto socio del comisionista Víctor de Aldama, quien, en una entrevista con el medio The Objective y de forma anónima, afirmó haber llevado hasta 90.000 euros en efectivo a la sede de la calle Ferraz: «Nosotros llevamos 90.000 euros a Ferraz porque Aldama no podía. Fueron dos pagos en efectivo en octubre de 2020 y los llevamos en una bolsa de plástico dentro de una bolsa de cartón», explicó. Un episodio que, sin embargo, no aparece en los informes de la UCO.

Bajo este escenario, Gamarra ha anunciado ante la prensa que «queremos que se abra una investigación judicial sobre este aspecto que se ha conocido al margen de las investigaciones judiciales, pero que está perfectamente vinculado con las tramas que ya investigan en el Juzgado de Instrucción número 2 y en el  Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional», quien asegura que si se unen «todos los puntos de todos los escándalos de corrupción, lo que sale es la cara de Pedro Sánchez».

Durante su intervención, la popular también hizo hincapié en todos los casos que, actualmente, están bajo investigación judicial y que implican al presidente del Gobierno, a su familia, al partido socialista y al mismo Ejecutivo. «Sánchez está asfixiado por la corrupción. Es un presidente cercado y cuanto antes lo asuma y deje de manchar el nombre de España, mejor. Él es el nexo de unión de todos los frentes de corrupción abiertos. España no merece un presidente del Gobierno que le mienta», criticó Gamarra, exigiendo su inmediata dimisión.

Con la querella de este lunes, el PP busca ir más allá de la investigación en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno indaga el caso Koldo. En esta causa están imputados el empresario y presunto líder, Víctor Aldama, y Koldo García, quien fue asesor de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro en el gobierno de Sánchez (2018-2021).

En este sentido, aunque Gamarra ha mencionado su estrategia parlamentaria contra el Gobierno, el comité de dirección no ha presentado nuevas propuestas en el Congreso o el Senado ni ha fijado una fecha para llamar a Sánchez a declarar en la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, cuya investigación se ampliará tras el informe de la UCO. «Se le llamará en el momento adecuado. La única fecha relevante es la de su dimisión, la más urgente», ha insistido.

Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular (Imagen: PP)

El caso Koldo, una presunta trama de corrupción en la compraventa de mascarillas

El caso Koldo, una presunta trama de corrupción política que afecta a decenas de empresarios y socialistas y cuyo origen radica en una supuesta «organización criminal» que buscaba lucrarse con nueve contratos públicos de compra de mascarillas, valorados en 54 millones de euros, ha dado un giro de 180 grados tras conocerse el nuevo informe de la UCO, que deja al exministro socialista José Luis Ábalos al borde de la imputación.​

El informe detalla que Aldama entregó pagos en especie al exministro, incluyendo el alquiler de una vivienda para una pareja de Ábalos y el uso de un lujoso chalet. Estos indicios podrían llevar a la imputación de Ábalos en el Tribunal Supremo, dada su entonces condición de diputado. En concreto, la investigación sugiere que Koldo García habría actuado como intermediario para obtener contratos valorados en millones de euros durante la crisis sanitaria, todo ello a cambio de comisiones irregulares.

El caso ha generado incomodidad en las altas esferas del Gobierno, que ahora busca distanciarse del escándalo. Aunque el Ejecutivo en su día respaldó a Ábalos en otras controversias, como su reunión con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en 2020 (Delcygate), ahora intenta marcar una clara línea de separación. Se señala que aquella reunión, no autorizada oficialmente, se justificó en su momento para evitar una crisis diplomática, pero actualmente se insiste en que Ábalos deberá asumir la responsabilidad.

Por otro lado, el informe también revela contactos entre García y altos cargos como los expresidentes de Canarias y Baleares, lo que refuerza la idea de que esta red tenía conexiones políticas de alto nivel. De hecho, aunque la Moncloa intenta presentar su gestión como ejemplar en el manejo del escándalo, la creciente presión sobre Ábalos y las posibles consecuencias judiciales complican el panorama político, pues la UCO también revela que Víctor de Aldama se valió de su relación con José Luis Ábalos para lograr que el Gobierno rescatase la aerolínea Air Europa durante la pandemia.

Unas informaciones que han provocado que sendas asociaciones como son Iustitia Europa y Hazte Oír hayan anunciado, este lunes, que ya han solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que investigue el rescate de la aerolínea Air Europa y la visita a España en enero de 2020 de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, tal y como ha informado a través de una nota de prensa Europa Press.

Por su parte, el PSOE destaca que ha actuado con rapidez y transparencia, suspendiendo a José Luis Ábalos de militancia y pidiéndole que renuncie a su escaño como diputado. Desde Ferraz, insisten en que no tienen nada que ocultar, a diferencia del Partido Popular, y aseguran que seguirán colaborando con la justicia. Aunque han evitado opinar públicamente sobre la posible implicación de Ábalos, ahora que el exministro está cada vez más cerca de ser imputado, el Gobierno parece estar dispuesto a dejar que asuma las consecuencias por su cuenta.

Begoña Gómez junto a su esposo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Imagen: RTVE)

Los principales imputados en la trama: desde la esposa del presidente hasta Salvador Illa

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Se la acusa de recomendar la contratación de la empresa de Juan Carlos Barrabés en tres adjudicaciones públicas del Gobierno. La Audiencia Provincial ha abierto la posibilidad de investigar su implicación en un caso de apropiación indebida, ya que inscribió a su nombre un software valorado en 150.000 euros, desarrollado gratuitamente para la Universidad Complutense de Madrid por Indra, Google y Telefónica. Además, la investigación del caso Koldo, que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, ha revelado que Sánchez, José Luis Ábalos, y Nadia Calviño sostuvieron una reunión clave para el rescate de Air Europa el mismo día en que Begoña se reunió en secreto con Javier Hidalgo en la sede de Globalia.

José Luis Ábalos, exministro de Transportes y mano derecha de Sánchez, ha sido señalado por el juez que lleva el caso Koldo como intermediario en la recepción de sobornos ilegales. Aunque por el momento no figura como investigado, su cercanía al escándalo de las mascarillas durante la pandemia lo coloca en una situación comprometida. La Unidad Central Operativa (UCO) considera que Ábalos se benefició de la trama corrupta que operó en su ministerio, recibiendo un chalet en Cádiz y el pago del alquiler de la casa de su novia, lo que se considera un soborno. A pesar de que su partido lo ha suspendido de militancia, Ábalos mantendrá su escaño en el Congreso como independiente y ha anunciado su intención de apelar la decisión.

Koldo García, principal implicado en el caso que lleva su nombre, ocupó diversos cargos como asesor de Ábalos y consejero de Renfe. Se sospecha que proporcionó información a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas sobre procesos de adjudicación de material sanitario, actuando como intermediario para asegurar contratos a cambio de pagos ilegales. Su patrimonio aumentó 1.5 millones de euros en dos años, lo que está siendo investigado, así como su intento de ocultar estos activos a través de familiares, quienes también están bajo investigación. Se le acusa de cobrar comisiones ilegales por facilitar contratos valorados en casi 60 millones de euros para la adquisición de material sanitario durante la pandemia, y se han encontrado mensajes que evidencian su consulta constante a Ábalos sobre sus acciones.

Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF, ha sido identificado en conversaciones intervenidas como un posible intermediario en la trama, obteniendo beneficios de 5.5 millones de euros en un proyecto conjunto con Juan Carlos Cueto. Ambos tienen una relación cercana con Koldo García, y De Aldama habría contactado con él para agilizar trámites con el Ministerio de Transportes.

David Sánchez, hermano del presidente, junto a Begoña Gómez, mujer del presidente. (Imagen: RTVE)

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Está imputado por malversación, tráfico de influencias y otros delitos relacionados con su contratación como director de la Oficina de Artes Escénicas en Badajoz, donde se investiga su asistencia al trabajo, dado que reside en Elvas, Portugal.

Joseba García, hermano de Koldo. Está acusado de participar en la ocultación de propiedades, habiendo experimentado un notable aumento en su patrimonio de 267,774 euros entre 2020 y 2022. La UCO lo señala como receptor de pagos en efectivo que Koldo recibió como comisión de Víctor de Aldama.

Patricia Ruiz, esposa de Koldo. Fue arrestada y liberada posteriormente. Es considerada la titular de muchos bienes adquiridos con los ingresos de su esposo y está siendo investigada por la Guardia Civil por haber incrementado su patrimonio de manera injustificada durante la pandemia. También fue contratada en el Ministerio de Transportes.

Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE en Extremadura. Enfrenta acusaciones similares a las de David Sánchez por su papel en la contratación de este.

Alejandro José Cardenal, jefe de los departamentos jurídico y de recursos humanos de la Diputación de Badajoz. También está bajo investigación por el caso de David Sánchez.

Francina Armengol, presidenta del Congreso y expresidenta del Gobierno de Baleares. Se encuentra implicada por haber contratado a la trama durante su administración. Su gestión tardó tres años en solicitar la devolución de una partida defectuosa tras la intervención de la Fiscalía. Koldo García mantenía contacto directo con ella y le facilitó la información de su consejera de Salud.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Aparece en el sumario por adjudicar contratos a un laboratorio de test PCR vinculado a la investigación. Los contratos, que suman 5.3 millones de euros, fueron firmados por el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez Trujillo, involucrado en el escándalo de Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

Jésica, «pareja/amiga» de Ábalos. Accedió a un sueldo público gracias a su relación con el ministro. Fue contratada en Transportes y se investiga el pago de su alquiler en un exclusivo rascacielos de Madrid, así como su remuneración por acompañar a Ábalos en viajes oficiales, aunque él afirma que el dinero provenía de su propio bolsillo.

Salvador Illa, presidente de Cataluña y exministro de Sanidad. Figura en el sumario. Mensajes intervenidos revelan que se discutió su aprobación para pruebas PCR para viajeros en Canarias.