El CGAE presentará una reclamación ante el Parlamento Europeo en defensa de los derechos de los mutualistas

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha anunciado este lunes que defenderá ante las instituciones europeas los derechos de los mutualistas alternativos, que recibirán «pensiones incompatibles con una jubilación digna». 

Según ha informado, sus servicios jurídicos han elaborado una reclamación que será presentada en los próximos días ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo con el objetivo de dar a conocer el alcance de la situación y «la necesidad de aportar una solución inmediata» en el ámbito del reconocimiento de los derechos constitucionales.

«Queremos llevar el problema de los mutualistas allí donde podamos contribuir a encontrar una solución que pueda satisfacer a todos», declara a Economist & Jurist el presidente del CGAE, Salvador González, insistiendo en que los mutualistas «necesitan una respuesta en el corto plazo», como ya advirtió al Gobierno el pasado mes de agosto y le reclamó que acelere su respuesta a esta problemática, frente a la que el pasado 28 de septiembre abogados de toda España se manifestaron en Madrid reivindicando el 1×1 en la Pasarela al RETA, así como un turno de oficio «digno». 

Manifestación de abogados y procuradores el pasado 28 de septiembre en Madrid. (Imagen: Defenda)

«El CGAE apoya sus reclamaciones, exigimos pensiones «justas» para «todos» los mutualistas, y estamos dispuestos a llevar su voz a donde sea preciso. Defendemos que la de los mutualistas es una cuestión de derechos constitucionales y así lo sostendremos en cuantos foros sea preciso; porque así lo afirman los trabajos realizados hasta ahora por catedráticos, magistrados eméritos y otros expertos», manifiesta a este diario Salvador González.

El presidente del CGAE se ha reunido esta mañana con representantes de distintas organizaciones de abogados, un encuentro donde les ha informado de las iniciativas más inmediatas en las que está trabajando la institución, así como que está recabando el apoyo de los colectivos profesionales de otros países a través del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), según ha informado el Consejo.

En el encuentro también ha asistido por parte del CGAE el presidente de la Comisión de Previsión Social, Ignacio Gally, decano de Alicante, mientras que las organizaciones de abogados han estado representadas por María José Almodóvar, presidenta de la Plataforma Pasarela al Reta, y los abogados de la organización Jaume García y Carlos Navarro; la presidenta de Altodo, Virginia de la Cruz, su compañera de asociación África Calleja, y la tesorera, Esperanza Marcos; Nuria Cachafeiro, presidenta de Anama, Montserrat Domeneque, delegada en Madrid de la asociación y la letrada de Anama Raquel Rico.

Al inicio de la reunión también ha asistido el decano del Colegio de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, quien ha dado cuenta del encuentro mantenido la semana pasada con el secretario de Estado de Seguridad Social.

Las iniciativas que tiene en marcha el CGAE

Según informa el CGAE, «el informe que acompañará a la petición es fruto de un análisis de situación que la Delegación en Bruselas del Consejo General ha preparado, en el que se analiza la situación de los mutualistas de los diferentes países de la UE, con especial atención a los más cercanos a España».  «La petición española permitirá que más adelante se puedan sumar a ella las peticiones de otras abogacías europeas», apunta el Consejo.

Salvador González con expertos, asociaciones, plataformas, colectivos de mutualistas e instituciones de la Abogacía para abordar la situación de los mutualistas alternativos. En la mesa, Encarnación Orduna, secretaria general, Borja Vargues, secretario general técnico, y José Antonio Perales, director general. (Imagen: CGAE)

Además, entre sus iniciativas para contribuir a encontrar una solución al problema de los mutualistas también está promover el debate sobre la situación de los mutualistas en el seno del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE en sus siglas en inglés), federación de consejos, con sede en Bruselas, que ejerce la interlocución del conjunto de la abogacía de la Unión Europea ante las diferentes instituciones continentales. 

«El objetivo es involucrar al resto de países que se están viendo afectados por situaciones similares, al tiempo que se reclama la solidaridad de quienes no cuentan con sistemas de mutualidades», explica el Consejo.

Asimismo, expone que Salvador González «está promoviendo encuentros con otros consejos profesionales españoles cuyos colegiados también estarían afectados por la situación de las mutualidades».

En la reunión, González también ha explicado a las organizaciones de abogados la reciente aprobación de una nueva estructura dentro del Consejo, así como los objetivos de la nueva Comisión de Previsión Social, entre los que está «contribuir a extender el conocimiento sobre la situación en que se encuentran los mutualistas y promover el debate en torno a una cuestión esencial como es la previsión social para los 150.000 colegiados que ejercen la abogacía en España».

El pasado 3 de octubre, el CGAE, a través del presidente de la nueva Comisión de Previsión Social, preguntó a la ministra de de Seguridad Social, Elma Saiz, en un desayuno informativo, si tenía previsto su Ministerio hacer una propuesta oficial para dar respuesta así a esta reclamación de un derecho constitucional que sea acorde con el derecho de trato igualitario de los mutualistas respecto del resto de los trabajadores. 

Elma Saiz se comprometió a “encontrar un punto de acuerdo” en la respuesta al problema de los mutualistas alternativos de la abogacía que recibirán pensiones insuficientes. La ministra eludió ofrecer fechas, pero aseguró que la postura del Ministerio es abordar esta situación desde el diálogo. 

«Lo que perseguimos es para aquellas situaciones o circunstancias en que algún mutualista tras obtener la edad de jubilación no tenga una situación económica adecuada, el Gobierno garantice el trato igualitario que se da a los autónomos«, señaló entonces a Economist & Jurist Ignacio Gally.

«Entendemos que es un derecho constitucional y que no tiene que haber un trato diferenciado a autónomos y mutualistas», sentenció.

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