Manuel Aragón, exmagistrado del TC, advierte en el III Congreso de CIMA que “sin división de poderes no hay Estado de Derecho”

Han pasado 35 años desde que se puso en marcha la Corte Civil y Mercantil (CIMA), una entidad arbitral que ya es uno de los referentes de nuestro país y que sigue siendo un elemento clave en el desarrollo del arbitraje en España.

Bajo el lema “El arbitraje en un Estado de Derecho”, durante los días 15 y 16 de octubre, relevantes ponentes han analizado la situación del arbitraje en nuestro país y cómo está evolucionando este método extrajudicial, en un entorno en el que los ratios de litigiosidad (asuntos que se ingresan en los juzgados) siguen creciendo en torno al 25% al año, solo en asuntos de legislación mercantil.

Una de las intervenciones más esperadas en este evento fue la del exmagistrado del Tribunal Constitucional y árbitro de CIMA, Manuel Aragón, quien defendió el principio de legalidad: «El Estado de Derecho está sufriendo ataques». Aserción que acompañó con la siguiente declaración: «Hay Estado de Derecho cuando gobiernan las leyes y no las personas». Además, resaltó que es responsabilidad de los juristas españoles denunciar las desviaciones del Estado de Derecho que se están produciendo.

Aragón ha sido uno de los juristas más críticos con la aprobación de la Ley de Amnistía, y sus conferencias y artículos son seguidos por una legión de seguidores en estos meses. En todas ellas, siempre ha recalcado la necesidad de defender la independencia del Poder Judicial dentro de la separación de poderes, porque, según él, sin ella “no es posible el Estado de Derecho”.

A este respecto, en otro momento de su esperada intervención, criticó el abuso de la utilización del Decreto Ley para legislar, «contra lo previsto en la Constitución». Desde su punto de vista, no se puede hurtar el debate parlamentario, y las leyes que se aprueben deberían ser fruto del consenso mayoritario, no de la imposición del gobierno con sus aliados.

Asimismo, señaló que el arbitraje privado, en un momento clave de su desarrollo ante los problemas de la Justicia y los colapsos de muchos tribunales, “no es una sustitución de la función jurisdiccional, sino una colaboración con la misma”, y abogó por “extender su uso dentro de la Ley y con respeto a ella”.

Manuel Aragón ha vuelto a defender el Estado de Derecho y la independencia judicial una vez más. (Imagen: CIMA)

Una historia destacada

En el acto de apertura, Juan Serrada, presidente de CIMA, realizó un recorrido por los 35 años de existencia de esta institución arbitral, fundada al tiempo que la primera Ley de Arbitraje española, promulgada en 1988, e hizo balance de la actividad de la Corte desde su nacimiento.

“Hemos sido pioneros en la construcción de un sistema arbitral que ha fortalecido las relaciones económicas y mercantiles en España, atrayendo inversiones”, señaló Serrada, para felicitarse del logro que ha supuesto la creación del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid – Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAM-CIAR), del que son socios promotores.

Esta entidad quiere convertir a Madrid en sede donde se celebren arbitrajes internacionales, especialmente hacia América Latina. Los socios de CIAM-CIAR son entidades como la Corte de Arbitraje de Madrid (CAM), la Corte Española de Arbitraje (CEA), la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) como socio estratégico. Serrada finalizó su intervención recordando a los árbitros fallecidos en los últimos años.

Por su parte, Alfonso Iglesia, socio director del área de litigación y arbitraje de Cuatrecasas y presidente del CEIA, aseguró que “el arbitraje es sinónimo de prosperidad y fortaleza económica” y puso en valor la capacidad de la autocomposición de las partes en conflicto para tomar el control de la resolución de sus disputas. Iglesia se mostró convencido de “la capacidad de Madrid para ser el referente del arbitraje iberoamericano”.

En su turno de palabra, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, agradeció la invitación de CIMA a presidir el acto de inauguración del III Congreso “tanto en mi faceta de jurista, como en la de alcalde”. Almeida afirmó que “el arbitraje es un pilar fundamental del Estado de Derecho” que consigue resolver las disputas “de forma eficaz y en tiempos razonables” y mostró el compromiso “institucional y económico” del Ayuntamiento para conseguir que “Madrid sea la referencia del arbitraje en español”.

Entre los asistentes se encontraban los primeros espadas del arbitraje en nuestro país y juristas como Juan Antonio Xiol, exmagistrado del TC, ahora consejero de Cuatrecasas; Pascual Sala, expresidente del Supremo y del Constitucional; Jesús Remón, presidente de Uría Menéndez; Manuel Lamela, socio director de Accountax Madrid; Fernando Castedo, exdirector de RTVE y árbitro de CIMA, entre otros juristas.

El alcalde de Madrid explica el papel del arbitraje en una sede como la capital de España. Juan Serrada y Alfonso Iglesia escuchan. (Imagen: CIMA)

Ponentes de primer nivel

En la mesa de arbitraje y sector público participaron expertos, árbitros de CIMA, como José María Ayala de la Torre, socio director de Ayala de la Torre; Juan Carlos Calvo, abogado del Estado y vocal de la Comisión de Gobierno; Antonio Hierro, abogado del Estado y socio director de Hierro Arbitraje; José Fernando Merino, letrado de las Cortes Generales y del Consejo de Estado; Pedro Ramón y Cajal, abogado del Estado y socio fundador y presidente del Comité Ejecutivo de Ramón y Cajal Abogados; y Álvaro Soriano, asociado principal del departamento de resolución de conflictos: litigación y arbitraje de Garrigues.

Por su parte, Javier Fernández Samaniego, socio director de Samaniego Law, socio de Osborne Clarke y mediador de CIMA, fue el moderador de la mesa sobre mediación empresarial, donde se abordó el desarrollo de esta práctica extrajudicial. Los ponentes, como María del Carmen Cazorla, profesora titular de Derecho Civil, hablaron del papel de la universidad en el desarrollo de la mediación.

Carlos Soto, árbitro internacional y fundador del Instituto Peruano de Arbitraje (IPA), destacó varias fórmulas de colaboración entre el arbitraje y la mediación, mientras que Carlos Gutiérrez, responsable de litigios en Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.U., comentó la práctica del usuario de la mediación. Juan Pedro Quintana, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, mostró su interés en que se trabaje más la mediación en este ámbito, mientras que Amparo Quintana, secretaria general de GEMME y copresidenta de la Sección de MASC del ICAM, explicó la necesidad de contar con mediadores especializados en estas actividades.

Libro conmemorativo

Con ocasión del 35 aniversario de su constitución, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje ha publicado un libro conmemorativo que lleva por título Arbitraje y sector público. La edición se presentó en este III Congreso CIMA. Según nos explica Francisco Ruiz Risueño, abogado del Estado y secretario general de CIMA, en anteriores ocasiones (25 y 30 años) la CIMA también aportó sendas publicaciones bajo los títulos 25 años de arbitraje en España y El arbitraje y la buena administración de la Justicia.

Esta obra ha sido coordinada por el propio Ruiz Risueño y por José Carlos Fernández Rozas, catedrático de derecho internacional privado, quienes cuentan con una amplia experiencia en la coordinación de obras de este tipo.

Concretamente, en la actual obra participaron 48 autoras y autores de gran calidad científica y profesional (abogados del Estado, letrados del Consejo de Estado y de las Cortes, catedráticos de universidad y abogados especializados en arbitraje), quienes abordaron temas de enorme complejidad de forma rigurosa y objetiva, desde una óptica académica orientada a las posibilidades que ofrece el uso del arbitraje en el sector público dentro de un Estado de Derecho.

Mesa sobre administración de arbitraje: María Luisa García, Pascual Sala, Jesús Remón, Fernando Castedo y Juan A. Xiol. (Imagen: CIMA)

Ruiz Risueño explica que la obra se distribuye en dos volúmenes estructurados en cuatro grandes rúbricas. Las dos primeras, “Sometimiento de la Administración Pública a arbitraje” y “Articulación constitucional y arbitrabilidad”, integran el primer tomo. El segundo tomo incluye capítulos relativos a “Arbitraje y contratación pública” y “Otras manifestaciones del arbitraje administrativo”.

Para Fernández Rozas, el objetivo era ambicioso, pues consistía en delimitar el objeto del arbitraje en el sector público, en un intento de concretar de una vez por todas qué pretensiones jurídico-administrativas pueden, por su naturaleza jurídica, someterse a arbitraje y cuáles no.

Para ello, diversas contribuciones proceden a una aproximación conceptual a la institución arbitral, entrando de lleno en la cuestión central: despejar las dudas en esta materia, partiendo del análisis, a partir del art. 2.1º LA, de dos conceptos clave: la arbitrabilidad y la disponibilidad.

El libro analiza el papel posible del arbitraje en el sector público y sus posibilidades de cara al futuro como una alternativa que puede representar una vía de solución frente a los atascos jurisdiccionales en el control de la Administración.

Con esta finalidad, en la primera parte se contempla el arbitraje administrativo bajo la óptica de una insuficiencia real de los sistemas de transacción. Se estudia la mediación y el arbitraje a la luz de las leyes reguladoras del procedimiento administrativo y de la jurisdicción contencioso-administrativa, y se examinan los antecedentes del modelo actual de la Ley de Arbitraje.

Se concluye que la Administración Pública debe reconocer la importancia del arbitraje como un mecanismo útil y necesario en un contexto de creciente interrelación entre el sector público y privado. A pesar de las reticencias del pasado a recurrir al arbitraje, este se presenta como una opción viable para resolver conflictos de manera eficiente y justa, sin comprometer el interés público ni la integridad de las instituciones.

En resumen, según sus coordinadores, este libro ofrece un análisis profundo sobre la integración del arbitraje en la Administración Pública, destacando los beneficios que esta herramienta puede aportar a la gestión de los conflictos en el sector público. Es una lectura esencial para abogados, académicos y profesionales del derecho interesados en la evolución del arbitraje en el ámbito administrativo.