Asufin reclama que se proteja a los consumidores con una ley transparente que contemple los costes reales de los pleitos

«Exigimos que los consumidores sepan con total transparencia cuánto les va a costar un pleito, tanto si lo ganan como, más importante aún, si lo pierden, porque tendrán que hacer frente a los gastos». Así lo señala la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), e insta a acometer «una gran reforma que dé seguridad y certeza a los consumidores a la hora de hacer valer sus derechos en los tribunales».

«Está en juego el derecho de los consumidores a litigar para recuperar su dinero. Si no se reconoce la labor de los abogados y la justicia se eterniza, salen ganando los que abusan del sistema», declara a Economist & Jurist la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.

Recientemente, Suárez ha abordado en una entrevista en este diario los asuntos que más preocupan a Asufin actualmente, en la que ha denunciado también que es «un despropósito que los bancos que sufren brechas de seguridad obliguen a los clientes estafados a pleitear», y ha advertido que a la Autoridad bancaria hay que dotarla de presupuesto y recursos materiales y humanos «o sucederá como con los juzgados especializados».

Esta asociación sostiene que urge ordenar este ámbito tan sensible para los derechos de los consumidores y, en concreto, la legislación de las costas, «actualmente sometidas a criterios arbitrarios», y afirma que el momento es ahora, cuando se tramita la Ley Orgánica del Derecho de Defensa.

Asufin se pronuncia así en referencia a que «Justicia está colapsada» y los pleitos contra la banca se demoran en la actualidad más de 8 años en provincias como Madrid. Esta asociación calcula que hay «más de medio millón» de procedimientos colapsados en los juzgados especializados y «aún quedan más de 15 millones de personas que tienen derecho a reclamar contra la banca y no lo hacen «por miedo a los costes, además de a un procedimiento largo y tedioso».

También se refiere en su denuncia a que los tribunales están reduciendo las costas de los procesos, limitando las cantidades «de manera arbitraria» y perjudicando el bolsillo del consumidor, quienes tienen que pagar de su bolsillo los honorarios de abogado y procurador, «en vez de asumirlos el que ha abusado de nuestros derechos». Así las cosas, esta asociación insiste en la necesidad de que el consumidor sepa cuánto le va a costar el pleito, tanto si lo gana como, más importante aún, si lo pierde, porque tendrá que hacer frente a los gastos del contrario.

«Si los profesionales no reciben unos honorarios dignos por reclamaciones de poco importe, como los gastos hipotecarios, los consumidores no encontrarán abogados que los quieran defender en tribunales, lo que supondrá un retroceso en los derechos de todos y una victoria de las grandes empresas que podrán seguir imponiendo condiciones abusivas y utilizando la Justicia como una herramienta para demorar sus pagos por incumplir la ley y disuadir a los consumidores de defender sus derechos», señala la presidenta de Asufin.

Asufin ya está presente en buena parte de las instituciones y organismos regulatorios que marcan la política europea en materia financiera. Patricia Suárez es vicepresidenta del grupo consultivo de servicios financieros (FSUG, en sus siglas en inglés), que asesora a la Comisión Europea en la elaboración de políticas con impacto en el consumo financiero, miembro de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y es miembro de Consejo Consultivo de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

Además, pone el foco en que las entidades financieras «incumplen sistemáticamente la ley». «Sólo en los juzgados especializados se han resuelto más de 700.000 casos, y la banca pierde el 97,9% de las veces. Es decir, utilizan la Justicia para pagar lo más tarde posible y mientras tanto, el dinero en sus bolsillos», expresa Patricia Suárez, destacando que «el colapso de la justicia nos está costando una fortuna a los españoles».

Eliminación de los juzgados especializados

Para combatir esta situación, Asufin hace también  un llamamiento para que adoptar medidas para que se agilice la justicia, lo que, a su juicio, pasa por la eliminación de los juzgados especializados en las provincias donde siguen operando, y que para los casos que están en proceso se refuercen con tecnología y personal. En este sentido, recuerda lo eficiente que es Hacienda para cobrar o lo fácil que es poner una multa de tráfico, y pide a la administración «el mismo esfuerzo para tener una justicia digna, que debe ser pilar de toda sociedad moderna».

«¿Te imaginas perseguir un caso durante ocho años para cobrar unos pocos cientos de euros? Si seguimos así, no va a haber abogados de consumo que defiendan a los consumidores y se extenderá como una epidemia: Ningún abogado querrá demandar a un banco, a una eléctrica o a una empresa de telecomunicaciones si los consumidores no podemos pagarles», expone Suárez. Frente ello, destaca que «necesitamos que los tribunales condenen a los que abusan a pagar los costes del procedimiento de manera adecuada».

Plantea que se recuperen los criterios ya aprobados por los colegios de abogados

Esta asociación insta al legislador a «recuperar los criterios ya aprobados en su momento por los distintos colegios de abogados para tasación de costas y jura de cuentas, que prevea la actualización del IPC y que lo ajuste a la realidad judicial de hoy, añadiendo criterios como la mala fe del contrario, el tiempo de resolución del pleito y el número de cláusulas que se reclaman, con vocación de permanencia», y que dichos criterios se apliquen en los casos ya judicializados.

Asufin hace un llamamiento a los operadores jurídicos, a los colegios profesionales y a las administraciones públicas para que «no dejen pasar esta oportunidad para conseguir un desarrollo legislativo que garantice unos honorarios dignos que faciliten a los consumidores acceder a una tutela judicial efectiva».

«Es obvio que, si el profesional no cobra de las costas, lo tendrá que pagar el consumidor en vez del incumplidor», subraya Asufin, que ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas dirigida a los consumidores y la ciudadanía, en general, para que apoyen esta causa, lo que les «dará fuerza para exigir ante las autoridades esta petición».