El orden de nombramientos por el nuevo CGPJ como clave de bóveda

La formación de un nuevo Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CGPJ) no es un simple trámite administrativo, sino un conjunto de actuaciones que entraña decisiones de gran calado que repercutirán en el funcionamiento del sistema judicial a largo plazo. Este órgano, concebido como garantía de la independencia judicial en cuanto que se encarga del gobierno de los jueces, tiene entre sus tareas fundamentales la de nombrar a jueces y magistrados en las más altas instancias.

Sin embargo, en este momento, los nuevos vocales y su presidenta, Isabel Perelló, se encuentran ante una encrucijada compleja: con más de un centenar de nombramientos pendientes, el CGPJ debe elegir sabiamente por dónde comenzar. Esta decisión será determinante para definir el éxito o el fracaso de su mandato.

El contexto en el que se encuentra el CGPJ es especialmente delicado. Los años de bloqueo institucional, derivados de las tensiones políticas entre los principales partidos del país, han provocado una parálisis en la renovación de jueces y magistrados en diversas instancias del sistema judicial.

En este marco, la reciente elección de Isabel Perelló como presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, tras un largo y arduo proceso de negociaciones, simboliza un primer paso hacia la normalización. Sin embargo, su mandato no estará exento de desafíos, ya que ahora recae sobre ella y los 20 vocales del CGPJ la responsabilidad de desbloquear un panorama judicial marcado por vacantes que comprometen la operatividad del sistema.

Debe tenerse presente que el principal reto que enfrenta el nuevo CGPJ es decidir qué nombramientos deben priorizarse, como se ha señalado en medios como Confilegal o Libertad Digital. Por un lado, está la urgente necesidad de cubrir vacantes en el Tribunal Supremo, donde la jubilación inminente de figuras clave como Francisco Marín Castán, presidente de la Sala de lo Civil, y el final del segundo mandato de Manuel Marchena en la Sala Penal, exige acción inmediata.

(Imagen: Poder Judicial)

Estos cargos no solo son de gran responsabilidad por la relevancia de las materias que abordan, sino que también juegan un papel crucial en el equilibrio interno del Supremo. No obstante, abordar únicamente estas vacantes sin tener en cuenta el gran número de plazas vacantes en otras Salas del Supremo podría suponer una solución parcial que no resuelve el problema estructural.

La Sala de lo Civil, por ejemplo, presenta cuatro vacantes sobre un total de diez plazas, lo que implica que casi la mitad de sus magistrados están pendientes de nombramiento. En la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la situación es aún más alarmante, con catorce vacantes de treinta y tres, lo que supone una importante sobrecarga para los jueces en activo y un notable retraso en la resolución de los casos.

En la Sala de lo Social, siete de sus trece plazas también están vacantes, una situación que afecta directamente a los ciudadanos y empresas que esperan sentencias en asuntos laborales, económicos y sociales. La Sala de lo Penal, aunque menos afectada, también tiene una vacante, mientras que la Sala de lo Militar registra tres plazas vacantes de las ocho totales. Este panorama genera un atasco que compromete la celeridad y calidad de las decisiones judiciales en el Tribunal Supremo.

La magnitud del problema no se circunscribe al Tribunal Supremo. En el conjunto de la judicatura, la falta de renovación ha provocado que ocho de los diecisiete presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (en adelante, TSJ) se encuentren ejerciendo con su mandato caducado. Esto incluye a tribunales clave como los de Andalucía, Cataluña y Madrid, regiones donde la actividad judicial es particularmente intensa.

Las consecuencias de esta situación van más allá del propio funcionamiento de los tribunales, ya que afecta a la percepción de la independencia judicial, un aspecto esencial en cualquier democracia sólida. Asimismo, en los TSJ también hay un número considerable de presidentes de Sala y magistrados cuyos nombramientos están pendientes, lo que agrava aún más la situación de incertidumbre en la Administración de Justicia en estas Comunidades Autónomas.

El bloqueo se extiende también a las Audiencias Provinciales, donde 31 de las 50 presidencias están vacantes. Estos tribunales, que representan la justicia más cercana al ciudadano en muchos casos, son esenciales para la resolución de disputas civiles, penales y mercantiles en las provincias.

La falta de renovación en estos cargos supone una ralentización significativa en la Administración de Justicia, lo que genera un incremento en la acumulación de casos sin resolver y, en última instancia, afecta la confianza pública en el sistema judicial. No se trata únicamente de una cuestión de números o de vacantes, sino de la capacidad del sistema para garantizar que se imparta justicia de manera eficiente y en un tiempo razonable.

Dado este escenario, es comprensible que el nuevo CGPJ enfrente presiones desde diferentes frentes para que se prioricen ciertos nombramientos por encima de otros. Las vacantes en las Salas del Supremo, especialmente en la de lo Civil y la de lo Penal, podrían parecer, a primera vista, las más urgentes debido a la relevancia de los casos que deben analizar.

Sin embargo, un enfoque que solo atienda a estos puestos sin abordar de manera simultánea el déficit de magistrados en otras áreas y jurisdicciones corre el riesgo de perpetuar el desequilibrio y los retrasos en el sistema judicial en su conjunto. La pregunta que debe resolver el CGPJ es cómo equilibrar la urgencia de los nombramientos en el Supremo con la necesidad de reestructurar y fortalecer otras instancias clave del sistema judicial.

Para tomar esta decisión, los nuevos vocales y su presidenta deben encontrar una vía que evite repetir los errores del pasado. Las fuentes consultadas indican que la primera tarea del CGPJ debería ser «engrasar» las relaciones internas entre sus miembros para facilitar el consenso.

Sebastián Moralo Gallego. (Imagen: CGPJ)

En un órgano compuesto por 21 miembros, se requieren al menos 13 votos para aprobar los nombramientos, lo que significa que cualquier tipo de bloqueo interno puede paralizar de nuevo el proceso. Este riesgo es especialmente alto si se da prioridad exclusivamente a los nombramientos más visibles, como los de los presidentes de Sala del Supremo, ya que esto podría generar tensiones entre los diferentes sectores del Consejo y frenar el avance hacia un acuerdo.

Es importante recordar que el proceso de nombramiento no es inmediato ni sencillo. Cada plaza vacante debe someterse a un procedimiento reglado que comienza con la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Posteriormente, las candidaturas presentadas son evaluadas según criterios objetivos, como la antigüedad o la especialización de los candidatos.

Sin embargo, este proceso también incluye una dimensión discrecional, ya que el CGPJ tiene la capacidad de valorar los méritos de los candidatos de acuerdo con las necesidades del puesto y el contexto en el que se sitúa. Tras esta evaluación inicial, los candidatos seleccionados deben pasar por una entrevista personal ante la Comisión de Calificación, donde exponen sus méritos, su trayectoria y sus propuestas para el cargo.

La Comisión de Calificación desempeña un papel clave en este proceso, ya que es la encargada de evaluar tanto las credenciales objetivas de los candidatos como su idoneidad para el puesto en términos de liderazgo, capacidad de gestión y visión para el futuro de la judicatura.

Esta entrevista, que tiene una duración aproximada de una hora, permite al CGPJ conocer en profundidad las capacidades de cada candidato, no solo en términos de su experiencia profesional, sino también en su capacidad para contribuir a la mejora del sistema judicial en su conjunto. Al final, la Comisión eleva sus propuestas al Pleno del CGPJ, que tiene la última palabra en la aprobación de los nombramientos, siempre que se alcance la mayoría cualificada de 13 votos.

Hay que reseñar que la decisión que tome el nuevo CGPJ en cuanto al orden de los nombramientos marcará su capacidad para superar el bloqueo institucional y devolver la normalidad a un sistema judicial afectado por la parálisis. Cubrir las vacantes es, sin duda, una prioridad, pero también lo es hacerlo de manera equilibrada y estratégica, asegurando que se respete la independencia judicial y que se fortalezca la operatividad de tribunales en todo el país. Las decisiones de hoy configurarán el futuro de la Administración de Justicia en España durante los próximos años, y el desafío que enfrentan los nuevos vocales del CGPJ es monumental.