La necesaria y difícil colaboración de los juristas en las catástrofes
“Es necesario crear una Unidad de Profesionales ante Emergencias”
(Imagen: RTVE)
La necesaria y difícil colaboración de los juristas en las catástrofes
“Es necesario crear una Unidad de Profesionales ante Emergencias”
(Imagen: RTVE)
La creación de la Unidad de Profesionales ante Emergencias (UPE) responde a una necesidad urgente de coordinación entre profesionales jurídicos y técnicos para salvaguardar los derechos de los ciudadanos en situaciones de crisis. En un escenario donde desastres naturales, accidentes de gran magnitud o emergencias sanitarias afectan tanto a personas como a bienes, surge la oportunidad de establecer una estructura dedicada a la protección y asistencia legal inmediata.
En este contexto, la UPE se perfilaría no solo como un recurso jurídico, sino como un soporte integral en coordinación con autoridades sanitarias y de seguridad, con la capacidad de proveer pruebas documentales fiables. La incorporación de notarios, letrados de la Administración de Justicia y peritos judiciales en valoración de daños es clave para garantizar que los daños se constaten de forma fehaciente, brindando transparencia y evitando fraudes en el acceso a las ayudas públicas destinadas a los afectados.
Un enfoque especializado y equilibrado
La estructura de la futura UPE contemplaría equipos de profesionales especializados que actuaran en varios frentes. Los abogados y juristas ofrecerían asesoría directa en el terreno, asistiendo tanto a los afectados como a los servicios de emergencia para asegurar que las actuaciones respeten los derechos fundamentales.
En paralelo, notarios y letrados documentarían el estado de las personas y bienes afectados, mientras los peritos judiciales valorarían los daños para establecer un criterio objetivo de cara a reclamaciones e indemnizaciones.
Estos tres pilares —jurídico, notarial y pericial— permitirían una respuesta ágil, equilibrada y justa ante las emergencias. Este modelo de actuación busca dar respuesta tanto a los ciudadanos como a la Administración, permitiendo que las ayudas públicas se gestionen de manera eficiente y evitando abusos que comprometan la transparencia de los fondos de emergencia.
Evitar bloqueos en la intervención legal en emergencias
La ausencia de un marco de intervención jurídica rápida y documentada en crisis ha derivado en numerosas ocasiones en procesos judiciales largos y en la percepción de desprotección por parte de los afectados. En esta línea, el objetivo de la UPE sería reducir los tiempos de reacción y consolidar una intervención legal transparente y efectiva que documente los daños desde el primer momento, facilitando así los posteriores procedimientos de reclamación.
A diferencia de los modelos actuales, la UPE operaría en coordinación con las autoridades locales y nacionales para garantizar que los recursos destinados a los afectados sean distribuidos de forma justa y sin demora, ofreciendo un marco regulador y de supervisión que es cada vez más demandado en el ámbito de la gestión de emergencias.
La creación de la UPE representaría, sin duda, un avance significativo en la garantía de los derechos de los ciudadanos durante las emergencias, contribuyendo a una Administración de Justicia preventiva, eficiente y protectora de la seguridad jurídica en tiempos de crisis.