Los expertos valoran en 1.000 millones de euros anuales el pase de los funcionarios de Muface a la Seguridad Social

La decisión de Adeslas, Asisa y DKV de retirarse este martes de la licitación del concierto sanitario 2025, para prestar asistencia sanitaria a la mutualidad de los funcionarios (Muface, Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), ha generado inquietud entre los de 1,5 millones de funcionarios beneficiados.

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha anunciado que Muface, como órgano de contratación, iniciará los trabajos para una nueva licitación, que se supone tendría que mejorar las condiciones ofrecidas a las aseguradoras en el primer concurso fracasado para la mutualidad de funcionarios, tras los anuncios de Adeslas, Asisa y DKV de que no participarán en el primer concurso bianual convocado por el Gobierno.

También se baraja una prórroga del modelo actual durante ocho meses, que debería ser asumida obligatoriamente por las tres citadas aseguradoras.

El fracaso del primer concurso ha creado alarma entre los funcionarios, cuyos sindicatos han pedido una solución al fin del modelo mutualista de sanidad. Es más, UGT y CSIF mantendrán una reunión este jueves, 7 de noviembre, con Muface para abordar el tema.

Estas tres aseguradoras llevan meses avisando de que las condiciones que les ofrecía el Gobierno para seguir prestando el servicio de sanidad privada a los empleados públicos eran insuficientes. Adeslas sí que seguirá en los conciertos de los funcionarios de Justicia (Mugeju) y del Ejército (Isfas), ya que esta aseguradora sigue “comprometida” con el sistema de mutualismo administrativo para aquellas mutualidades que permitan hacerlo sostenible, “por los beneficios que ofrece a los funcionarios y a sus familias, así como por las ventajas que supone para el sistema sanitario español”, destaca la empresa en un su comunicado.

Por su parte, DKV no se presentará ni a Isfas ni a Mugeju, porque hacerlo le supondría generar unas pérdidas de 77 millones de euros en unos dos años, las mismas que en el concierto anterior que fue de tres años. Mientras que Asisa se presentará tanto a Isfas como a Mugeju, dejando de lado a Muface.

El día 8 de octubre, el Gobierno sacó a licitación el concierto de las tres mutualidades, subiendo la prima un 17%.

El sindicato mayoritario CSIF saldrá a la calle el día 11 para defender la viabilidad de Muface. (Imagen: CSIF)

Otra licitación

El mes pasado, el Consejo de Ministros aprobó la licitación del concierto de Muface para los años 2025-2026 con una subida en la prima del 17,12%, por encima del 14% que habían ofrecido en un primer momento a las aseguradoras y que esas habían rechazado rotundamente.

En cifras, el Gobierno acordó incrementar la cuantía total de la contratación a 1.337 millones de euros en 2025 y 1.344 millones en 2026, un aumento total del nuevo concierto de 303 millones respecto a 2024. Sin embargo, esta subida no ha sido suficiente, y la licitación se ha quedado desierta. Este miércoles, 6 de noviembre, terminaba el plazo y ahora el Gobierno tendrá que armar otra propuesta.

Tras la deserción de las aseguradoras en la licitación del concierto 2025-2026, la Fundación IDIS —que agrupa a las principales entidades del sector sanitario español— insta a la Administración a publicar una nueva licitación con una asignación económica suficiente para garantizar una asistencia de calidad.

El Ministerio de Sanidad está analizando el impacto que podría tener para el Sistema Nacional de Salud la absorción de 1,5 millones de funcionarios si no se llega a mantener el modelo Muface, pero ha garantizado que si eso ocurre, la sanidad pública trabajará para garantizar su asistencia.

Muface ahora trabaja en una nueva licitación, en principio con mejores condiciones, para dar esa cobertura a 1,5 millones de personas, entre funcionarios y familiares, que, sin concierto, tendrían que integrarse en la sanidad pública. Para anticiparse, el Ministerio de Sanidad está preparando un informe pormenorizado del impacto que ese trasvase podría acarrear al SNS. Por eso, y si esas negociaciones culminaran sin dar frutos, Sanidad ha garantizado que el sistema público trabajará para dar asistencia a los funcionarios.

Al quedar desierto el concierto, el Gobierno deberá desembolsar unos 100 millones de euros a estas empresas por los costes correspondientes a ese mes de enero, tal y como se recoge en las cláusulas administrativas que el Ejecutivo firmó con Adeslas, Asisa y DKV a finales de 2021 para dar servicio al trienio 2022-2024.

El escenario más probable tras la renuncia de las tres aseguradoras es que los funcionarios (profesores, policías y trabajadores de los diferentes ministerios) pasen a la ya saturada sanidad pública. Esto, según algunos informes, costaría 1.000 millones de euros al año al Gobierno y abocaría a la sanidad pública al colapso.

Las previsiones apuntan a que podrían cerrar hospitales en 19 provincias y las listas de espera se incrementarían en un 266% para consulta externa y del 115% para una intervención quirúrgica.

Es posible que la sanidad pública tenga que absorber Muface y sus 1,5 millones de funcionarios. (Imagen: Ministerio de Sanidad)

La preocupación de Fedeca

La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca) manifiesta su gran preocupación ante la reciente noticia sobre el concurso de cobertura médica de Muface, que ha quedado desierto sin aseguradoras que estén interesadas en él, y sin perspectivas de que futuras licitaciones sean exitosas.

En concreto y según los últimos datos, este escenario dejaría desatendidas a 1.072.268 personas, entre funcionarios del Estado y sus familiares, que actualmente reciben asistencia sanitaria concertada a través de aseguradoras, sin la posibilidad de ser atendidos por el sistema público de salud.

La Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado y su presidenta. Ana Ercoreca, ven con preocupación el futuro de Muface. (Imagen: FEDECA)

Desde Fedeca, su presidente Ana Ercoreca reconoce que “estamos preocupados ante los grandes problemas que esto podría causar. El primero, y teniendo en cuenta el reducido margen de tiempo, las dificultades que muchas de estas personas tendrían, por ejemplo, en la búsqueda de un nuevo médico mientras ya tienen un tratamiento en marcha”.

“El segundo, la absorción casi inmediata que tendría que hacer la sanidad pública de más de un millón de personas, cuando dicho sistema ya enfrenta serios problemas de tensión asistencial”, advierte.

Ercoreca destaca en tercer lugar, “que hay que tener en cuenta que los historiales de los pacientes no estarían a disposición del sistema sanitario público, dado que no existe una única fuente de información, generando disfunciones y posibles problemas en los tratamientos fijados y el seguimiento de enfermedades”.

Desde esta entidad se insiste en que añadir que eliminar o limitar la libertad de elección de los funcionarios en la atención sanitaria supondría una minoración de sus derechos sociolaborales. Por eso, desde esta Federación se pide al Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública y a Muface que aclaren cómo van a garantizar la atención médica y asistencial de todas estas personas en los diferentes escenarios que se presentarían, sin contribuir con ello a aumentar el colapso en la sanidad pública.

CSIF saldrá a la calle

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) —sindicato más representativo en las administraciones públicas— acusa al Gobierno de poner en riesgo la asistencia sanitaria de sus funcionarios tras la renuncia de las aseguradoras a acudir al concierto sanitario de Muface; y exigen una reunión urgente con el ministro de Función Pública para que dé soluciones que garanticen la continuidad del modelo. «CSIF seguirá luchando por el mantenimiento del modelo de Muface y tomará todas las medidas de presión que considere oportunas para garantizar su continuidad», afirman desde el sindicato.

De entrada, el próximo lunes, 11 de noviembre, está convocada una manifestación en las subdelegaciones del Gobierno de toda España y frente al Ministerio de Hacienda en defensa de la mejora de las condiciones de los empleados/as públicos y la continuidad del mutualismo administrativo. CSIF considera que las condiciones del nuevo concierto —las cuales han motivado la salida de las aseguradoras— eliminan las garantías para que los más de un millón y medio de funcionarios y sus familias continúen recibiendo una asistencia sanitaria a través de Muface.

Esta organización sindical exige que el nuevo proceso de licitación anunciado por el Gobierno garantice una subida de primas que permita la continuidad del modelo. Esta entidad ya advirtió que la oferta del Gobierno era totalmente insuficiente y que el modelo corría el riesgo de morir por inanición. “Nuestros funcionarios se merecen la mejor atención en el marco de un modelo asistencial que forma parte de sus condiciones laborales desde el momento en el que ganan la oposición”, comenta un portavoz a E&J.

Fracaso del Gobierno

Miguel Ángel Ruiz, presidente de Asociación Española de Consumidores, cree que es un fracaso que no se haya cubierto el concurso de Muface. (Imagen: ASESCON)

El mes pasado, la Asociación Española de Consumidores (ASESCON) que preside Miguel Ángel Ruiz, pedía solución para acabar con la incertidumbre que tienen 1,5 millones de empleados públicos acogidos a Muface.

En este sentido, el concurso ha quedado desierto no siendo, por tanto, cubiertos como hasta ahora por las compañías aseguradoras; lo que conllevará el traslado de este importante número de ciudadanos a la sanidad pública.

En esta ocasión, dado el fracaso del Gobierno de España para garantizar la prestación de este servicio como hasta ahora se venía haciendo, desde la Asociación Española de Consumidores insisten en retomar las negociaciones y que se llegue por fin a un acuerdo económico para dar solución a la cobertura sanitaria de estos ciudadanos españoles.

Este problema podría llegar a provocar un auténtico problema para la sanidad pública en tanto que, si desaparece Muface, la mayoría de funcionarios pasarían a la sanidad pública y ello conllevaría una mayor carga de trabajo para los profesionales, un aumento de los tiempos de espera en citas o de las listas de intervenciones quirúrgicas o en los especialistas. Por ello esta preocupación de AESCON, ya que podría conllevar la caída de ambos sistemas por falta de medios.

“En la Asociación Española de Consumidores creemos en la colaboración público-privada en la sanidad, lo que se venía realizando de manera positiva con Muface. Entendemos que ambos sistemas deben pervivir y que sea el ciudadano quien elija la atención que quiere recibir”, comenta Ruiz.

Esto, además, se une al problema de financiación de las comunidades autónomas que verían incrementada su factura sanitaria de manera considerable con la falta de medios humanos y materiales que existen actualmente.

Por todo ello, pero sobre todo por ofrecer certeza y solución al millón y medio de funcionarios que hay, desde la Asociación Española de Consumidores piden una solución al problema generado antes de que se ocasionen graves perjuicios a nuestro sistema sanitario y, “que tras lo sucedido esta semana estamos ante un gravísimo problema originado por la falta de cintura y negociación del actual Gobierno de España, siendo Óscar López el culpable de esta situación”, indica Ruiz.