Oposición al recurso de apelación de la Comunidad de Madrid. Desestimación de recurso

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
DESESTIMAR el presente Recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de la Comunidad de Madrid frente a la Sentencia de 7 de noviembre de 2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de  Madrid, dictada en el Procedimiento Ordinario seguido, que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª. Jeny contra la Resolución, de 3 de marzo, del Director Gerente de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, que inadmite la solicitud de regularización del inmueble, grupo patrimonial de Vivienda Social, de Madrid, Sentencia que confirmamos por ser ajustada a Derecho.

Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:
PRIMERO: El objeto de este Recurso de Apelación es la Sentencia de 7 de noviembre de 2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, dictada en el Procedimiento Ordinario seguido, que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª. Jeny contra la Resolución nº 607/2021, de 3 de marzo, del Director Gerente de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, que inadmite la solicitud de regularización del inmueble, grupo patrimonial, de Madrid.
La citada resolución administrativa se funda en que la vivienda cuya ocupación se pretende regularizar pertenece al grupo patrimonial y, por tanto, se encuentra afectada por las operaciones de remodelación/renovación de barrios a que se refiere el Decreto 100/1986, de 22 de octubre, modificado por el Decreto 44/1990, de 17 de mayo; en consecuencia, la vivienda se encuentra excluida de la aplicación de la Ley 9/2015, por disponerlo así el artículo 14. Dos.

SEGUNDO: Tras transcribir el artículo 14. Dos de la Ley autonómica 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que establece un régimen excepcional de alquiler de viviendas a favor de ocupantes sin título suficiente anteriores al 1 de enero de 2016, la Sentencia apelada concluye que ni el Real Decreto 1133/1984, ni el Decreto 100/1986, modificado este último por Decreto 44/1990, de 17 de mayo, que menciona la resolución recurrida, incluyen a la Vivienda Social entre los grupos de viviendas afectadas por actuaciones de remodelación o renovación de barrios.

Particularmente, señala la Sentencia que tampoco está incluida en la Disposición Adicional Primera del Decreto 100/1986, introducida por la modificación realizada por el Decreto 44/1990, de 17 de mayo, y, por último, que la Administración no acredita la existencia de Acuerdo al efecto, pues el Acuerdo de 1 de diciembre de 1993 del Instituto de la Vivienda al que se refiere la CAM no se encuentra en la publicación electrónica de la Comunidad de Madrid, ni se aporta por la referida defensa, ni se indica lugar donde en su caso haya sido publicado, citando una Sentencia de este Tribunal en apoyo de esta tesis.

Frente a esta Sentencia el Letrado de la CAM interpone Recurso de Apelación, invocando error en la valoración de la prueba.
En este sentido argumenta que la Sentencia no ha tenido en consideración la naturaleza y regulación del régimen extraordinario de regularización de ocupación de viviendas previsto el artículo 14 de la Ley 9/2015 de 28 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas y que es público y notorio que la Vivienda Social está siendo objeto de rehabilitación y realojo para sus habitantes desde hace muchos años, precisamente como consecuencia de la insalubridad y las malas condiciones de vida existentes en esa zona.

Que esta misma Sala y los Juzgados de lo Contencioso de Madrid se ha pronunciado ya en numerosísimas ocasiones sobre la situación de derribo y desalojo de la Vivienda Social, reconociendo la situación de la rehabilitación de dicho enclave en virtud del Acuerdo de 1 de diciembre de 1993 del Instituto de la Vivienda cuestionado ahora por la Sentencia.

La parte apelada interesa la desestimación del Recurso de Apelación, sosteniendo la conformidad a derecho de la Sentencia impugnada.

TERCERO: Con referencia a la revisión en sede de apelación de la valoración de la prueba practicada en la instancia, esta Sala ha declarado reiteradamente que la valoración por el órgano judicial de instancia solo podrá ser revisada con fundamento en la apreciación de que la actuación judicial valorativa infringe el derecho de la prueba, incluido el que se deduzca de los principios generales del derecho, o las reglas de la lógica (entre las recientes, sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 3 de julio, 26 de septiembre y 3 de octubre de 2007, recurso de casación 3865/2003, 9742/2003, 7568/2003; así como las citadas en las mismas, de 6 y 17 de julio de 1998, 27 de marzo, 17 de mayo, 19 de junio, 12 de julio, 22 de septiembre, 6 y 18 de octubre, 2 y 19 de noviembre, 15 de diciembre de 1999, 22 de enero, 5 de febrero, 20 de marzo, 3 de abril, 5 de mayo, 3 de octubre y 20 de noviembre de 2000, 3 de diciembre de 2001 y 23 de marzo de 2004).

Es decir, en el seno de un Recurso de Apelación se permite discutir la valoración que de la prueba practicada hizo el juzgador de instancia, si bien, «la facultad revisora del Tribunal “ad quem” debe ejercitarse con ponderación, en tanto que fue aquel órgano quien las realizó con inmediación y por tanto dispone de una percepción directa de aquellas, percepción inmediata de la que carece la Sala de Apelación salvo siquiera de la prueba documental. En este caso el tribunal “ad quem” podrá entrar a valorar la práctica de las diligencias de prueba practicadas defectuosamente, se entiende por infracción de la
regulación específica de las mismas, fácilmente constatable, así como de aquellas diligencias de prueba cuya valoración sea notoriamente errónea; esto es cuya valoración se revele como equivocada sin esfuerzo.». Así lo dice la Sentencia nº 405/2010, de 12-5-2010, dictada por la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Entonces, solo una valoración manifiestamente errónea, o extravagante, es susceptible de ser corregida, siendo de advertir también que deben prevalecer las reglas de la sana crítica vinculadas necesariamente a los resultados de la inmediación.

CUARTO: Pues bien, en este caso no podemos apreciar que la valoración de la prueba en la instancia sea manifiesta errónea o ilógica o que infrinja el principio de valoración conjunta y ponderada de la prueba.

Antes al contrario, consideramos que la Sentencia apelada valora de forma correcta el material probatorio obrante en el expediente y en el proceso judicial y aplica de forma igualmente correcta la normativa aplicable en función de lo que resulta de la situación de hecho.