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Jurisprudencia

La Justicia aplica el mecanismo de la Segunda Oportunidad a un matrimonio y le perdona más de 49.000 euros

La pareja, que se encontraba en situación de insolvencia, había perdido su negocio de metalistería y su vivienda

(Imagen: E&J)

María González Villasevil

Redacción editorial E&J




Tiempo de lectura: 3 min

Publicado




Jurisprudencia

La Justicia aplica el mecanismo de la Segunda Oportunidad a un matrimonio y le perdona más de 49.000 euros

La pareja, que se encontraba en situación de insolvencia, había perdido su negocio de metalistería y su vivienda

(Imagen: E&J)



El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Lleida ha aplicado el mecanismo de la Segunda Oportunidad a un matrimonio que se encontraba en situación de insolvencia por culpa de la crisis de 2008, que afectó a su empresa. En consecuencia, la Justicia les ha perdonado una deuda de 49.264 euros.

La pareja, que ha estado representada por el despacho Bergadà Abogados, ha logrado que se le exonere del pasivo insatisfecho (EPI) tras demostrar que se trataba de deudores de buena fe.



La abogada y socia fundadora de dicho despacho, Marta Bergadà, celebra este fallo judicial, sin embargo, recuerda que “aún hay muchas personas que en su día fueron empresarias y se vieron afectada de manera directa por la crisis de la construcción de 2008. Desde hace años están sufriendo las consecuencias y han de saber que la Ley de la Segunda Oportunidad les puede ayudar a pasar página de una vez por todas si son deudores de buena fe”.

Marta Bergadà Minguell, socia fundadora Bergadà Abogados (Imagen: Bergadà Abogados)

Los hechos

En el presente caso, uno de los miembros de esta pareja era autónomo y tenía un negocio de metalistería, siendo la mayor parte del trabajo que recibían de constructoras y promotores inmobiliarios. Sin embargo, a raíz de la crisis de la construcción de 2008 la sociedad mercantil que había constituido se vio gravemente afectada.



Concretamente, tras estallar la crisis, su actividad empresarial se vio gravemente afectada ya que los ingresos que recibían eran cada vez eran más escasos y, por ende, el perjuicio económico mayor. Esto provocó a su vez una falta de liquidación que dificultó que pudiesen hacer frente a las facturas que tenían con proveedores, el mantenimiento de las instalaciones del negocio; la cuota de autónomos, etc.

Como consecuencia de esta situación económica insostenible, el hombre se vio en la obligación de pedir préstamos que su mujer avaló.

(Imagen: E&J)

La pareja perdió su negocio y su vivienda familiar

Pese a los préstamos que habían solicitado, el matrimonio no podían hacer frente a sus obligaciones, por lo que empezaron a llegar embargos judiciales. Además, la situación se agravó hasta tal extremo que la vivienda familiar del matrimonio fue ejecutada y subastada, ya que tampoco podían hacer frente a los pagos de la hipoteca.

En el año 2009 el hombre decidió cesar su actividad por cuenta propia. Asimismo, y a consecuencia de la crisis de la construcción, tanto él como ella estuvieron casi un año desempleados por la imposibilidad de encontrar un nuevo trabajo dada la situación económica del país.

Aun cuando la mujer encontró trabajo, los ingresos que percibía eran insuficientes para hacer frente a las necesidades familiares, sobre todo teniendo en cuenta que tenían un hijo a su cargo, por lo que tuvieron que solicitar nuevos créditos. Más tarde el hombre logró encontrar trabajo, pero aun así, tampoco pudieron liquidar las deudas pendientes.

La abogada Marta Bergadà señala a Economist & Jurist que fue a finales del año pasado cuando el matrimonio acudió a su despacho y les expuso su caso. “Nos expusieron su caso y que se habían visto en una situación de insolvencia a raíz de la crisis de la construcción de 2008. Además, con la documentación aportada vimos que se trataban de deudores de buena fe, por lo que rápidamente se inició todo el procedimiento”.

La buena noticia llegó recientemente, cuando el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Lleida perdonó a la pareja una deuda de 49.264 euros, concretamente, la Justicia perdonó al hombre la cantidad de 30.857 euros, y a la mujer la cuantía de 18.407 euros.