Una sentencia del TJUE sobre los jueces honorarios italianos obliga al Gobierno a regularizar a los jueces sustitutos españoles

¿Cuál debe ser la fórmula de regularización de los jueces y juezas sustitutos en nuestro país tras el proyecto de ley de eficiencia organizativa que abre la puerta en una enmienda a acometer esa reforma?

A contestar esta pregunta acudieron al ICAM invitados por las asociaciones ProDignidad jueces y juezas sustitutos y Asociación de Jueces Concepción Arenal asociaciones judiciales como Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Jueces para la Democracia, vocales de CGPJ, como Caros Hugo Preciado, parlamentarios como Enrique Santiago, diputado por Sumar; abogados expertos en interinidad como Javier Arauz de Robles y juristas como el magistrado Santiago Soldevilla y el exvocal del CGPJ Agustín Azparren, amén de otras asociaciones, expusieron sus ideas y rompieron algunas ideas preestablecidas.

El problema lleva latente cuarenta años en nuestro país. Nuestro país, el de menor ratio de jueces por cien mil habitantes, se encuentra ante una coyuntura complicada. Las 120 plazas de jueces y 80 de fiscales no serán suficientes para frenar las jubilaciones y fallecimientos de los llamados jueces de carrera.

Ahora, con la intervención de la Unión Europea, parece que se busca por fin una solución definitiva a la trayectoria de un millar de jueces sustitutos, algunos de los cuales encadenan llamamientos anuales desde hace quince o veinte años. Profesionales que podrían ayudar a descongestionar los juzgados.  La sentencia de los jueces italianos que Armando Orru, presidente de colectivo, explicó vía online, ha sido todo un revulsivo en la cuestión.

Tal y como explicó Agustín Azparren, abogado, magistrado jubilado  y exvocal del CGPJ, uno de los juristas de más prestigio de nuestro país y que ahora  asesora al colectivo de jueces sustitutos. En los últimos meses ha gestionado las dos denuncias ultimas interpuestas por el colectivo hayan generado que la Comisión obligue a nuestro país a su regularización. “La reforma debe tener el visto bueno de la Comisión Europea. Este no es un conflicto entre jueces sustitutos y titulares; ni entre jueces sustitutos y el CGPJ con el Ministerio de Justicia. Es un conflicto entre el Gobierno español y la UE que pide regularizar a este colectivo profesional”.

Agustín Azparren, exvocal del CGPJ, ha explicado la situación de este colectivo en fraude de ley y aportado soluciones. (Imagen: E&J)

Para este jurista, “nuestro país tenía que haber cumplido la Directiva 1999/70 en julio del 2001. Ha sido una sentencia del TJUE sobre los jueces honorarios italianos la que ha puesto la luz sobre este colectivo y que obliga a dictar una ley orgánica que regularice a este colectivo. Sorprende que hasta la fecha ningún juez español plantease una cuestión prejudicial sobre este colectivo profesional. Los jueces españoles por el momento plantearon cuarenta cuestiones prejudiciales sobre esta Directiva,  ninguna sobre los jueces sustitutos y su precariedad”.

Desde su punto de vista, “la sentencia de los jueces italianos señala que hay que transformar la relación laboral temporal en otra de carácter indefinido. En la sentencia se habla de la Directiva 1999/70 para frenar la temporalidad. La forma de hacerlo plantea una doble opción: una siguiendo el modelo italiano donde crearon un cuerpo de jueces honorarios sin integrarlos en la carrera judicial. Serían fijos como la figura española de los Jueces de Adscripción Territorial JATS. Y la otra fórmula puede ser la integración en la carrera judicial. La forma de hacerlo pretende que no se vuelva a caer en el abuso”.

Para Azparren, “es posible la integración del colectivo sustituto en la carrera profesional, aunque Europa no lo obliga. Las directivas piden resultados, pero dejan a los países miembros la forma de resolver cada cuestión. Los jueces sustitutos cada año están sometidos a controles exhaustivos de su capacidad, lo que evita su idoneidad y a informes semestrales de las presidentas de los TSJ. En cuanto al argumento de independencia judicial, hay que darse cuenta que sus nombramientos son de la Sala de Gobierno, formada por jueces de carrera  y, en ningún caso, del poder ejecutivo o legislativo”.

Europa nos obliga a la reforma

Por su parte, Enrique Santiago, diputado de Sumar y miembro de la Comisión de Justicia del Congreso, resaltó que “cuando en el Congreso de los Diputados explicábamos que el 17% de nuestros jueces eran sustitutos y con apenas derechos laborales, no se lo creía nadie. Nos llama la atención que nos digan porque si en cuarenta años esta cuestión no se ha arreglado, ahora lo queremos solucionar. La explicación es que es la primera vez en ese tiempo que hay un Gobierno de coalición de izquierdas. La precariedad en cualquier puesto de trabajo es inasumible. Esa precariedad resta derechos y la capacidad de reivindicarlos”.

Otra cuestión que comentó es que “no vamos a crear privilegios ni a que los jueces entren por la puerta de atrás. Se trata en primer lugar, de cumplir una directiva, en este caso la 1999/70 que no permite la concatenación de contratos anuales sin ninguna consecuencia. Sus condiciones laborales son indignas y Europa nos obliga a la regularización de este colectivo porque su situación actual no encaja con el Estatuto de los Trabajadores. Nosotros como legisladores ya trabajamos en buscar criterios para su estabilización”.

Enrique Santiago, parlamentario de Sumar, ha explicado la iniciativa del Gobierno de regularizar a los jueces sustitutos. “Es una exigencia de Europa porque el CGPJ se ha desentendido durante décadas de este colectivo”. (Imagen: E&J)

Desde su punto de vista, “la situación se ha producido por un desentendimiento temerario del CGPJ desde hace décadas. Se podía haber buscado una solución en el cuarto turno hace años, pero no se hizo nada. Al final, de lo que se trata es que la ley establezca como se accede a la carrera judicial que data del 1870 y hay que modernizarlo. Nosotros descartamos el turno libre, la gente con veinte años de experiencia no lo puede asumir. El problema del cuarto turno es legal, la sentencia dice que si ese juez no pasa el proceso de dicho turno debe también estabilizarse. Vamos a trabajar en buscar la fórmula de regularización”.

Un colectivo en abuso

Tras la intervención de Eugenio Ribón, decano del ICAM, que abrió el acto, mostrando su apoyo a este colectivo de jueces y magistrados sustitutos y suplentes, las dos presidentas de las asociaciones convocantes, Inmaculada Galán, presidente de la Asociación de Jueces Concepción Arenal y Lydia Polo, de la Asociación Prodignidad de Jueces y Juezas Sustitutos y Magistrados y Magistradas Suplentes situaron el debate.

Mientras, Galán explicaba el origen de este colectivo en la LOPJ de 1985 para resolver cuestiones temporales de los jueces de carrera “ahora somos un problema estructural que no se ha resuelto, solo cobramos la Seguridad Social los días que cobramos, Polo recordó que estamos en una situación en precario y no podemos planificar nuestra vida profesional y personal. Garantizamos los derechos de todos los ciudadanos, pero no están reconocidos los nuestros. Eso lo acepta el CGPJ y el Ministerio de Justicia cuando esta situación va contra la normativa laboral”.

Otra de las intervenciones destacadas fue la de Javier Arauz de Robles, abogado del Estado en excedencia, conocedor del problema de los jueces sustitutos desde el 2014. Habló de la estabilización automática de estos profesionales como de otros trabajadores de la administración interinos, comentó a Economist & Jurist que “hay que aplicar el derecho de la UE para resolver este problema. Por lo oído hay jueces de carrera que aun piensan en mentalidad de derecho interno. Ahora Europa parece que empieza a entender este problema. Llevamos cuarenta años con esta discriminación”.

Desde su punto de vista, “es lamentable que los jueces de carrera no tengan la generosidad suficiente de reconocer el trabajo de estos profesionales que llevan poniendo sentencia desde hace treinta años. La oposición no es un fin en sí mismo, es un medio para buscar los mejores jueces. Los mejores jueces no son los que hacen la oposición, sino los que desempeñan su labor judicial con rigor, equidad y dedicación. Todas las magistradas que están en este evento tienen ese perfil profesional que le comento”.

Javier Arauz, ya en el 2014 llevaba asuntos de jueces sustitutos: “Se podría hacer una estabilización automática sin proceso judicial“. (Imagen: Apiscam)

Para este jurista, “es de elogiar el trabajo de estos profesionales que han estado al frente de juzgados en situaciones complicada”. Sobre la posibilidad que el Gobierno ponga en marcha un cuarto turno específico para este colectivo, Arauz recuerda que “esta medida es ilegal. No podemos seguir viviendo en la ilegalidad. El TJUE ya lo ha dicho que ningún proceso selectivo es un proceso que cumpla con los requisitos de la Directiva 1999/70, pero debemos salir de esta situación de abuso de la temporalidad que ha sido denunciada en Europa. Ahora lo digno es solucionarlo y no dar una patada para adelante”.

Hay que recuperar a los JATS

Para Santiago Soldevilla, magistrado de la Audiencia Nacional y juez del Tribunal General de la UE durante los años 2007 a 2013, subrayó que la “justicia interina con la sentencia italiana tal y como la conocemos no se puede continuar con ella. Lo que hay que hacer es resolver el problema actual de los jueces sustitutos españoles. A nivel de organización de justicia no hay un modelo uniformado en Europa. En Italia coexiste los jueces de carrera con los honorarios. La figura del indefinido no fijo no seria la solución. El gran problema es buscar cómo resolver esta problemática que acucia a este millar de jueces y juezas sustitutos”.

Desde su punto de vista, la solución podría pasar por la indemnización o la integración del colectivo “la indemnización no podría ser la de la ley 2020/21 de la función pública. Debe ser singularizada, sin topes y que responda a la situación de esta persona. En cuanto a la integración en la carrera judicial, esta es una cuestión que debemos arreglar nosotros, sin que tengan que venir de fuera para resolverlo. Alguna sentencia del TJUE podría abrir la puerta a un concurso específico para este colectivo con los criterios del cuarto turno. Creo que este colectivo superaría bien estos requisitos si se ponen en marcha”.

El debate ha sido intenso, Domingo Sánchez Ruiz, uno de los coordinadores de la Plataforma de Interinos del sector público, en el uso de la palabra. (Imagen: E&J)

Soldevilla, miembro de la Asociación Francisco de Vitoria, es partidario, como también lo es dicha asociación judicial,  de recuperar la figura de los Jueces de Adscripción Territorial, (JATS) creado para este tipo de situaciones “habría que contar con un número suficiente, que se seleccionara por especialidades que hubiera un retén adecuado para resolver situaciones de emergencia. Creo que es el momento del CGPJ para que se tome en serio esta figura profesional, ahora muy necesaria”.

Las asociaciones, frente a los interinos

En cuanto a las asociaciones judiciales, Luis Ortiz, magistrado  de la Audiencia Provincial de Asturias y miembro del comité Ejecutivo de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y Roberto García, magistrado de la Sección cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona y vocal de la Gestora de Foro Judicial Independiente, coincidieron en sus planteamientos: «Los mecanismos de acceso a la carrera judicial son la oposición y del cuarto turno sirven de acceso y “no deben admitirse otros atajos o planteamientos».

También señalaron que “hay muy pocas plazas de jueces y las 120 que se van a convocar y 80 de fiscales, aunque el compromiso del Gobierno de crear 300 plazas. Si esto no se hace vamos a tener un problema en los próximos años por las jubilaciones de muchos compañeros. Ser juez interino se ha convertido en una profesión precaria y debería haberse evitado en estos veinte años”.

Por su parte, Belén Tomás, magistrado del juzgado social  41 de Madrid e integrante del secretariado de Jueces y Juezas por la Democracia, resaltó que “la sentencia de los jueces y fiscales honorarios italianos del TJUE  deja claro que no hay razón objetiva para la concatenación de contratos temporales entre estos magistrados para cubrir necesidades permanentes. El Gobierno debe resolver el problema de estos jueces sustitutos que llevan años trabajando en precario. Nosotros nos pronunciaremos sobre el tema cuando conozcamos el texto definitivo del proyecto de ley”.

Para Carlos Hugo Preciado, magistrado del TSJ de Cataluña y vocal del CGPJ, confesó que “queremos ser el cauce institucional para que planteéis vuestras reivindicaciones de vuestro colectivo. El CGPJ garantiza la independencia judicial y esa pasa por la inamovilidad de los profesionales. Reconocemos que este colectivo tiene escasos derechos laborales y de Seguridad Social. La oposición es una forma de acceso, pero no se puede mitificar. Ahora el legislador a la hora de regular el colectivo tendrá que cumplir con la normativa de la UE y el CGPJ tendrá que ver como se articula. No será una tarea fácil”.