El bloqueo que desde hace meses hay en el Congreso impide que las víctimas de tráfico disfruten de las mejoras del baremo

No hay ninguna explicación, ni financiera ni de impacto económico para que se demore la reforma planteada en el Congreso ni la regulación del seguro del automóvil. Las asociaciones ANAVA-RC, ADEVI, y ADAVIAC, que llevan años reclamando esta reforma, exigen su aprobación inmediata. Consideran intolerable que el Congreso mantenga bloqueada una legislación socialmente consensuada desde el 2020 y que alinearía a España con los estándares europeos de protección a las víctimas. “No entendemos como un Gobierno, que dice apoyar a los más vulnerables, tenga este tema sin mover”, comentan.

Según las cifras de Naciones Unidas, cada día mueren en las carreteras de todo el mundo casi 4.000 personas y muchos cientos de miles resultan heridas. Cada una de estas pérdidas supone, además, una familia que debe hacer frente al duelo por la muerte inesperada de un ser querido. En 2023, en España, se produjeron 9.265 heridos graves en siniestros viales (un 9% más que en 2022), y 1.806 fallecidos, según las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

El Proyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor se encuentra paralizado desde junio de 2024 en la Comisión de Economía y Comercio del Congreso de los Diputados. Esta reforma, basada en el Informe Razonado consensuado unánimemente en 2020 por la Comisión de Seguimiento del Baremo, cuenta con 100 medidas de las que 50 están consensuadas para mejorar al baremo al incluir correcciones y mejoras vitales, especialmente para las grandes víctimas de accidentes de tráfico. Es un tema técnico, pero pese a su tramitación en régimen de urgencia, el plazo de enmiendas se ha prorrogado repetidamente desde junio, cuando se presentaron las últimas propuestas.

Luego estarían los seguros y su adecuación al Derecho Europeo de los seguros de automóvil, que establece otra definición de lo que es un vehículo de motor en función de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para dar más seguridad jurídica. El seguro obligatorio protege a la víctima por una cuantía que son 70 millones por cada víctima, que eso no lo ofrece ningún seguro. Si se amplía ese concepto a más ámbitos, la víctima está cubierta. Son garantías mayores a los perjudicados. Hay sentencias del TJUE de obligado cumplimiento que señalan esta cuestión, sin embargo, al no estar en una norma no se reclama porque no se conocen estos derechos. Es la directiva del seguro del automóvil aún por trasponer en nuestro país.

Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC y presidente de la sección de RC y seguro del ICAM, señala a Economist & Jurist que “esta inacción resulta alarmante por varios motivos clave. En primer lugar, la reforma debería haber entrado en vigor a los cinco años de la anterior modificación del Baremo en 2015. Además, el informe base fue consensuado unánimemente por asociaciones de víctimas y la patronal aseguradora UNESPA”.

Castellanos también aclara que “España tenía como fecha límite el 23 de diciembre de 2023 para transponer la Directiva europea 2021/2118, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (nueva Directiva del seguro de automóviles)”. A este respecto, recuerda que el 14 de noviembre la Comisión Europea emitió un ultimátum a España, advirtiendo de posibles sanciones económicas si no adapta su legislación.

Manuel Castellanos, junto con el exfiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas (primero por la izda.); y Luis del Rio, nuevo fiscal de Seguridad Vial (primero por la derecha). (Imagen: E&J)

Castellanos comenta que ahora la iniciativa es el Proyecto de Ley, “pero lo que más nos extraña es que la iniciativa esté en un cajón de dicha Comisión de Economía y Comercio del Congreso. Hay un retraso considerable porque no está ni como ponencia. Las asociaciones han enviado algunas enmiendas, apoyadas por el ICAM entre otras entidades, pero no se dignan a recibirnos”, apunta.

La propia Ley del baremo tiene una cláusula de cierre que establecía que a los cinco años de su vigencia una Comisión de Expertos haría una mejora. Ese informe fue entregado en julio del 2020. “En ese momento ya podía haber cambiado la Ley. La propia norma establecía otra segunda reforma que tampoco se ha hecho”.

Al final, el presidente de ANAVA-RC subraya que, “el incumplimiento puede acarrear multas millonarias, similares a los 15 millones de euros más 89.000 euros diarios que ya impuso el TJUE a España por otra directiva no transpuesta”.

“Llama la atención que nuestro legislativo ignore a un colectivo tan vulnerable y socialmente tan necesitado, sobre todo teniendo en cuenta la alarma social creada actualmente por otras víctimas, como son los de la Dana, dando la sensación que el Estado reacciona cuando ya es tarde”, manifiesta Castellanos.

No es prioritario ayudar a las víctimas

“Es incomprensible que el Estado prefiera arriesgarse a pagar millones en sanciones antes que aprobar una ley que beneficia a miles de grandes víctimas y nos acerca más que nunca a Europa”, declara Xavier Coca, presidente de ADAVIAC.

“Los diputados tienen todo el trabajo hecho, solo deben votarlo. Les pedimos que recuerden las bases de nuestro Estado Social y de Derecho y prioricen el bienestar de las víctimas”, continúa, “no entendemos cómo, tras más de cuatro años de propuestas desde la Comisión de Seguimiento, el Ministerio y el Congreso siguen dilatando esta reforma”.

“Es una ley técnica, social y urgente, necesaria para las víctimas de tráfico y todas aquellas protegidas por esta normativa de forma análoga (DANAS, accidentes laborales, etc.). Cuando el Gobierno quiso acelerar una reforma procesal, lo hizo de la noche a la mañana, ¿por qué no se aplica la misma urgencia a este proyecto social tan prioritario?», se pregunta Alberto Salas, presidente de ADEVI.

Alberto Salas, presidente de la Asociación Adevi, cree que la reforma es prioritaria por su corte social. (Imagen: Asociación Adevi)

Mejoras en su calidad de vida

José Pérez Tirado, abogado de víctimas y hasta hace unos meses miembro del Comité de Expertos del baremo, recuerda que “este Proyecto de Ley entró el 7 de junio en el Congreso, con un retraso grande porque la Directiva que lleva toda esta reforma tenía que estar adaptada el 23 de diciembre del año pasado. Se va a cumplir un año de retraso y ya hemos recibido dos advertencias en Economía por parte de la Comisión Europea sobre este retraso”.

Desde su punto de vista “esta Directiva mejora las condiciones de vida de las víctimas de accidente de tráfico. La verdad que el trabajo de la Comisión de Economía sobre este Proyecto de Ley no ha sido muy diligente. Tiene competencia plena para resolver la Comisión por trámite urgente. Y, por el momento, lleva catorce plazos de enmiendas. Da la sensación de que la entrada de la reforma el 1 de enero del 2025 no va a ser posible”.

Este abogado comunica a E&J que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido al Congreso de los Diputados acelerar la tramitación del Proyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, que lleva meses paralizado en la Cámara Baja “sin ninguna justificación”, señaló la entidad en un comunicado.

Jose Pérez Tirado recuerda que esas 50 mejoras del baremo han sido pactadas por la Comisión de Expertos, donde también está la patronal UNESPA. (Imagen: Pérez Tirado Abogados)

A juicio de este jurista “no hay ningún motivo para dicho retraso. Hay que darse cuenta que hay dos cuestiones, trasponer una Directiva que te obliga Europa, que ya te ha advertido de sanción. La última vez que nos sancionaron, que fue por la Ley de Protección de Datos, le costó a España 15 millones de euros y 89.000 euros por cada día de retraso. Debemos evitar una sentencia del TJUE en ese sentido. Ya nos han avisado dos veces”.

Sobre las mejoras, este jurista que pactó con otros expertos en la Comisión de Expertos del Baremo, indica que “hay 50 mejoras. Por ejemplo, algo tan elemental es que la Ley generaba una discriminación sobre las personas que se dedican a las tareas del hogar, y ahora se reconoce que estas personas en situación de invalidez no cobran una pensión publica; ahora se reconoce que deben tener mejores derechos al dedicarse a las tareas del hogar”.

Otros cambios importantes tienen que ver con “que se reconoce el derecho de tratamientos de rehabilitación a las personas que sufren amputaciones. Ahora se reconoce ese derecho; se mejoran los tratamientos psicológicos que estaban más limitados para personas que sufren la pérdida de un familiar o aquellas que acaben en una situación complicada tras el accidente tendrán esos tratamientos. Se mejoran 50 cuestiones que ya están acordadas por el sector asegurador y su patronal UNESPA. A las personas en coma o con tetraplejia se les reconoce 24 horas de cuidado y no 16 actuales”.

En definitiva, las asociaciones demandan al Congreso que desbloquee esta reforma de inmediato, subrayando que la protección de las víctimas debe ser un pilar esencial del Estado, por encima de cualquier interés asegurador. Recuerdan que cada día de retraso perjudica a las personas más vulnerables y aleja a España del cumplimiento de sus compromisos europeos.