Juan Carlos Calvo, ‘of counsel’ de Monedero Gil & Crespo: “Las administraciones deberían someterse a arbitraje”

La litigación, la contratación pública y el Derecho Administrativo se han convertido en unas de las prácticas estratégicas de las firmas legales. Junto a los grandes despachos que han creado áreas de Público y Regulatorio importantes, las boutiques legales se mantienen desde la especialización y el expertise de sus profesionales senior con años de experiencia.

Este es el caso de Monedero Gil & Crespo, Abogados y Asesores Financieros, la boutique legal que dirigen los abogados del Estado en excedencia José Ignacio Monedero y Miguel Crespo, y que mantiene su crecimiento como firma legal de referencia en litigación y Derecho Administrativo. La firma cumplirá sus primeros cinco años este mes de enero. En este contexto de expansión se ha incorporado en los últimos días en calidad de of counsel Juan Carlos Calvo, experto en litigación, contratación pública, energías renovables y arbitraje.

Desde su ingreso al Cuerpo de Abogados del Estado en 1985, Calvo ha desempeñado funciones de alto nivel en organismos clave como la Delegación del Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Su conocimiento del entorno internacional va a ayudar al despacho a iniciar su internacionalización hacia América Latina en los próximos años para empresas que, en ambas direcciones, quieran hacer negocios e inversiones.

Un profesional que ha estado más de 30 años en el sector privado, en empresas líderes de sectores como la construcción, energía y medioambiente, como Vías y Construcciones y Urbaser, del Grupo ACS, donde fue durante tres décadas director de sus servicios jurídicos.

Realizar negocios con la Administración es complejo

A juicio de Juan Carlos Calvo “no es nada fácil realizar negocios con las administraciones públicas. En esas relaciones de negocio con inversores y particulares hay una relación de desigualdad. Al mismo tiempo tiene un apoyo efectivo en los tribunales contenciosos-administrativos. Creo que ha llegado el momento de plantearse contar con dos jurisdicciones, la Civil y Penal, y eliminar la Contenciosa. El problema que tenemos con los jueces es su falta de especialización y falta de disponibilidad provocada por falta de medios en Justicia”.

Para este jurista, “no se entiende que la Administración no haya fomentado el arbitraje como método de resolución de controversias. En CIMA preparamos una monografía con artículos de los principales expertos en la materia sobre la necesidad de su implementación. Estoy convencido que nuestra economía mejoraría si la Administración pública se sometiera a arbitraje. Se aprobaría una ley que protegiese el interés público y los tribunales civiles aplicarían esas leyes”, comenta.

Desde su punto de vista es “descorazonador que los tribunales Contenciosos desestimen una por una las pretensiones de los particulares. En España sufrimos de las renovables y los arbitrajes que nuestro país ha ido perdiendo uno por uno. Los inversores nacionales no fueron atendidos por los tribunales nacionales, mientras que los extranjeros pudieron acudir al arbitraje internacional. Eso hace que España esté perdiendo en los 50 arbitrajes en los que se enfrenta estos inversores”.

Por si fuera poco, Calvo advierte que en la jurisdicción Contenciosa se ha modificado el régimen de costas “ahora es como la jurisdicción Civil. Eso supone que si un particular litiga contra la Administración y pierde va a tener que abonar unas costas importantes. Los asuntos relacionados con la responsabilidad patrimonial, el incumplimiento contractual y otras cuestiones son importantes. Al final genera un efecto disuasivo para que esa empresa no particular no litigue con la Administracion”.

Calvo con Jose Ignacio Monedero y Miguel Crespo, socios directores, el despacho se internacionaliza. (Imagen: Monedero Gil & Crespo, Abogados y Asesores Financieros)

Hay que fomentar el arbitraje

Juan Carlos Calvo también ha sido presidente y continúa siendo miembro de la Comisión de Gobierno de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, participando activamente como árbitro y abogado en procedimientos ante prestigiosas cortes nacionales e internacionales, como CIAM-Ciarb, CIADI y CIETAC. “He llevado asuntos arbitrales en los cinco continentes, en jurisdicciones como China o EE.UU. Desde el año 1988, fecha en la que se aprobó la Ley de Arbitraje anterior a la actual, vengo ejerciendo en el mundo arbitral, tanto como árbitro como abogado de parte”, comenta.

Desde su punto de vista “con la Ley de eficiencia organizativa del Servicio Público de Justicia se ha perdido una oportunidad de fomentar el arbitraje. En los últimos años de forma brusca se ha dado un giro hacia la mediación que parece que es más progresista. El problema es que la mediación puede acabar sin acuerdo. También se cita al experto independiente y otras figuras que tienen poco arraigo en nuestro país. No tengo claro que vaya a encajar en la normativa que se está aprobando”.

Sobre el arbitraje reconoce que “no hay que verlo como la panacea para todo, pero por lo que vemos es que se está encareciendo de forma notable. Sigue manteniendo la virtud de la celeridad, pero tiene el inconveniente que a las empresas les disuade que es una única instancia, donde se dilucida todo. No hay forma de revisarlo salvo aspectos formales”.

Frente a esta situación reconoce que entidades arbitrales como CIMA, la Corte de Arbitraje de Madrid o el CIAM, han creado una segunda instancia. “Esto es algo que viene de EE.UU., donde se ha generalizado. El sistema que se aplica en España se llama impugnación opcional, porque es voluntario, pero tiene una peculiaridad porque los motivos que justifican esa impugnación del laudo son tasados: un posible error grave de los hechos o una infracción de también notable de la aplicación de las leyes del caso”, señala.

Al final con esta medida “se da un mínimo de conforte a las empresas y a las partes para que sepan que si se produce ese error manifiesto que tanto les preocupa, habría una manera de enmendarlo. Por el momento el arbitraje con la Administración solo lo pueden tener los inversores internacionales. Habrá que ver si en el futuro el arbitraje se desarrolla en esas relaciones entre particulares y/o empresas y las propias administraciones”.

Los socios del despacho como los mosqueteros de Dumas, “todos a una”. (Imagen: Monedero Gil & Crespo, Abogados y Asesores Financieros)

Internacionalizar la firma

La presencia de Juan Carlos Calvo, que se ha pasado media vida gestionando negocios desde varias empresas del Grupo ACS en todo el mundo, va a ayudar a la internacionalización de Monedero Gil & Crespo en los próximos años. “Se trata de dar servicio de forma bilateral, tanto en la proyección española hacia el exterior como tanto los inversores extranjeros que quieran desarrollar determinadas operaciones en nuestro país”.

Para este jurista “el ejemplo de la Comunidad de Madrid y de su presidenta Isabel Díaz Ayuso y su equipo de Gobierno autonómico es claro en este tipo de gestión de inversiones extranjeras. Ya sabemos que de su viaje concluido en Corea del Sur ha logrado cerrar bastantes acuerdos comerciales. Eso es un modelo a seguir, por desgracia el resto de comunidades autónomas no tienen esa capacidad comercial de la presidenta madrileña para generar negocio. Madrid es una especie de islote de negocios y proyección internacional frente al entorno general del país”.

Este experto reconoce que el sector de la construcción e infraestructuras, que también tiene una vertiente internacional importante donde empresas españolas están impulsando negocios en los cinco continentes, ha pasado por diversos momentos. “Ahora parece que sale del bache en el que se encuentra inmerso gracias al desarrollo de nuestra economía, aunque nuestro país no es el país más pujante de este entorno global”.

Para José Ignacio Monedero, “la llegada de Juan Carlos representa un fortalecimiento significativo de nuestra práctica en contratación pública, litigación y arbitraje. Su experiencia incluye el manejo de procedimientos complejos ante diversas jurisdicciones y en materias como regulación, competencia, contratación pública y fiscalidad”.

De este jurista cualificado destaca entre otras cuestiones “su enfoque estratégico y su habilidad para gestionar disputas de alta complejidad, tanto en el ámbito Contencioso-Administrativo como en litigios civiles y mercantiles, complementan perfectamente nuestra oferta de servicios legales”. También resalta que Juan Carlos Calvo ha demostrado un compromiso sostenido con la enseñanza y la difusión del conocimiento jurídico. Como profesor en la UNED y colaborador en diversas publicaciones académicas, su influencia trasciende el ámbito de la práctica legal.

“Su incorporación refuerza nuestra misión de combinar excelencia técnica con innovación, asegurando un servicio que no solo responde a las necesidades actuales de nuestros clientes, sino que también anticipa los desafíos del futuro”, comenta Miguel Crespo, otro de los socios directores.

Ambos socios directores explican que “en Monedero Gil & Crespo, vemos en la incorporación de Juan Carlos una oportunidad para consolidar aún más nuestro liderazgo en el sector legal. Su experiencia, visión estratégica y compromiso con la calidad serán claves para seguir brindando soluciones efectivas y personalizadas a nuestros clientes”.