Reclamación de cantidad en concepto de devolución de fianza, daños y perjuicios y Obligación del cambio de domiciliación del suministro de agua

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
SE ESTIMA PARCIALMENTE la Demanda interpuesta por Dª. Eugenia contra Dª. Laura y

Primero, SE DECLARA la obligación de la demandada de devolver a la demandante la fianza de 850 euros del contrato de arrendamiento de fecha 1 de febrero de 2020, suscrito inter partes, rescindido por documento privado de fecha 15 de octubre de 2021.

Segundo, SE CONDENA a la demandada a abonar a la demandante el importe de 850 euros. La citada cantidad de 850 euros devengará el interés legal correspondiente desde el día 15 de noviembre de 2021 hasta la fecha de la presente resolución y, desde esta fecha, el interés legal incrementado en dos puntos hasta el completo pago.

Tercero, SE CONDENA a la demandada a abonar a la demandante el importe de 117,50 euros. La citada cantidad de 117,50 euros devengará el interés legal correspondiente desde el día 16 de septiembre de 2023 hasta la fecha de la presente resolución y, desde esta fecha, el interés legal incrementado en dos puntos hasta el completo pago.

Cuarto, SE DECLARA la obligación de la demandada a estar y pasar por el cambio de titularidad de la obligación de pago de los consumos de agua del contrato de suministro de agua, como consecuencia de la resolución del contrato de arrendamiento de fecha 1 de febrero de 2020, rescindido por documento privado de fecha 15 de octubre de 2021, siendo de su cuenta los cargos, gastos, impuestos, tasas y arbitrios que ello genere.

Todo ello sin expresa imposición de costas, sufragando cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:
PRIMERO. – La demandante, en su condición de arrendataria, ejercita:
Primero, una acción, en la doble vertiente de declarativa y de condena, en virtud del contrato de arrendamiento de fecha 1 de febrero de 2.020, suscrito inter partes, rescindido por documento privado de fecha 15 de octubre de 2.021, solicitando la devolución de la fianza abonada a la demandada, en su condición de arrendadora, al amparo del artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1.994. Segundo, una acción de reclamación de cantidad, por el importe litigioso interesado en virtud del contrato de arrendamiento de fecha 1 de febrero de 2.020, suscrito inter partes, rescindido por documento privado de fecha 15 de octubre de 2.021, interesando la devolución de las cantidades de 117,75 euros, en concepto de suministro de luz, y de 73,90 euros, en concepto de suministro de agua.
Tercero, se declare la obligación de la demandada consistente en el cambio de titularidad de la obligación de pago del contrato de suministro de agua.

La parte demandada se encuentra en situación de rebeldía procesal. Esta situación no implica allanamiento a la Demanda ni libera al actor de probar los hechos constitutivos del derecho que reclama, e incluso le cabe al demandado, el acreditar su inexactitud, si el estado del proceso lo permite, sin que tampoco puede afirmarse que la rebeldía del demandado suponga siquiera un principio de prueba. Ya que es el demandado el que voluntariamente se sitúa en esa cómoda posición procesal, no resulta equitativo la exigencia de un rigor excesivo en las probanzas del actor, ya que, precisamente, por esa actitud de la contraparte, el actor se vería privado de la posibilidad de acudir a los habituales medios probatorios de mayor entidad, y a la vez, la inactividad previa del demandado puede dificultar la previa del actor, y todo ello sin olvidar, además, que la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo ha matizado aquel principio general sobre la carga de la prueba a través de los principios de normalidad (STS 24 de abril de 1.987), de flexibilidad en su interpretación (SSTS 13 y 16 de octubre de 1.995), y facilidad probatoria (en función de la posibilidad probatoria de las partes) derivadas de la posición de cada parte en relación con el efecto jurídico pretendido (SAP de Barcelona, Sección 13ª, de 17 de noviembre de 1.998, entre otras).

SEGUNDO. – La fianza, tal y como está regulada en el artículo 36 de la Ley de Arrendamiento Urbanos de 1.994, se configura como un derecho de prenda que asegura el cumplimiento de las obligaciones propias del arrendatario, previstas legalmente y sean del carácter que sean. Su restitución por parte del arrendador, si procede, se producirá al término del arrendamiento o transcurrido un mes desde la devolución de las llaves.
Con carácter preliminar, debo indicar que es indiscutida la certeza y la realidad de la relación jurídico-contractual de carácter arrendaticio suscrita inter partes y su resolución en fecha 15 de octubre de 2.021.
Dicho esto, la cuestión se circunscribe a la procedencia de la acción interesada por la demandante relativa la devolución de la fianza abonada, tal y como consta reflejada en la estipulación quinta del contrato litigioso.

De conformidad con el soporte probatorio de carácter documental obrante en actuaciones, demostrada como está la resolución contractual en fecha 15 de octubre de 2.021, habiendo cumplido la demandante, con lo recogido en la
estipulación vigésimo primera de la relación jurídico-contractual arrendaticia litigiosa, considero probada la procedencia de la devolución íntegra de la fianza, al amparo de lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, no concurriendo ninguno de los supuestos recogidos en el pacto segundo del documento de fecha 15 de octubre de 2.021, que me lleve a concluir que procede cualquier minoración, en concepto de suministros pendientes o de desperfectos y/o reparaciones.

En consecuencia, la demandada está obligada a devolver a la demandante la cantidad de 850 euros, con los intereses legales devengados desde el 15 de noviembre de 2.021 hasta el completo pago de la deuda, incrementados en la
forma determinada en el citado artículo 576 de nuestra norma procesal civil, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 36.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

TERCERO. – La demandante, en segundo lugar, interesa la condena de la demandada a la devolución de las cantidades de 117,75 euros, en concepto de suministro de luz, y de 73,90 euros, en concepto de suministro de agua. Aporta, en este particular sentido, los documentos número cuatro y cinco de la Demanda que recogen, respectivamente:
El primero, tres facturas de luz: la primera, de fecha 30 de diciembre de 2.021, que comprende el período de 24 de noviembre de 2.021 a 6 de enero de 2.022 por importe de 62,18 euros; la segunda, de fecha 26 de noviembre de 2.021, que comprende el período de 26 de octubre de 2.021 a 24 de noviembre de 2.021 por importe de 55,57 euros; y la tercera, de fecha 28 de octubre de 2.021, que comprende el período de 23 de septiembre de 2.021 a 26 de octubre de 2.021 por importe de 44,67 euros.
La demandante solo reclama las dos primeras facturas. De conformidad con el soporte probatorio de carácter documental obrante en actuaciones, demostrada como está la resolución contractual en fecha 15 de octubre de 2.021, ambas facturas comprenden períodos de consumo posteriores a la resolución contractual, quedando probado su pago por la aquí demandante.

En consecuencia, la demandada está obligada a la devolución de dichos importes.

El segundo, dos domiciliaciones de pago de suministro de agua: la primera, de fecha 28 de diciembre de 2.022 por importe de 107,81 euros, la segunda de fecha 15 de junio de 2.023 por importe de 192,58 euros. La demandante reclama el importe de 73,90 euros, correspondiente a la factura anterior a la suscripción de la relación jurídico-contractual de fecha 1 de febrero de 2.020, que comprende el período de consumo de 25 de octubre de 2.019 a 26 de enero de 2.020, tal y como se colige de una lectura de la Demanda.
De conformidad con el soporte probatorio de carácter documental obrante en actuaciones, no considero probado que la demandante abonará factura de agua anterior a la formalización del contrato litigioso, a la vista de que la domiciliación de dicho suministro en la cuenta de la demandante es de fecha 20 de febrero de 2.020 (documento número seis de la Demanda).
En consecuencia, no puedo atender dicha petición de condena.

Si bien queda demostrado que ha abonado la cifra dineraria total de 300,39 euros con posterioridad a la rescisión contractual del arrendamiento suscrito entre ambas litigantes y que, seguramente, el primer abono comprende consumos posteriores a dicha resolución, ya que el segundo abono es evidente que los comprende, dichas cantidades no pueden ser objeto de pronunciamiento específico, en virtud del principio dispositivo que preside nuestro sistema procesal civil, atendido el contenido y suplico de la Demanda.
En consecuencia, condeno a la demandada a abonar a la demandante el importe de 117,75 euros, en concepto de consumos de luz.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 1.100, 1.108 y 1.109 del Código Civil y 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe condenarse a la parte demandada al pago de los intereses legales de dicha cantidad, desde la fecha de presentación de la Demanda hasta el completo pago de la deuda, incrementados en la forma determinada en el citado artículo 576 de nuestra norma procesal civil.

CUARTO. – La demandante, en último lugar, solicita que se declare la obligación de la demandante a cambiar la titularidad de la domiciliación del contrato de suministro de agua.
De conformidad con el soporte probatorio de carácter documental obrante en actuaciones, dicha petición merece ser atendida íntegramente a la vista de la resolución contractual.
En definitiva, estimo parcialmente la Demanda.

QUINTO. – En virtud de lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al estimarse parcialmente las pretensiones de las partes, no procede hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales, sufragando cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad.