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Ospina Abogados crece un 15% en facturación en el 2024 y se posiciona como una de las boutiques referentes en defensa penal

La defensa de los familiares de Edwin Arrieta en el caso de Daniel Sancho han colocado a Juan Gonzalo Ospina en el foco mediático

Juango Ospina, flanqueado por Juan Antonio García y Beatriz Uriarte, los otros dos socios de la firma. (Imagen: E&J)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 5 min

Publicado




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Ospina Abogados crece un 15% en facturación en el 2024 y se posiciona como una de las boutiques referentes en defensa penal

La defensa de los familiares de Edwin Arrieta en el caso de Daniel Sancho han colocado a Juan Gonzalo Ospina en el foco mediático

Juango Ospina, flanqueado por Juan Antonio García y Beatriz Uriarte, los otros dos socios de la firma. (Imagen: E&J)



Los abogados penalistas son un caso especial dentro del sector legal. Son profesionales que tienen en sus manos la libertad de sus clientes y esa circunstancia parece marcar su forma de actuación. Juan Gonzalo Ospina siempre tuvo la convicción de convertirse en un abogado penalista de referencia y de tener su propio despacho. En esta década que lleva ejerciendo ha trabajado duro. Su proyecto profesional, Ospina Abogados, nació con la idea de ocupar un espacio en esta práctica centrado en la defensa.

Así su trabajo y el de sus colaboradores se ha centrado en el derecho penal, procesal penal y derecho penitenciario. «Desde el despacho cubrimos cualquier tipo de contingencia, las 24 horas del día, los 365 días del año», explica.



Ospina, un abogado distinto a los demás, que cuida su presencia en redes sociales al máximo e incluso dispone de un jefe de prensa como Miguel Rodero, que gestiona sus relaciones con los medios, reconoce haber aprendido mucho de su estancia en la Junta de Gobierno del ICAM, presidida por José María Alonso, y de haber competido contra Eugenio Ribón en las últimas elecciones.



Él sabe que es un hombre joven y que tendrá alguna oportunidad más de lograrlo —si así lo desea— de ser decano de la entidad colegial más grande de Europa. Sin embargo, junto a ese reto, uno de los objetivos principales es hacer de Ospina Abogados, una firma que en estos casi ocho años de vida no deja de crecer, uno de los referentes en materia de defensa penal.

Los datos señalan que el despacho ha superado el millón y medio de euros de facturación, lo que supone un 15% respecto al año anterior. También se han gestionado unos 300 expedientes, lo que indica que el crecimiento en esta boutique penal fue del 11% en un equipo jurídico joven formado por cinco abogados, tres de ellos socios y dos en práctica de una estructura que engloba un total de doce profesionales.



El despacho ha realizado intervenciones en tres continentes distintos y ocho países diferentes como pueden ser España, Portugal, Francia, Suiza, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Tailandia. “Nuestro porcentaje de éxito supera la media gracias a la firma de acuerdos con abogados locales, que seleccionados de forma rigurosa para que desarrollen la estrategia procesal del asunto que desarrollamos de forma conjunta”, comenta Ospina.

Una firma con casos mediáticos

A nadie se le escapa que la llevanza de la defensa de los familiares de Edwin Arrieta, logrando la cadena perpetua de Daniel Sancho por el asesinato premeditado del primero, ha colocado al despacho de Ospina en el centro de los focos mediáticos, y a su socio director como interlocutor válido ante los medios.

Los ecos de este asunto siguen en el punto de mira de la actualidad, porque en unos días culmina el plazo de presentación del recurso de apelación sobre la sentencia. La idea que comentó Ospina en rueda de prensa fue la de impugnar ese recurso de apelación y, al mismo tiempo, “en cuanto a la responsabilidad civil, por consejo de nuestros abogados tailandeses, pediremos que se revise la cantidad económica que se recoge en la sentencia porque no se ajusta a la realidad familiar y social”.

Junto a esta cuestión, desde Ospina Abogados destacan otros asuntos de relevancia que saltaron luego a los medios de comunicación. Un asunto de ellos fue la revocación de una sentencia condenatoria a 15 años de prisión para uno de sus clientes, quien fue condenado por esa pena por la Audiencia Provincial de Madrid, logrando demostrar su inocencia en el propio TSJ de la capital de España.

También ha sido relevante la exoneración de todos los cargos para otro representado de esta boutique penal en el caso de la corrupción deportiva Oikos. En el caso Oikos se investigaba, desde junio de 2019, una trama de corrupción en el fútbol español para hacer apuestas presuntamente encabezada por los exjugadores Raúl Bravo y Carlos Aranda. Los partidos investigados en este caso eran el Huesca-Nástic, Sariñena-Cariñena, Reus-Valladolid y dos de Primera división: Getafe-Villarreal y Valladolid-Valencia.

Ospina, en Tailandia, atendiendo a los medios de comunicación por el asunto de Daniel Sancho. (Imagen: E&J)

Otro asunto que destacan estos letrados es el recurso de casación ganado en el Tribunal Supremo en favor de una profesora de secundaria condenada por injurias graves por la Audiencia Provincial de Badajoz.

A pregunta de este periodista, Juan Gonzalo Ospina (Juango, como se le conoce en la profesión), comentó sobre el crecimiento de la firma que “de aquí a cinco años queremos hacer un crecimiento razonable con profesionales senior de primer nivel que puedan aportar su expertise a su cartera de clientes. Lo que sí tenemos claro es que seguiremos en nuestro nicho de mercado de defensa penal y derecho penitenciario. Por el momento, cuestiones como el compliance penal no vamos a abordarlas”.

Ospina ejerce de socio director del despacho, tarea que compagina con sus tareas de abogado especializado en delitos económicos, ciberdelitos y procesal.

Desde esta perspectiva, se muestra convencido de que es necesario invertir en Justicia, jueces y más medios para evitar el colapso en los juzgados, así como la necesidad de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que dotaría de seguridad jurídica a todas las partes.

La organización de esta boutique penal ha permitido a sus abogados trabajar en todas las ramas del derecho penal y penitenciario, desde delitos económicos, de drogas, contra la salud pública, delitos contra las personas, delitos contra la seguridad vial, delitos de alcoholemia, indultos, delitos contra el honor, solicitud de libertad condicional, solicitud de tercer grado penitenciario, extradiciones, delitos contra la Hacienda Pública, fraude fiscal, asistencia ante tribunales, delitos contra el patrimonio o contra la libertad sexual, etc.

Dos socios de primer nivel

A este respecto, la presencia de abogados expertos como Beatriz Uriarte, socia fundadora de la firma y especialista en la gestión penal de asuntos de violencia de género y delitos sexuales, ha sido clave en el crecimiento del despacho. Esta jurista dirige el área procesal penal de la firma española. Nosotros hablamos con ella recientemente por el caso Errejón y su posible agresión sexual.

Junto a ellos, otro de los pilares es Juan Antonio García, que se incorporó poco antes del verano del 2023 como socio a Ospina Abogados. Es un letrado especializado en delitos fiscales, compliance, extradición y euroórdenes.

La firma organizó un evento uno días después, en el que participó José Luis Martínez-Almeida (alcalde de Madrid) para hacer la presentación de este ilustre jurista, fiscal en excedencia, con una amplia trayectoria a sus espaldas de asuntos de relieve.

Por citar algunos apuntes de su trayectoria, durante su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional, de 2004 a 2016, participó en la instrucción de numerosos procedimientos relativos a delitos económicos.

Asimismo, fue el punto de contacto ante dicho órgano de IberRed (la Red Iberoamericana para la cooperación judicial) y de la Red Judicial Europea; y actuó como coordinador de los procedimientos de extradición y de órdenes de detención y entrega. También fue designado portavoz de la Fiscalía de la Audiencia.

Con anterioridad, el nuevo socio de Ospina Abogados fue fiscal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana y del TSJ de Cataluña.

Este jurista entre 2006 y 2012 ejerció como responsable de la delegación española de Eurojust, donde, entre otras funciones, presidió el grupo de trabajo creado por la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) y Eurojust, y fue miembro del grupo de trabajo de dicho organismo para el diseño de la futura Fiscalía Europea.