Policías y guardias civiles dicen basta a Marlaska sobre la «discriminación salarial»

El Bufete Durán & Durán Abogados ha presentado esta semana ante el Ministerio del Interior, en nombre de diversos agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, una reclamación previa en vía administrativa, en solicitud de una «equiparación real salarial», fundamentalmente respecto a la retribución que perciben los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad autonómicos.

Una acción que llevan a cabo a cabo antes de iniciar la vía judicial, en la que reclaman al ministro Fernando Grande-Marlaska, magistrado en servicios especiales, que ponga fin, de una vez, a «la flagrante discriminación salarial que, de forma totalmente ilegal e injustificada, se viene produciendo desde hace ya muchísimos años y que el Gobierno de España viene perpetrando contra los más de 150.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil».

Es una solicitud formal de equiparación salarial, articulada por el abogado Miguel Durán, socio director de Durán & Durán Abogados, y presentada este miércoles, en representación de la Asociación Movimiento Reacciona, Equiparación Real, integrada por 12.000 policías y guardias civiles españoles.

Se ha presentado en nombre de una agente de la Guardia Civil y otra de la Policía nacional, extrapolable en sus pedimentos al resto de compañeros, en la que se argumenta «discriminación retributiva frente a otros cuerpos de policía autonómicos, como los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza, la policía Foral navarra o la Policía de Canarias». 

Policías y guardias civiles reclaman que se corrija «la desigualdad», mediante la homologación de salarios con efectos retroactivos, incluyendo medidas que garanticen la igualdad en el futuro

Las agentes denuncian que, pese a realizar funciones equivalentes –seguridad pública, orden público, lucha contra el crimen– bajo la competencia exclusiva del Estado, «existen diferencias salariales significativas que carecen de justificación objetiva».

«Esta asociación, que es un movimiento espontáneo que ya aglutina a 12.000 policías y guardias civiles, ha depositado su confianza en nosotros para que llevemos adelante un procedimiento integral, empezando por la vía administrativa y acabando, si fuera preciso, en los tribunales europeos para erradicar la indecente discriminación que sufren policías y guardias civiles respecto de policías autonómicas en relación a sus retribuciones», declara a Economist & Jurist el letrado Miguel Durán. Según explica,»la brecha salarial puede estar en más de un 30%, según los casos.

«Hay que tener en cuenta que estas personas, más de 150.000 agentes, son las que garantizan nuestra seguridad y son, por tanto, personas que tenemos que cuidar. No podemos cometer contra ellos el agravio comparativo que se viene cometiendo», sentencia Miguel Durán.

«Además, esto es particularmente más lacerante si tenemos en cuenta que a los sindicatos tradicionales el actual Gobierno, pese al acuerdo que se firmó con el ministro Zoido en las postrimerías del Ejecutivo de Rajoy, les ha tomado el pelo y no ha ejecutado lo que se preveía en el mismo. Por tanto, consideramos que como el Gobierno no es fiable, mejor iniciamos las acciones legales y llegaremos hasta donde sea preciso«, declara.

Miguel Durán. (Foto: E&J)

Se fundamenta en principios constitucionales y legales

La reclamación se fundamenta en principios constitucionales y legales, como la igualdad del artículo 14 de la Constitución Española, el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen el derecho a igual salario por trabajo de igual valor. 

También se citan precedentes y directivas europeas contra la discriminación por género, ya que las agentes destacan cómo esta situación «afecta de forma desproporcionada a las mujeres en la Guardia Civil y en la Policía nacional», pero no se plantea sólo ni esencialmente como una discriminación de género, sino como una «clara injusticia» contra todos los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Además, el texto subraya que el Gobierno de España, representado por los distintos partidos que lo han desempeñado, «ha traicionado sistemáticamente el principio de confianza que policías y guardias civiles, incluso, depositaron en el Ministerio cuando suscribieron el acuerdo de marzo de 2018″.

El documento también incluye referencias a acuerdos pasados entre el Gobierno y los cuerpos de seguridad, como el de 2018 sobre equiparación salarial, y critica su «incumplimiento».

Así, reclama que se corrija «la desigualdad», mediante la homologación de salarios con efectos retroactivos, incluyendo medidas que garanticen la igualdad en el futuro. 

Por último, se apela a un enfoque global del problema y al cumplimiento de las normativas europeas para erradicar la brecha salarial y la discriminación en los cuerpos de seguridad del Estado.

«Sabemos que el camino legal puede ser largo y complicado, pero si hubiera un mínimo de sentido de la Justicia en el conjunto de los dirigentes políticos españoles, todos esos obstáculos podrían ser eliminados con suma facilidad», concluye el colectivo.