Fernando Portillo (‘Judge The Zipper’): «Cuando en 2007 se investigó al PP por corrupción nadie se quejó de los jueces»

«Hace diez años, cuando se estaban juzgando todos los casos de corrupción del Partido Popular, no vi a nadie quejarse de que los jueces estuviéramos faltos de esa ‘transición democrática’. Ahora, diez años después, se pone en duda la actuación de los jueces, porque ahora a quien toca investigar es a otro partido», reflexiona el magistrado y presidente de la asociación Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, durante una entrevista a plató en Economist & Jurist.

Portillo, que desde hace años publica contenido en redes bajo el pseudónimo de Judge The Zipper, se ha convertido en una figura mediática dentro del mundo de la judicatura por mantener siempre una visión crítica contra los ataques a la Justicia, así como por divulgar el día a día de los profesionales de su sector a través de su cuenta personal de ‘X’ (antes Twitter). Sin embargo, pese a que se siente más cómodo trabajando como juez desde el anonimato, no teme expresar su opinión en público: «Estamos ante el peor momento de esta democracia».

Habla desde lo personal, pero sobre todo queriendo representar a todos los jueces que, hoy en día, están viendo su labor cuestionada por parte de las altas esferas del poder. «Ahora, que se está investigando la corrupción del partido que gobierna, éste se queja. Parece que no recuerdan que hace unos años lograron gobernar a través de una moción de censura que tuvo su base, precisamente, en resoluciones judiciales. Entonces a los jueces no se nos puso en duda. Ahora, diez años después de que se investigase al PP, se nos cuestiona, porque ahora a quien toca investigar es a otro partido«, alega.

Los medios de comunicación tampoco se libran para este jurista, quien considera que muchos periódicos llevan a cabo una labor de escrutinio contra los jueces harto innecesaria. En este sentido comenta que, si un periodista quiere cuestionar el trabajo de un magistrado, desmereciéndole como profesional, debería empezar «revisando su trabajo, sus resoluciones, ver cómo se conduce la sala de vistas, cómo dirige los juicios y cómo motiva su sentencia. No centrándose en si efectivamente tiene un primo, un hermano que una vez estuvo afiliado a un partido político, si dejó de pagar una cuenta en un restaurante algún día, o si, bueno, tiene puntualmente —y por un error evidentemente documental— dos documentos nacionales de identidad».

Preguntado por si cree que existe ese tan mencionado law fare —o cuando un actor político poderoso instrumentaliza el sistema de justicia para así poder perseguir, neutralizar y hasta destruir a sus competidores o adversarios políticos— Portillo se muestra tajante: «no». De hecho, para él lo que realmente existe es «un claro hostigamiento al Poder Judicial por parte de los políticos. A veces de forma más o menos velada, otras veces de forma más o menos directa, pero siempre llevando a la ciudadanía a ese terreno de desconfianza hacia un Poder Judicial que es esencial, porque el Poder Judicial lo que hace para que pueda funcionar nuestro Estado de forma democrática es precisamente establecer límites al poder».

Haciendo memoria, pues tan sólo tiene que remontarse al año 78 para poder analizar el recorrido y el camino que está tomando la democracia en España, este jurista sentencia que está preocupado, aunque su tono sea más bien firme y, en algunas ocasiones, hasta irónico. «Siempre tendemos a pensar que lo que nos pasa ahora no ha ocurrido antes», comenta, para después reconocer que «sí que creo realmente que no hemos vivido antes en democracia un ataque tan, entre comillas, coordinado o tan coincidente por diferentes partes contra el Poder Judicial».

Una opinión que complementa expresando que «son muchas las causas de corrupción que se han ido investigando, juzgando y condenando, pero nunca había habido esta reacción tan visceral en contra precisamente de estas investigaciones y en contra, en general, del Poder Judicial. Lo que consiguen con todo ello es minar la confianza de la ciudadanía en los jueces, tratando de impedir que éstos operen con plena independencia y legitimidad, por eso creo que estamos ante el peor momento de esta democracia«.

Con respecto al supuesto complot por parte de los jueces de condenar actos de determinados grupos políticos, Trujillo ha querido tranquilizar a la ciudadanía, recordando que el sistema judicial es muy complejo, y que difícilmente un juez va a poder manipular una resolución pues, para empezar, éstas se pueden recurrir para que sean otros jueces los que las revisen. En este contexto, también ha puntualizado que «si efectivamente estuviéramos ante el supuesto de que un compañero estuviera haciendo un mal uso de su ejercicio, podría ser castigado con penas de prisión, pues se está hablando de un delito muy grave, es decir, que no es cualquier cosa. Entonces claro, si hubiese la ocasión de que un juez, efectivamente, estuviese incurriendo en delitos de esa naturaleza, al final, como digo, se verían las costuras».

Sobre el —cada vez menor— respeto a la privacidad de los jueces también se ha hablado. Y es que cada vez son más los medios de comunicación que, en el marco de un procedimiento judicial de importancia pública, entran a valorar la vida personal de los magistrados. Tal es el caso del juez Peinado, del que hace poco se supo que disponía de dos DNI por un error documental. Este «hostigamiento», que provoca que muchos jueces se terminen sintiendo «incómodos», para Portillo es un verdadero problema, pues en su opinión hoy en día «hay un escrutinio que nadie ha pedido y que a la única motivación que obedece es a querer desprestigiarle frente a la opinión pública. Por eso a los jueces, en general, no nos gusta llevar casos de corrupción política ni casos que tocan al poder político».

La entrevista ha concluido abordando el papel actual del Tribunal Constitucional, encargado de garantizar que las leyes y actos de los poderes públicos se ajusten a la Constitución, actuando como un control de constitucionalidad. Además, es responsable de resolver los recursos de amparo, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y, en algunos casos, resolver conflictos de competencias entre las instituciones del Estado.

«Habría que cambiar la Constitución Española sin duda alguna. A lo mejor, modificando el modo de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, para que no exista esa conexión tan directa entre política y TC que ahora mismo vemos. O, como a veces se apunta, dando la posibilidad de que en vez de un Tribunal Constitucional hubiera una sala especial dentro del Tribunal Supremo. Lo que está claro es que alguna vuelta hay que darle, porque no puede ser que el Constitucional esté resolviendo los asuntos de más sensibilidad política siempre por 7 a 5, demostrando que prevalece el modo de su designación o su procedencia ideológico-política a los criterios técnico-jurídicos», critica.