Ábalos denuncia a la UCO ante la Fiscalía por haberle investigado «ilegalmente»

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según el político, los agentes vulneraron sus derechos fundamentales al seguirlo y fotografiarlo sin autorización judicial, pese a su condición de aforado. La denuncia se centra en el seguimiento al hermano de Koldo García, exasesor de Ábalos, quien transportaba documentos que finalmente fueron interceptados.

El caso se remonta al 4 de diciembre de 2023, cuando agentes de la UCO detuvieron al hermano de Koldo García, Joseba, simulando un control rutinario de carreteras. Durante el registro del vehículo, accedieron a un sobre con tres documentos: una resolución administrativa, un informe del Tribunal de Cuentas y una resolución relacionada con Transparencia. Posteriormente, los agentes siguieron al portador hasta el domicilio de Ábalos en Valencia, donde tomaron fotografías del exministro saliendo de su vivienda.

En este sentido, Ábalos ha argumentado que la intervención de la Guardia Civil supuso una grave violación de su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, protegido por la Constitución. Además, el exministro ha señalado que la correspondencia dirigida a un aforado solo puede ser abierta con su consentimiento explícito o mediante autorización judicial, condiciones que no se cumplieron en este caso.

Durante la celebración de una rueda de prensa este jueves por la mañana, Ábalos ha instado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a investigar si hubo irregularidades en la actuación de la Guardia Civil. Según el diputado, ha preguntado formalmente al Ministerio en dos ocasiones si ha sido objeto de una investigación ilegal, obteniendo siempre la misma respuesta: que la policía judicial actúa únicamente bajo mandato judicial. Esta respuesta no ha convencido al exministro, quien insiste en la ilegalidad de los hechos.

El exministro también ha negado tener acuerdos con Koldo García, el Gobierno o el PSOE, partido del que fue expulsado. En base ha ello, ha destacado que no existen pactos para coordinar estrategias legales, defendiendo su inocencia en el llamado «caso Koldo». Asimismo, ha afirmado estar dispuesto a someterse a una investigación patrimonial para demostrar que no ha obtenido enriquecimiento ilícito, asegurando que su vida es completamente transparente.

Por último, Ábalos ha calificado el caso como un ataque grave a la democracia y al estado de derecho. Según el diputado, las acciones de la Guardia Civil evidencian una vulneración del proceso legal que pone en riesgo la protección institucional que la Constitución otorga a los representantes electos. Para el exministro, más allá del contenido de los documentos interceptados, lo que está en juego es el respeto a los derechos fundamentales y al marco legal que regula las investigaciones judiciales