«Las filtraciones perjudican al sistema». Así lo subraya José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional (AN), entrevistado en Ultima Ratio por Antonio J. Martínez, acompañado de su compañero Javier Velasco Almendral. El pasado miércoles se publicó la primera parte del texto, y este viernes la segunda.

José Ramón Navarro es presidente de la Audiencia Nacional desde 2014 y hasta dentro de unos días, ya que el pasado mes de julio terminó su segundo mandato de cinco años y, según la normativa vigente, no puede optar a un tercero, limitando así la duración máxima en el cargo a diez años.

Pregunta (P): ¿Cómo se gestiona como presidente de la Audiencia Nacional la relación con los medios de comunicación y el impacto mediático y esa gestión de los propios jueces y magistrados con los medios de comunicación? 

Respuesta (R): Cuando lo que hacemos trasciende a la sociedad es por medio de los medios de comunicación. En la Audiencia Nacional tenemos una auténtica oficina para los periodistas, con estudios al lado de las salas de vistas, donde pueden escribir o ver los juicios.   

Además, desde hace años  todos los juicios se pueden ver en directo en Youtube.  

Esa transparencia es infinita.  

P: Cuando estamos en la fase de instrucción, en muchas ocasiones vemos ese juicio paralelo que se produce en la prensa y el acceso a escritos y resoluciones prácticamente de manera directa. ¿Cómo valoras tú esa cooperación o ese acceso que están teniendo los medios de comunicación a la propia fase de investigación de cualquier procedimiento penal?

R: Desde hace más de un siglo, la ley previó que el sumario sea secreto para todo el mundo que no sean las partes. El secreto de las actuaciones, cuando se decreta formalmente, es para la parte investigada, curiosamente. Para todo el mundo es secreto hasta que no pase la fase sumarial. ¿Qué ocurre? Como han dicho  el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay que compatibilizar, sin hacer daño a la presunción de inocencia de la persona que está siendo investigada, la necesidad de que el ciudadano conozca qué está ocurriendo.

El CGPJ ha establecido protocolos y ha establecido oficinas de prensa en todos los tribunales. Lo normal es que nosotros intentemos compaginar ese derecho a la presunción de inocencia y ese derecho que tiene la sociedad a conocer lo que está ocurriendo cuando algo es socialmente importante, y solemos hacerlo. El periodista, por su parte, tiene derecho a publicar todo de lo que tiene conocimiento, y muchas veces vemos ahí filtraciones.

Debemos educarnos en el respeto a esas dos cosas. En el momento que hay una persona más débil, que es el que está siendo investigado y en el que haya un juicio paralelo, comentarios, tertulias, noticias más o menos incompletas le pueden perjudicar. 

Uno de los grandes problemas que está por solucionar es la tardanza en los juicios. En ocasiones, pasan muchísimos años desde que se inicia una investigación hasta que hay una sentencia firme, con lo que ello conlleva de dolor personal, familiar y laboral. 

Entre todos tenemos que evitarlo. Sólo hasta que haya una condena firme debe considerarse a alguien culpable. Mientras tanto, tiene que otorgarse esa presunción. 

También es necesario acortar los juicios. En muchas sentencias se está apreciando el retraso en la administración de justicia como una atenuante calificada y a veces muy cualificada, pues es una especie de frustración. 

Hay una instrucción larga en muchas ocasiones porque son muy complicadas. Nosotros tenemos, además, una situación muy especial, ya que por las competencias que tenemos dependemos mucho de comisiones rogatorias a determinados países que duran años. Esto, entre todos, tenemos que hacer que sea lo más fácil posible.

El magistrado José Ramón Navarro, preside la Audiencia Nacional desde mayo de 2014 , y también su Sala de Apelación desde junio de 2017. (Imagen: Colegio de Procuradores de Madrid)

P: Para casos donde tras estar años sometido a una investigación, luego no hay indicios para acusar o termina absuelto, ¿sería bueno que el legislador pudiera prever o formalizar algún tipo de resarcimiento para el investigado?

R: Sí. En esto tenemos que seguir avanzando. En su día costó mucho que se indemnizara a alguien que hubiera estado en prisión preventiva y finalmente resultara absuelto. 

El Convenio Europeo de Derechos Humanos también va avanzando en ese sentido cuando se lesiona un derecho. Antes, para quien ganaba un procedimiento en Estrasburgo no había ninguna represión económica que no fuera meramente simbólica. Pues en eso se ha avanzado también. Ahora resulta que esas sentencias pueden llevar a un recurso de revisión ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La indemnización en dinero, por desgracia, es la única que queda cuando te lesionan un derecho. Reponer un derecho, reponer el sufrimiento no hay manera de hacerlo, sino con la satisfacción personal, por un lado, y, por otro, la vía económica. 

P: Otro tema preocupante es el de las filtraciones en fase de instrucción…

R: El interesado en que trascienda algo no es el órgano judicial. No veo ningún interés en ello por parte de un funcionario, un juez o un fiscal. El tribunal hace todo lo que puede para que evitar esas filtraciones, pero el sistema, por lo que sea, hace que puedan existir.

Nosotros hemos podido abrir en la jurisdicción todos los procedimientos que quieran por revelación de secretos, por vulneración de un sumario, pero en cuanto llamas al periodista que lo publica, su derecho a no revelar la fuente y a publicar lo que conoce, para el procedimiento.

Es necesario que seamos conscientes de que las filtraciones perjudican al sistema, y si perjudican al sistema, perjudican a la sociedad.

P: ¿Qué perspectivas de futuro tienes tras dejar la Presidencia de la Audiencia Nacional?

R: Llevo más de 40 años en la jurisdicción, desde el año 83 que empecé a trabajar, primero en el Ministerio de Defensa. En este momento en que tengo que replantear mi vida por imperativo legal, quedaría adscrito bien al tribunal de procedencia, que es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, bien de donde ceso, que es en la Audiencia Nacional, donde me inscribiría el Consejo. 

Y luego ahí tendría la posibilidad, cuando haya alguna vacante, en la Sala Segunda, que es más complicada porque no hay vacantes ahora mismo, o la Sala Quinta que es un sitio no solo entrañable, sino que volvería a hacer lo que hacía hace 40 años. 

Ahora, en Navidades tengo dos semanas para plantearte la vida, desde Canarias, con mi familia y amigos. Aún no tengo decidido nada.

Ultima Ratio, con Antonio J. Rubio. (Imagen: Laura Marín/ E&J)

P: Fuiste abogado del Cuerpo Jurídico de la Defensa, el ‘número 1’ de tu promoción. ¿De dónde viene esa relación con la jurisdicción militar?

R: Mi padre era médico militar. De pequeño fui muchas veces a acompañarlo al hospital militar. He vivido el Ejército y cuando acabé la carrera de abogado, una de las posibilidades que tenía era presentarme a las posiciones de jurídico-militar, y así hice, y entré en el cuerpo jurídico-militar.

Es un cuerpo al que le tengo un afecto absolutamente incombustible, que me enseñó mis primeros años de justicia y de asesoramiento.

 El cuerpo jurídico militar tiene tribunales, juzgados, pero también asesora al mando del Ministerio de Defensa. Es un cuerpo muy completo y dentro de la jurisdicción, daba muchas posibilidades porque podía ser secretario relator, juez togado, miembro de un tribunal o fiscal cambiando de destino, lo cual lo hacía un destino muy versátil. 

 Tuve la satisfacción y el privilegio de que mi último destino en el cuerpo jurídico militar sobre 1988 fue nada menos que la Fiscalía de la Sala Quinta del Tribunal Supremo. Por eso digo que volver a la jurisdicción militar sería precioso.

 P: ¿Para ti, sería más emotivo terminar tu carrera en la Sala de lo Penal o la de lo Militar del Tribunal Supremo?

R: Acabar en el Tribunal Supremo ya es fenomenal. A lo mejor resulta que ahí sale juez de enlace en La Haya. No sé. Tengo las vacaciones para pensar.

 P: ¿Y en la abogacía?

 R: No lo sé. Fui ocho años abogado y me desagrada cuando cualquier compañero dice a alguien que se ha ido a la abogacía: “se ha pasado al lado oscuro”. Se puede hacer tanto o se hace tanto por la justicia en este país siendo abogado que siendo juez o que siendo fiscal.

 Siempre recuerdo una anécdota de aquella etapa. Hubo un decano del Colegio de Abogados de Madrid, quien fue presidente del Consejo General de la Abogacía y senador por designación Real, que fue el primero al que conocí, Antonio Pedrol Rius, quien modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dignificó la profesión y exigió en un precepto que los abogados estarán en estrados a la misma altura que el tribunal. 

Ese mensaje que dejó Antonio Pedro Ríos en la ley y en el funcionamiento de la justicia hace que estar en un lado de los estrados como fiscal, como juez, o como letrado, haga que todo el mundo se sienta en cualquiera de las funciones que sean como administrador de la justicia en nuestro país.