Riesgos legales y transformación en las asesorías jurídicas de las entidades financieras

Este 2024 ha sido el año del despliegue masivo de la inteligencia artificial generativa en el sector legal, con la proliferación de nuevos casos de uso y herramientas de LegalTech que tienen como base esta tecnología y que están transformando la forma de trabajar de los abogados.

La hiperregulación, la adaptación a las nuevas obligaciones de reporte en materia de sostenibilidad, los procesos de reestructuración y las medidas de ayuda adoptadas para mitigar los efectos de la DANA en algunas localidades de Valencia y Castilla-La Mancha han sido algunos de los asuntos que han merecido especial atención por parte de las asesorías jurídicas de las entidades financieras.

Si hay una palabra que define el 2024 en el sector legal ha sido, sin duda, la transformación, que engloba no solo automatización, digitalización y utilización de inteligencia artificial generativa (IAGen), sino también una manera diferente de hacer las cosas.

Tras la experiencia obtenida durante este año con la adopción progresiva de IAGen en distintos casos de uso, se consolidará como una herramienta para competir en igualdad de condiciones con otros operadores jurídicos, pero en modo alguno podrá suplir el criterio, conocimiento, experiencia y juicio experto de los abogados.

El potencial de esta tecnología para mejorar la eficiencia, las búsquedas de información o para optimizar procesos es indudable y el reto para 2025 será, precisamente, utilizarla intensivamente, entrenar los modelos y probar nuevos casos de uso.

Otra de las cuestiones a resaltar durante el presente ejercicio ha sido el freno que supone la hiperregulación en la competitividad de Europa, como recientemente han puesto de relieve Enrico Letta y Mario Dragui en sus informes. Un adecuado marco normativo es clave en un Estado de Derecho, pero el exceso de normas tiene un impacto económico negativo en términos de burocracia para las empresas y, eventualmente, poner en riesgo la seguridad jurídica.

(Foto: UE)

En los últimos años, los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza han cobrado un protagonismo cada vez mayor y 2024 ha sido un punto de inflexión para los juristas que, no solo tienen que asesorar en el cumplimiento de obligaciones de reporte derivadas tanto de la Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre, relativa a la presentación sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD), como de la propuesta de directiva de debida diligencia en materia de sostenibilidad (CSDD), entre otras, sino que también tienen que enfrentarse a una creciente litigación.

En el ámbito bancario, la comercialización de productos y servicios financieros y no financieros sostenibles supone un desafío en el asesoramiento prestado por los letrados y el acompañamiento del negocio exige un conocimiento profundo de una normativa muy prolífica y la gestión de los riesgos legales.

El fenómeno de la DANA, que, desgraciadamente, ha afectado a diversas localidades de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, ha demostrado cómo el cambio climático es un multiplicador de riesgos, y la interconexión de los riesgos ambientales y sociales generan impactos en sociedades enteras y grupos sociales vulnerables particularmente vulnerables.

Nuevamente, los bancos están siendo parte de la solución y, gracias a la colaboración público-privada, se están desplegando medidas de alivio financieras y no financieras para contribuir a la recuperación del tejido productivo e impulsar, cuanto antes, la vuelta a la normalidad de familias y empresas.

La reforma concursal y, en especial, los planes de reestructuración de empresas en el ámbito de la ley, han supuesto un cambio de paradigma y dudas interpretativas que, tras dos años de vigencia, no terminan de sustanciarse y veremos en 2025 la evolución en las tendencias jurisprudenciales.

Siguiendo con los retos para 2025:

La adaptación a la evolución tecnológica, tanto para seguir respondiendo a las expectativas supervisoras y al horizonte regulatorio en el sector bancario (Reglamento DORA, anteproyecto de ley de digitalización y modernización del sector financiero) como el cambio cultural que supone la adopción de nuevas tecnologías por los abogados, seguirán siendo prioridades para el 2025.

(Imagen: E&J)

Es clave que los abogados asumamos el liderazgo en la transformación de la función y hacer las cosas de una manera más eficiente, sin merma del rigor jurídico.

Tendremos que navegar, igualmente, en este incesante tsunami regulatorio, mientras impulsamos, desde nuestra práctica respectiva, un ordenamiento jurídico más racional, pero, al mismo tiempo ¿por qué no aprovechar las oportunidades que ofrecen las normas para liderar iniciativas y así elevar el rango de la función jurídica y el grado de influencia de los abogados en la toma de decisiones relevantes de nuestras respectivas organizaciones?

En definitiva, continuar gestionando riesgos jurídicos actuales y emergentes, anticiparnos para aportar valor y profundizar en la función social de la abogacía deben, a mi juicio, constituir nuestras prioridades para el año que entra.

¡Feliz 2025!