La Sala Primera del Supremo acumula 24.000 asuntos pendientes: los dos magistrados que pide el CGPJ no bastan

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hace poco acordó por unanimidad solicitar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el incremento de la plantilla orgánica de la Sala Primera del Tribunal Supremo en dos magistrados/as, de forma imprescindible e inaplazable, así como el mantenimiento de los refuerzos autorizados por este departamento ministerial y la adecuación de la plantilla de funcionarios de las Secretarías de la Sala.

El órgano de gobierno de los jueces ha adoptado este acuerdo, a propuesta de la presidenta del Alto Tribunal y del CGPJ, ante la preocupante situación de la Sala, que a 30 de septiembre de este año acumulaba cerca de 24.000 recursos pendientes de resolución, según un informe del Gabinete Técnico.

El informe señala como causas de esta situación la plena reactivación de la actividad de la primera y segunda instancia a finales del año 2020, lo que supuso una avalancha de recursos que pasaron a 6.584 en 2019 y a más de 10.000 al finalizar el año siguiente; el sostenido elevado nivel de entrada, que en los últimos cuatro años se ha mantenido por encima de los 10.000 asuntos anuales; y el déficit de medios personales, que afecta a la plantilla de la Secretaría, del Gabinete Técnico y de los/as magistrados/as que integran la sección.

La plantilla actual de la Sala Primera es de diez magistrados/as, lo que no permite afrontar el volumen de recursos que son admitidos cada año, que en lo que va de 2024 son ya cerca de 2.300.

El Servicio de Inspección del CGPJ ya propuso en 2015 la creación de dos nuevas plazas de magistrado/a, sin que esa petición se haya materializado nueve años después.

En cuanto al Gabinete Técnico, resulta imprescindible el mantenimiento de los refuerzos acordados por el Ministerio (cuatro letrados/as dedicados a la fase de admisión y cinco a la de decisión), mientras que la plantilla de las cuatro Secretarías de la Sala resulta manifiestamente insuficiente para llevar a cabo una tramitación adecuada de los recursos, por lo que procede su adecuación.

Es previsible que el magistrado que suceda a Marín Castán como presidente sea Ignacio Sancho Gargallo, en la imagen con Javier López y G de la Serrana. (Imagen: Hispacolex)

Hay que duplicar la plantilla

Fuentes del Tribunal Supremo muestran su preocupación por esta carencia de medios de la Sala Civil, criticando que “el número de recursos que entra se ha incrementado de forma brutal. Las personas que trabajamos son las mismas. Se incrementa la carga de trabajo y se produce el bloqueo que ha denunciado el CGPJ públicamente. En el año 2013 se registraron unos 3.500 recursos anuales, en el 2023 la cifra se ha disparado a más de 10.200 recursos. El retraso en la resolución de asuntos es más que evidente. Faltan medios humanos y una mejor organización”.

A su juicio, la pandemia y los efectos del Covid, unido a las huelgas de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y funcionarios, frenaron en seco la Administración de Justicia. También recuerdan que “ahora habrá cambio de presidente y será previsiblemente Ignacio Sancho Gargallo quien asuma esta Sala Primera, tras la jubilación de Marín Castán en noviembre. Esperamos que los cambios que plantea el nuevo presidente ayuden a dotar de más eficiencia nuestra actividad como profesionales. La falta de medios es clamorosa y eso el Ministerio de Justicia tiene que remediarlo”.

Desde su punto de vista, “el Supremo debería apostar por el papel cero para que todo fuera digitalizado, pero por el momento hay mucho papel. El incremento de plantilla debe ser notable. El cambio que se plantea de dos magistrados es insuficiente, deberíamos duplicar la plantilla en número de magistrados, otros diez, así como más secretarios y funcionarios en proporción a los primeros. Ahora tenemos diez magistrados, 30 funcionarios y cuatro secretarios, pero no basta con ellos. Es uno de los peores momentos que sufre el Tribunal Supremo”.

Ignacio Temiño advierte que los pleitos de propiedad intelectual en su Supremo se ralentizan demasiado. (Imagen: Abril Abogados)

Los pleitos de propiedad intelectual se ralentizan

Para un abogado de propiedad intelectual e industrial, como es Ignacio Temiño, es evidente la lentitud de la Sala Primera del Supremo: “Nos afecta bastante esa demora. Ahora, desde hace algo más de un año, se endurecen los filtros de acceso a la casación con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). El hecho de que haya un atasco tan grande invita a que se endurezcan aún más esos filtros. Hay que seleccionar mucho más aquellos recursos que serán vistos por la Sala, porque no es una tercera instancia, como dicen”.

Al mismo tiempo, destaca que “lograr que tu asunto sea admitido supone una espera que va entre los dieciocho y los veinticuatro meses, más o menos. Luego ya que entren en el fondo del asunto puede ser otro año más. Una media de dos años y medio fácil. A eso hay que añadir que nuestros asuntos vienen de lo mercantil. Los mercantiles están muy cargados: en plazas como Madrid tardan un par de años. Luego la apelación en la Audiencia Provincial de Madrid, otros dos años. Cuando llegas al Supremo hay siete años de media en tu asunto”.

Si se pleitea en otras ciudades como Barcelona, Valencia o Alicante “llegas un poco antes porque funciona mejor la primera y la segunda instancia. Las secciones nuestras de la Audiencia Provincial de Madrid llevan mucha carga de trabajo y los mercantiles también. Luego hay que darse cuenta de que estos asuntos son muy complejos. Cuanto más complejos son, más difícil es para el juez ponerse con ellos. Es una barbaridad que haya 24.000 asuntos pendientes. Ahora el 90% de los asuntos que llevamos a casación no se admiten”.

La reforma de la casación civil, sin efectos

Pablo Franquet, otro procesalista, subraya que los efectos de la reforma de la casación del 2023 aún no se notan. (Imagen: Fieldfisher)

Por su parte, desde Barcelona, Pablo Franquet, socio de procesal de Fieldfisher, lleva distintos asuntos civiles y mercantiles que acaban en esa Sala Primera del Tribunal Supremo. “En la época de Rosa de Castro, como directora técnica, se puso la Sala al día. Se tardaba año y medio en admisión y un año en la resolución. Hemos ido pasando de 4.000 anuales a 11.000. El año pasado casi se triplicó el número de asuntos. Eso fue lo que hizo que se implementara con urgencia una reforma de la casación civil que ha seguido los pasos en cuanto a la mecánica ya existente en la vía contenciosa-administrativa”.

Sobre dicha reforma, este jurista recuerda que “aunque se manejaron varios borradores, lo que sucede es que ese aluvión de recursos el Tribunal Supremo no tenía capacidad de gestionarlo. Según ha trascendido por los propios magistrados, por el tema del Covid se fueron reuniendo con bastante regularidad vía online. No hubo parón judicial en el Supremo. Desde fuera, lo que ha provocado este alud de recursos son los llamados pleitos masa y la sensación que tienen los abogados de que los recursos de casación son viables. Y es cierto: se puede conseguir una sentencia del Supremo que sea favorable”.

En cuanto a la casación, “en julio del 2023 entró el nuevo sistema de casación civil, Todo el sistema de la nueva casación civil era simplificar los trámites de admisión y facilitar al Supremo que no tuviera que dedicar mucho esfuerzo a inadmitir que no tenían interés jurídico o estuvieran mal planteados. Se trataba de que tuvieran más tiempo para resolver esos recursos que sí eran admitidos. Se empezó a resolver mediante providencia y no por auto motivado. Se limita a 25 folios el recurso y se pide al abogado una carátula donde el Gabinete Técnico pueda ver el tema del que se trata. Todavía no se han podido notar los efectos”.

De hecho, comenta que “cuando la casación entró en vigor, ya había un retraso en la admisión de dos años y medio y dos años para la resolución. Son cuatro años y medio para tener una sentencia del Supremo. Todavía no se ven los efectos de la casación actual porque estamos digiriendo la bolsa de asuntos anterior. Al mismo tiempo, hubo magistrados que se jubilaron y que por el bloqueo existente del CGPJ para hacer nombramientos sus plazas no quedaron cubiertas. El Supremo ha estado trabajando con siete magistrados. También creo que deberían duplicar la plantilla de magistrados y otros funcionarios”.

Manuel Castellanos cree que se invierte poco en Justicia, por lo que tanto los juzgados tradicionales como el Supremo están colapsados. (Imagen: ICAM)

Faltan medios en Justicia

Manuel Castellanos, abogado de responsabilidad civil y presidente de Anava, indica que “personalmente creo que este Gobierno no está dotando de medios a la Justicia, en general, y al Supremo, en particular. Lo comentamos en la jornada que organizamos en el ICAM sobre el baremo de tráfico. Sospechosamente con lo que está cayendo de termas de corrupción hay muy poco interés en que los tribunales puedan enjuiciar a los casos delicados”, apunta.

Los asuntos en vía civil relacionados con víctimas de tráfico o negligencia pueden acabar en el Tribunal Supremo en siete años porque Castellanos es consciente de que las aseguradoras apuran hasta el final. “Desde hace algo más de un año la admisión a trámite de los recursos civiles es bastante restringida para evitar que lleguen esos recursos a la Sala Civil. El Supremo cuenta con un equipo de letrados que es quien hace las admisiones, que ahora ni se motivan, con lo cual no sabes por qué tu recurso queda fuera. Sabemos que el Congreso ha aprobado una nueva reforma procesal que hará mas complicado recurrir a la Sala”, explica.

En la jurisdicción de familia, José Luis Cembranos, abogado y miembro de la Junta Directiva de Aeafa, está también pendiente de la otra reforma, la que va a organizar la Justicia de otra manera con los tribunales de instancia. “Me preocupa que con la mediación y los MASC se llegue a la privatización. El retraso de la Sala Civil del Supremo nos afecta de lleno, sin embargo, los temas de familia tienen su preferencia. Una liquidación de gananciales o económicos tarda años, pero si hay menores de por medio esos asunto son rápidos. Pueden resolverse en un año. Nunca ha ido la Justicia tan lenta como ahora”, indica.

Desde su punto de vista, “las ultimas leyes que han sacado no han conseguido agilizar los procedimientos judiciales. Habrá que ver si las normas de eficiencia procesal lo consiguen, pero tengo mis dudas. Hay algunos asuntos que se pueden resolver con mediación, pero hay otros más técnicos que tienen que resolverse a través de la conciliación y el arbitraje, con abogados bien formados. Es necesario que el Supremo refuerce su planta judicial. El único año que se hizo un esfuerzo fue en el 2016, luego no ha habido más medios. Son bastante rácanos en la Justicia”.

José Luis Cembranos, con María Ángeles Parra, magistrada del Supremo, indica que algunos pleitos de familia sin menores se demoran. (Imagen: Aeafa)